Entre 2012 y 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires juzgó a más de 50 represores que operaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El procesó terminó con 48 condenas –29 de ellas a prisión perpetua– y seis absoluciones. Los jueces analizaron lo que sucedió con 789 personas que estuvieron cautivas en el campo de concentración de la Marina. El número de casos supera al que se analizó en el histórico Juicio a las Juntas. Por su magnitud e impacto político, el de ESMA Unificada no fue un juicio más para el proceso de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, al fiscal que debía intentar revertir las absoluciones ante la Cámara Federal de Casación Penal se le pasó la fecha para mantener el recurso de su colega que intervino en el juicio y, por ese “olvido”, el Ministerio Público quedó fuera de las audiencias que se realizarán entre octubre y noviembre próximos. El fiscal en cuestión es Raúl Pleé, uno de los jugadores fuertes de Comodoro Py y uno de los magistrados que se reunió con Mauricio Macri en Olivos.

El caso llegó a Casación en 2018. El 6 de agosto de ese año, el tribunal emplazó a las partes que habían impugnado el fallo a ratificar sus recursos. Al Ministerio Público lo notificaron el 23 de agosto. Tenía seis días más para sostener la presentación que había hecho el fiscal de juicio, Abel Córdoba, quien había compartido el rol acusador con Mercedes Soiza Reilly. Sin embargo, la fecha se cumplió y no llegó la contestación de Pleé. La fiscalía recién se presentó el 7 de septiembre de 2018, diez días después de lo estipulado.

Pleé explicó que había existido un problema con el sistema de notificaciones y que no tenía acceso al recurso del fiscal de la instancia inferior. Sin embargo, los defensores oficiales y particulares de los represores vieron la oportunidad y pidieron que se declare desierto el recurso de la fiscalía. A diferencia de las querellas, el Ministerio Público es el que tiene capacidad para pedir por la totalidad de los casos abarcados en el juicio.

Los tres integrantes de la Sala II, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, entendieron que no había excusas para el retraso de Pleé. “Este análisis normativo no ha de dejar de lado que, en procesos como el presente, en los que se juzga la comisión de graves crímenes de lesa humanidad, debe asegurarse la obligación internacional asumida por el Estado argentino de impedir que cualquier acto de derecho interno, provenga del órgano que fuese obstaculice la investigación, juicio y –de corresponder- sanción de los autores de graves violaciones a los derechos humanos”, le recordaron al fiscal en una dura resolución que se conoció este viernes. Allí también informaron que realizarán audiencias con las partes el 20 y el 27 de octubre así como el 3 de noviembre próximo.

La demora de Pleé ya era conocida entre quienes siguen las causas de lesa humanidad. En tribunales recuerdan que el fiscal le achacó la responsabilidad a un “pinche” por el olvido. No faltaron reclamos porque es un juicio de una enorme trascendencia y porque, entre otras cosas, lo que está en juego es la responsabilidad de distintos represores por los vuelos de la muerte y por delitos sexuales. Uno de los absueltos fue el piloto Julio Poch, quien después de su paso por la Armada se radicó en Holanda. Otro es el exsecretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann.

«El proceder del fiscal ante Casación deja un mensaje preocupante sobre una evidente falta de interés en sostener la persecución penal en un caso emblemático por crímenes de lesa humanidad como es ESMA Unificada«, dijeron desde la Secretaría de Derechos Humanos. «La gravedad de lo ocurrido, en particular por tratarse de uno de los juicios más grandes que se realizaron en el país, vuelve necesario que haya una respuesta disciplinaria y se tomen medidas para evitar que vuelva a suceder«, reclamaron.

Cuando ocurrió el “olvido” de Pleé, el fiscal estaba muy ocupado en temas de política judicial. El gobierno de Macri ya había forzado la renuncia de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General y Pleé sonaba como un candidato de un sector del macrismo –con el que tiene vínculos a través de Boca Juniors–, con el beneplácito de un sector del peronismo no kirchnerista. En marzo de 2018, como él mismo reconoció, se reunió con Macri en la Quinta de Olivos. En ese encuentro, el entonces presidente le habría pedido que no renunciara a su cargo.

Pleé fue el fiscal que se encargó de la acusación contra los integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que atacaron el cuartel de La Tablada en enero de 1989. No puso el mismo empeño que dedicó a la condena de los militantes en investigar las torturas ni las ejecuciones sumarias. La organización Memoria Activa lo llama el fiscal “Yo no acuso”, porque salió en defensa de los primeros fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, ante la Cámara de Casación. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/482722-un-olvido-que-juega-a-favor-de-los-genocidas-de-la-esma