Por Mario Wainfeld

Violencia estatal contra mujeres mapuches y contra una muchedumbre en la cancha de Gimnasia y Esgrima. Casi simultáneas, en escenarios distintos. Suele nombrárselas como “violencia institucional”; es una expresión validada. El cronista prefiere escribir “violaciones de derechos humanos”. Los escándalos motivaron la renuncia de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Seguramente seguirán otras, por motivos distintos y preexistentes.

En Buenos Aires, queda golpeado el ministro Seguridad Sergio Berni cuya “renuncia a disposición” del gobernador Axel Kicillof por ahora no fue aceptada.

Los sucedidos desatan nuevas crisis políticas e identitarias en los dos territorios fundamentales que gestiona el Frente de Todos (FdT): la Nación y “la Provincia”. Polémicas internas que seguramente escalarán en los próximos días.

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La barbarie en el Bosque: Colegas avezados analizan las circunstancias que rodearon al uso ilegítimo de la violencia estatal en las inmediaciones del estadio platense. Gases lacrimógenos a granel, balas de goma, palos coronaron un operativo mal previsto y salvaje con el tradicional estilo de la Policía Bonaerense.

Esta columna no incursiona en corresponsabilidades del club o de las autoridades de la AFA o de seguridad deportiva, analizadas por colegas avezados en esta misma edición. La responsabilidad prioritaria, lejos, es la de las fuerzas de seguridad que agreden ciudadanos. Se cerraron temprano las entradas a la cancha lo que suscita la evocación de la Puerta 12. Los gases entraron a la cancha, dañaron y aterraron a gente inerme que pretendía asistir a una fiesta con alta presencia de criaturas, mujeres, familias. Un hincha arquetípico, César “Lolo” Regueiro, murió de un infarto como consecuencia de la represión. Balearon a un periodista a pocos metros. Algunas armas son letales por definición, las que disparan munición de plomo. Otras califican para serlo cuando se abusa de ellas o se las utiliza con saña. Los gases lacrimógenos que construyeron una ratonera en una cancha casi colmada suman un ejemplo.

Kicillof removió a los jefes policiales encargados del operativo, al policía que atacó al colega y cuestionó en un comunicado el accionar policial. El reflejo comprueba una voluntad valorable: castigar a los responsables directos. Se seguirá investigando en la esfera judicial. Las responsabilidades políticas, opina este cronista, tienen otros tiempos (más veloces) que las pesquisas sobre delitos.

El ministro de Seguridad Sergio Berni actuó a su modo. Se auto absolvió, culpó a la dirigencia de Gimnasia. Hiperquinético voló a la cancha en helicóptero sin resultados sensibles. Y fatigó canales de tevé o radios explicando sus versiones sobre los hechos y sobre la seguridad en general. Su cartera está entre las más difíciles de la Argentina. Comanda, se supone, una fuerza con 90.000 efectivos cuyo historial es atroz… como la de tantas policías bravas de provincias pero inconmensurablemente más grande. Sucesivos gobiernos han probado distintos perfiles de ministros con suerte dispar, jamás perfecta. A menudo borrada con el codo. Simplificando están por un lado funcionarios garantistas con firme decisión de depurar, mejorar, articular con la comunidad: entre ellos León Arslanian y Juan Pablo Cafiero. Del otro, manoduristas, demagogos del punitivismo como Carlos Stornelli, Aldo Rico, Cristian Ritondo o Berni. En ambos casos sin agotar la lista y admitiendo perfiles intermedios.

Berni construye un personaje público que habla en nombre de “la gente”. Categoriza como enemigos a “delincuentes” que estigmatiza sin juicio previo. Ha propuesto, en administraciones kirchneristas, deportaciones exprés de extranjeros a su ver indeseables.

Es muy trabajador, reconocido por propios y ajenos. “Da la cara” como quedó dicho. Su demagogia a veces consigue adhesiones, a veces derrapa. El superhombre falla y se le escapan tortugas. El otro día no previó la magnitud de un partido único, en un estadio desbordante, a la noche. La Bonaerense a la que cree conducir como un general se le amotinó en el año 2020 haciendo zozobrar al gobernador y al propio presidente Alberto Fernández. Berni tardó en anoticiarse y no consiguió restaurar la línea jerárquica. Debió sacarle las papas del fuego AF, el mandatario que no quiso sumarlo a su gabinete pese a la recomendación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por aquel entonces Berni se decía conducido por Cristina pero abjuró de la pertenencia cuando lo dejaron de lado en las listas para las elecciones del año pasado. Incluso refirió una pelea casi a las piñas con el diputado Máximo Kirchner.

El punitivismo, la furia contra quienes parecen delincuentes, tienen raíces hondas en la sociedad civil. La pena de muerte cuenta con cantidades impresionantes de adeptos. Las personas que viven temiendo agresiones, robos o crímenes peores suelen reprobar los relatos garantistas y a menudo “los derechos humanos de los delincuentes”. A ese público se dirige Berni y hay quien (sin pensar como él) cree que es una suerte de mal necesario para contener a las tropas y mostrar coraje en las calles.

El problema para los manoduristas es que los agentes empoderados se salen de quicio a veces: prepotean, encanan, hieren o matan a los buenos vecinos que los Berni dicen encarnar. Eso pasó el jueves. La jauría policial se ensañó con nobles hinchas, gente de pueblo que quería ver ganar al Lobo. Todo transmitido en directo, con enorme visibilidad aún para quienes no tienen unos pesos o voluntad de pagar el fútbol codificado.

Quizá Berni “midió” mejor en las encuestas cuando desalojó Guernica cumpliendo y redoblando una infausta decisión judicial. Destinó 4000 efectivos (un montón más que en el Bosque) para “lanzar” a 600 personas vulnerables. Comenzó a actuar antes de que amaneciera. Se quemaron pertenencias de los ocupantes. Machimbres, maderas con las que habían construido refugios, las casillas mismas, alguna ropa. Hay denuncias verbales de que se prendió fuego a documentos de identidad. La Policía acusó a los propios ocupantes, las víctimas.

El procedimiento repudiable linkea con Villa Mascardi. Desprecio social por los “okupas”, acatamiento a una orden de tribunales que el poder político debería encauzar. 

Las teorías conspirativas cunden. El firmante de esta nota propende a no creerlas sin evidencia y a no descartarlas de volea. De momento, prevalece lo evidente. Mala praxis y brutalidad policial. Una constante.

Las investigaciones judiciales saben ser torpes e ineficaces. Lentas por definición. Las responsabilidades políticas se rigen por otros parámetros. Son en buena medida resultadistas, como el fútbol. Berni, interpreta este cronista, falló aun medido con sus propios estándares, es corresponsable de los daños. Por cierto, la decisión respectiva recae sobre el gobernador o sobre el propio Berni si tiene la introspección necesaria.

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La afrenta y el contexto: El operativo federal realizado en Villa Mascardi para desalojar a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu se inscribe en un contexto amplio. Se remonta a demandas ancestrales, al reconocimiento de derechos de los pueblos originarios en la reforma constitucional de 1994. Está marcado por los asesinatos hasta hoy impunes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante la presidencia de Mauricio Macri en ataques piloteados por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La falta de resolución de cuestiones de larga data encuadra la situación. Acá enfocamos a sucedidos recientes. Hay conflictos en juego lo que no significa que todas las ocupaciones o acciones sean lícitas pero sí que deben tratarse honrando derechos y garantías que tutelan a todos los habitantes de la Argentina.

El detonante del escándalo de esta semana es el modo en que se trató a mujeres y chicos de la comunidad. La jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez ordenó detener a siete mujeres, incomunicarlas, no permitirles designar abogado. Trasladarlas luego a Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Apartar a las criaturas. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) habilitó cárceles para cuatro, las otras quedaron en Bariloche incluyendo una que cursa un embarazo de 40 semanas. Se las aprisionó antes de indagarlas, se consumó abuso de prisión preventiva y avasallamiento del derecho de defensa en juicio.

El SPF no cuenta con aviones para trasladar detenidas, el gobierno nacional proveyó una. Las mujeres atravesaron tres establecimientos en cuestión de horas. Tres veces se las requisó y desnudó al efecto según denuncian.

Apresarlas no tenía sentido. No están en condiciones de entorpecer la causa, carecen de poder al efecto. Tampoco se sabe que se las considere peligrosas. Es dudoso que se le imputen delitos graves. Llevarlas lejos del lugar de los hechos es asombroso, contradice las prácticas usuales.

Elizabeth Gómez Alcorta fue clara en su nota de renuncia. “violaciones evidentes de derechos humanos” que ameritan “una respuesta política contundente” (…) “se ha traspuesto un límite”. Obró a conciencia, se apartó del Ejecutivo. Fue coherente con su trayectoria como abogada, ex defensora de Milagro Sala. Cometido que exige un coraje particular en Jujuy frente a la estructura represiva del gobernador Gerardo Morales.

“Eli” Gómez Alcorta recibió adhesiones sonoras y ciertos cuestionamientos sotto voce. Los reproches aluden que el Gobierno nacional cumplía una orden judicial. Orden deleznable a la que podía-debía restar cooperación. El mismo oficialismo ha criticado de cuerpo presente a los jueces de la Corte Suprema. Hay funcionarios que podían mediar, expresarse, acercarse a las víctimas del atropello judicial.

La magistrada tomó declaración indagatoria a las mujeres de modo remoto, mediante Zoom. El periodista Santiago Rey informó que “las detenidas se negaron a declarar en la indagatoria con excepción de Andrea Despo quien explicó que estaba en la comunidad para atenderse con la machi Betiana. Vive en Chubut y nunca había estado en la comunidad”. Sobre llovido, mojado.

La renuncia de Gómez Alcorta se difundió y aceptó el viernes. Ayer, sábado, la jueza ordenó el regreso de las detenidas a Bariloche. La contraorden no borra los vejámenes sufridos (ver asimismo nota aparte).

El episodio revictimiza a mujeres de un pueblo originario. Las objeciones desde Juntos por Cambio versaron a la supuesta debilidad del operativo, light para Patricia Bullrich. En el amplio espectro del FdT predominaron las críticas a las violaciones de derechos humanos. El Gobierno descuidó su rol yendo detrás de una medida irresponsable de la jueza.

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Saldos tristes, lo que viene: En la semana próxima jurará la sucesora de Gómez Alcorta. Es más que factible que Alberto Fernández mueva otras piezas del Gabinete. El ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta puntea en la posible lista:  está pidiendo desde hace semanas volver a la intendencia de Hurlingham. En el Congreso, cuando “defendió” el Presupuesto 2023 asumió que su cartera no consigue comprar alimentos básicos como azúcar y aceite porque las grandes productoras alimenticias suben demasiado los precios. La confesión de parte lleva al extremo una carencia oficial: la de actuar como comentarista de problemas que debería resolver y no solo observar.

Volvamos a los de ejes de la columna. Aluden a fallas del sistema, endémicas y en consecuencia más graves. Los jueces federales suelen tomar decisiones pésimas, antijurídicas. Las Fuerzas de Seguridad son brutales, rústicas, carecen de profesionalidad. Ni los magistrados ni los uniformados saben investigar, preservar pruebas, llegar a los culpables de crímenes o atentados gravísimos. Señalarlo no implica mala onda, ni pesimismo. Es uso de la estadística, costumbrismo. Aludimos a la mayoría, no a todos… lo que es suficientemente desolador.

La acción estatal, el cabal ejercicio del poder democrático, son parte del camino. 

Estas historias continuarán, ojalá que con mejores desempeños. 

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Fuente: https://www.pagina12.com.ar/488267-violencia-policial-y-violaciones-de-derechos

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