La pelea por el botín de la ESMA que permitió identificar a cuatro represores | El juez Ariel Lijo los procesó por secuestros y torturas

El robo de bienes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) tenía sus reglas: la más clara de ellas era que los integrantes del grupo de tareas 3.3 debían entregar todo lo robado a sus superiores. No había posibilidad de cuentapropismo. O si la había, había que pagar las consecuencias. Eso le pasó al teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun, que en octubre de 1976 se quedó con la parte más valiosa del botín que había resultado del pillaje de dos casas cuyos propietarios habían sido secuestrados horas antes. A Colquhoun, sus jefes le abrieron un sumario por el delito de hurto hace ya 46 años. Por las evidencias que quedaron plasmadas en esas actuaciones, se logró identificar a buena parte de la estructura del grupo de tareas de la Marina y el juez federal Ariel Lijo –a cargo actualmente de la megacausa ESMA– procesó el jueves a cuatro cabos alumnos que eran parte de la patota.

En la madrugada del 6 de octubre de 1976, secuestraron de su casa a Ramón García Ulloa y a su esposa, Dolores del Pilar Iglesias Caputo. Horas después, cerca de las tres de la tarde, un grupo de tareas estaba esperando en Corrientes al 4779 a Mónica Liliana Goldstein. Ella intentó escapar pero fue herida, según pudo reconstruir su marido. Se la llevaron a la ESMA. Todos ellos siguen desaparecidos.

La tarea de los represores no terminó con los secuestros. A las horas, cerca de las tres de la madrugada del 7 de octubre de 1976, una comitiva al mando de Colquhoun salió para vaciar lo que quedaba en las viviendas. Él encabezó el operativo en un auto. Lo seguían un camión y una camioneta. Un segundo coche cerraba la procesión. Durante buen rato, se dedicaron a desvalijar las casas. Colquhoun le dijo a uno de los marinos –que estaba herido en la mano después de participar en un tiroteo– que fuera con él por si encontraban algo que les hiciera falta.

Cerca de las 4.30 de la madrugada volvieron a la ESMA. Esa noche estaba de oficial de guardia Alberto González, que vio cómo descargaban el camión y la camioneta. A quien no vio fue a Colquhoun, que aparentemente estaba ocupado en separar lo que le interesaba del pillaje. Al rato, Colquhoun pidió un Peugeot 504 amarillo para salir de la ESMA. Iba supuestamente a llevar algunas cosas a su casa.

González –condenado el año pasado por las violaciones en la ESMA– advirtió un faltante: no había objetos de valor. Lo único que llegó a ver fue un reloj despertador, un manual de una cámara fotográfica y unas diapositivas sin el proyector. A las horas le avisó a Jorge Perren, el jefe de Operaciones del grupo de tareas, quien le abrió un sumario a Colquhoun por el presunto hurto.

Colquhoun dio distintas versiones, pero su principal defensa fue decir que esas situaciones no solían investigarse –posiblemente sentía que estaba sufriendo una “cama”–. Explicó que él había comandado un operativo en el que habían secuestrado a un militante montonero en Cabildo y Juramento que tenía 91.000 pesos al momento del secuestro pero que después dijo que llevaba 160.000 pesos encima. Nadie se preguntó por el faltante. Después, Colquhoun dijo que oficiales de la Policía Federal (PFA) destinados al grupo de tareas también solían llevarse algún recuerdo de los operativos. Incluso para la propia Armada la defensa fue insostenible.

En el sumario declararon todos los que habían sido destinados a la comitiva para desvalijar las dos casas. Entre ellos estaban René David Rúa (68), Daniel Omar Kosich (64), Osvaldo Víctor Pérez (64) y Jovito Martiré Villalba (64), que ahora fueron procesados por Lijo como partícipes secundarios en decenas de casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.

Los verdes

El sumario ESMA, SFE Nº22 “S”/76 –o el expediente Colquhoun– se encontró más de diez años atrás gracias al Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, que se conformó en el Ministerio de Defensa en 2010. Ese material sirvió el año pasado para que se condenara a cuatro represores que estaban mencionados en esas actuaciones a quince años de prisión. Colquhoun –principal protagonista del incidente– no llegó a ser enjuiciado porque murió antes. Ahora, el juzgado decidió avanzar con otros exintegrantes del grupo de tareas que, por ahora, no habían sido alcanzados por la investigación.

Todos ellos eran entonces conocidos como los “verdes”, es decir los alumnos que cursaban en la ESMA y que eran destinados al centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Cada año, por resolución del director de la ESMA, se separaba a los alumnos que tenían un promedio superior a siete y eran integrados al grupo de tareas. Allí eran destinados a realizar tareas operativas, es decir a participar con los oficiales que se dedicaban a secuestrar y torturar o a cuidar a quienes estaban ilegalmente privados de su libertad en ese campo de concentración. A esa conclusión también llegó el Grupo de Trabajo de Defensa mientras buceaba en el Archivo General de la Armada, la fuerza probablemente más esquiva a mostrar su documentación.

En el sumario que se instruyó en 1976 aparecen tanto Kosich como Villalba, Pérez y Rúa. Todos fueron convocados a declarar sobre el hurto de Colquhoun. Kosich habló del “grupo verde” e incluso de una reunión previa en la que se les explicó cómo proceder con los elementos secuestrados. Villalba contó que descargó lo robado en el sótano. A Rúa le preguntaron si había participado en una reunión con el teniente Acosta –presumiblemente Jorge Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas– y respondió que sí.

Todo eso quedó consignado en el sumario. Más de 46 años después, los cuatro hombres –ninguno ejerce como militar– dieron otra versión para mostrarse ajenos a los crímenes que se cometieron en la ESMA. En líneas generales dijeron que no conocían a Colquhoun, que no habían estado en la mudanza, que mucho menos integraban un grupo de tareas y, por último, desconocieron las firmas que acompañaban las declaraciones brindadas en 1976. Loss peritajes caligráficos dijeron otra cosa, por eso Lijo dictó el procesamiento –aunque sin prisión preventiva–.

Para el juez, la participación en esas dos “mudanzas” es prueba de que los cuatro hombres, en realidad, fueron parte durante esos meses del elenco estable de represores de la ESMA. “A partir de la concreta participación en estos operativos es que puede sostenerse como probada en esta etapa, su participación en el accionar ilícito que llevó adelante el grupo de tareas 3.3.2, en el período de tiempo en el que los nombrados estuvieron destinados a la ESMA”, escribió Lijo y, por eso, los responsabilizó por lo sucedido con otras personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de la Marina.