Un peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmó que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires usa en forma ilegal el sistema de reconocimiento facial que se implementa a través de las cámaras que están en la vía pública. Se trata de una herramienta para identificar prófugos/as de la Justicia, pero el estudio mostró que el Ministerio de Seguridad porteño incluyó como tales por lo menos a 8045 personas que no se encuentran registradas en la Conarc (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas). Es apenas una muestra de lo que sucede con una inmensa base irregular que se armó con datos biométricos, que abarca a 7 millones de personas según confirma el estudio, que también identificó la manipulación de la información. Los detalles del peritaje eran cruciales para el avance de la investigación que llevaba adelante el juez Andrés Gallardo y explicarían por qué cinco días después de que fuera entregado al juzgado, el Tribunal Superior de Justicia porteño, con el voto de dos juezas y un juez aliados del oficialismo de la Ciudad, apartaron al magistrado de la causa.
La demanda original había sido presentada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y planteaba la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP) implementado en la Ciudad de Buenos Aires en 2019 por violar derechos humanos, la ley de protección datos personales, tratados internacionales, los derechos de intimidad, privacidad, reunión, igualdad y el principio de no discriminación (es de baja efectividad el sistema y proporciona falsos positivos que pueden provocar la detención errónea de personas), entre otras tantas cuestiones. En abril, el juez Gallardo hizo lugar a una cautelar y suspendió el SNRP por las fallas en los mecanismos de control, las falencias en las fuentes que lo nutren, la falta de evaluación de impacto en la protección de datos, la falta de participación ciudadana y los derechos en juego.
Esa medida sigue vigente y el SNRP no debería operar. Aún no hay nuevo juez designado. ODIA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que comparte la acción, podrían recurrir a la Corte Suprema de la Nación. Gallardo hizo una denuncia por espionaje ilegal y el posible uso indebido de información biométrica contra el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y otros funcionarios del área. Está en Comodoro Py y les tocó al juez federal Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano.
Peritaje demoledor
Desde abril, Gallardo ordenó medidas cruciales, entre ella el peritaje de la PSA. En el ínterin fue recusado por el gobierno porteño, la Cámara de Apelaciones lo respaldó y la semana pasada llegó el resultado del estudio en cuestión, que es lapidario. Estuvo a cargo de la Oficina de Criminalística de la PSA y del perito Pablo Kaplan. Como veedores lo firman sin observaciones dos hombre de la policía porteña (el inspector principal Leonardo Velasco y el oficial Julio López Aguirre), mientras que por ODIA participó Rodrigo Iglesias. Estos son algunos puntos claves:
* El sistema de reconocimiento facial fue introducido en 2019 con un resolución del entonces ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, que modificó la Ley de Seguridad Pública porteña (5688). La norma establece que solo se pueden usar datos biométricos para buscar buscar prófugos. Pero la PSA detectó que por lo menos 8045 datos de personas remitidos al SNRP no están en los archivos de la Conarc, donde están registrados/as quienes tienen pedido de captura o declaración de rebeldía. Es decir, la CABA sólo con eso no respetaría su propia norma.
* El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y su policía armaron una base de datos, a partir de un convenio que permite que migre información del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a CABA. Ahí acopia datos biométricos de 7.087.359 personas en función de solicitudes a ese organismo. «Han creado un banco de datos biométricos con los datos migrados desde el Renaper hacia el GCBA», afirma el peritaje. No se puede saber «qué tratamiento se les dio a los registros migrados» porque detectaron que el sistema es manipulable.
Cuando Gallardo dictó la cautelar, se supo que entre esos millones de datos solicitados estaban los de figura públicas, desde el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, la de Madres Hebe de Bonafini, dirigentes sociales como Eduardo Belliboni y Juan Grabois, la diputada Myriam Bregman, la fiscala del caso del Correo Gabriela Boquin, la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni e incluso el actual Carlos Rosenkrantz, la exministra Patricia Bullrich, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, y numerosos periodistas, entre otros.
* Fueron borrados 357 registros de datos biométricos en forma definitiva. No se sabe, ergo, para qué se usó esa información, que tampoco está claro si corresponde a prófugos/as. No se pudo determinar «qué usuarios realizaron esas maniobras». Eso, dice la PSA, hace suponer «una carga controlada o manual de datos que son ingresados/modificados/eliminados de la tabla temporal».
* «Dentro de las tablas de la base de datos SI se han observado
distintas diferencias y discrepancias, dando lugar a una carga manual o borrado manual de
personas y las mismas no concuerdan con lo aportado por Concar o Renaper dentro de la
base de datos que se ha utilizado para realizar las búsquedas pertinentes por el SRFP», dice el informe de la PSA.
* «Existen personas que deberían no encontrarse dentro en la base de datos del SRFP, para
que de forma posterior sean localizados por el motor del sistema de reconocimiento facial,
debiéndose eliminar (“baja”) para que no sean detectados por el sistema dando lugar a detenciones
por falsos positivos, tal es el caso de Leandro Colombo Viña, que al día de la presente su rostro
continua integrando los registro de la tabla faces». El propio Colombo Viña había relatado su experiencia en Twitter.
* Entre otros datos que no se sabe por qué están en el registro de prófugos figuran 84 casos ingresados con el nombre «Interpol», de los cuales 46 tendrían algún requerimiento de ese organismo y 38 indican «posible causa judicial en curso» pero las fotos tienen una marca de agua de un organismo peruano. Ninguno están en la base de Conarc. Los DNI no serían argentinos.
* Las alertas del SRFP a la policía son remitidas por el sistema de mensajería Telegram. «No existe un canal seguro para datos personales sensibles».
El fallo supremo
El peritaje de la PSA tiene fecha del 8 de julio último, viernes. Después vino el fin de semana, y la Corte porteña se apuró a desplazar a Gallardo el miércoles 13. Firmaron Inés Weinberg (la candidata fallida de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación), Santiago Otamendi (ex número dos del Ministerio de Justicia de Cambiemos que comandaba Germán Garavano) y Marcela De Langhe (postulada por Horacio Rodríguez Larreta cuando era la directora académica del Instituto de Seguridad Pública, además de camarista). Un dato curioso: De Laghe es autora de un libro llamado Escuchas telefónicas. Límites a la intervención del Estado en la privacidad e intimidad de las personas (Editorial Hammurabi).
El trío en cuestión es el mismo que viene haciendo todo lo posible para que su tribunal –es decir, la Corte porteña, local– pueda revisar fallos de la Justicia nacional. Ha dado un paso en ese sentido ante un pedido del Correo-Socma en el expediente por su deuda millonaria, el tema que desvela a Mauricio Macri. Entre otros fallos que marcaron hitos, el mismo trío liberó al gobierno porteño de la obligación de garantizar el acceso a la educación pública.
Para desplazar a Gallardo, reconocieron que si bien ellos no tienen la facultad de opinar cuando no se trata de un asunto equiparable a una sentencia definitiva, les pareció que el Ministerio de Justicia porteño tenía razón y que el juez se había extralimitado en sus medidas. El desenlace demuestra que lo que se quería evitar era que se conociera el resultado de esas medidas investigativas.
Rechazos
Desde ODIA repudiaron el fallo que «recusa al juez Gallardo por producir prueba con el único objetivo de llegar a la verdad de los hechos, por inconstitucional y además posterior al informe pericial realizado por la PSA». «Esto es un fallo político no un fallo judicial», señaló la organización. «Junto con el CELS nos preocupa que el ministro (D’Alessandro) no pueda explicar por qué y para qué fueron solicitados los datos biométricos de más de 7 millones de argentinos y argentinas, su trazabilidad y por qué hay usuarios administradores del sistema que aparecen como anónimos como por ejemplo ‘Admin’ o ‘Temporal'», advirtieron. Subrayan los hallazgos de la PSA, entre ellos la inclusión en el sistema de Identificación de Prófugos de personas «que no deberían estar allí» y el «borrado manual de datos por parte del Gobierno de la Ciudad».
«La decisión del Tribunal Superior de Justicia obstaculiza el proceso justo en el momento en que se empezaban a conocer estas irregularidades. Resulta llamativo que el TSJ tome esta decisión apartándose del criterio sentado en su propia jurisprudencia según la cual este tribunal no interviene en causas en las que no hay sentencia definitiva», señalaron desde el CELS. «Hasta ahora –advirtieron– la investigación judicial ha mostrado que el sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires se gestiona por fuera de la norma que lo regula y con más que débiles mecanismos de control».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/437272-un-peritaje-oficial-confirmo-que-el-gobierno-porteno-usa-en-