6 de noviembre de 2026
El gobierno de Maximiliano Pullaro logró aprobar con una expuesta refriega interna un controvertido paquete de leyes de seguridad que había enviado a la Legislatura. Aunque el proyecto tuvo media sanción, fue a costa de excluir de la normativa los apartados más polémicos, como convertir en evidencia interrogatorios policiales sin abogado defensor, o suspender garantías en zonas especiales por excepción para la intervención de la fuerza de seguridad, lo que los objetores consideraban un estado de sitio de hecho.
Tras la aprobación del paquete en Diputados con 33 votos a 11 el gobierno manifestó su satisfacción porque la adhesión fue por una mayoría amplia y permite a su entender habilitar herramientas para reforzar un estado de seguridad pública que desde hace tres años moderó claramente la violencia. Pero el costo para ello fue muy alto y, sobre todo, muy notorio.
La iniciativa estuvo a orillas de quebrar la coalición de gobierno porque los socialistas, con 14 diputados, anunciaron de forma pública que estaban en las antípodas de lo que mandaba Pullaro. Pero además distintas asociaciones civiles, especialistas en Derecho Constitucional y Penal, el Ministerio de la Defensa Pública, sectores del Ministerio Público de la Acusación (fiscales) y la Corte Suprema demolieron el proyecto en sus aspectos más polémicos, por coincidir que ponía en manos de la policía provincial el control de los procedimientos penales.
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Tras la media sanción, el gobierno celebra que mantiene las principales herramientas que buscaba. Por ejemplo un régimen más duro para reclusos de alto perfil, modificaciones en las leyes de inteligencia, cambios en el sistema de recompensas, juicio en ausencia del acusado y allanamientos sin aval judicial en casos de urgencia. También remarca que la mayoría lograda con el oficialismo votando en unidad, 33 votos contra 11, indica un holgado consenso hacia la norma.
Fue muy visible, sin embargo, lo que tuvo que conceder al socialismo, que lo hubiera dejado con menos de 20 votos. “Frente al espanto que era el proyecto inicial a todas luces inconstitucional, y aunque siguen en pie cosas preocupantes, estas morigeraciones suponen un avance. Se le puso un freno desde adentro al gobierno. Este no es el proyecto que querían, aunque no vayan a admitirlo”, dijo a LPO el constitucionalista Oscar Blando, que fue funcionario en administraciones previas del Frente Progresista, donde participaba el radicalismo.
“No van a abandonar la intención de seguir por las mismas cosas”, continuó Blando. “No hay un abogado defensor frente al fiscal. La exclusión probatoria es un escándalo y sigue estando. El agravamiento de condiciones de presos de alto perfil va en contra de legislación internacional a la que Argentina adhiere. El hecho de que los fiscales puedan tomar medidas de coerción es una calamidad porque son una parte del proceso y esas facultades tienen que ser de los jueces. Y en ese sentido el gobierno tiene razón de que el espíritu de lo que buscaban, que es lamentable, se mantiene. Este proyecto, aunque es mejor como salió, se debió rechazar”, analizó.
No obstante, en el oficialismo se declaran totalmente conformes con lo que quedó aprobado que mantiene, dicen, el espíritu del proyecto. Se lo dijo el diputado radical Martín Rosúa al periodista Damián Schwarzstein de Rosario 3. “La ley es muy parecida a la que mandó el Ejecutivo. Las herramientas conservaron su naturaleza y su potencia. En el tratamiento legislativo se agregaron plazos, condiciones objetivas y mecanismos de control, como ya había pasado en 2024 con la emergencia en seguridad, la ley de inteligencia, la de microtráfico y la reforma del Código Procesal Penal. Por ejemplo, en los allanamientos urgentes por armas o explosivos se agregó el control judicial posterior. Para el juicio en ausencia se incorporó la exigencia de probar que la persona prófuga sabía que había un proceso en su contra. En inteligencia, el proyecto ya venía con controles judiciales y se precisó qué actividades preventivas puede hacer el Ejecutivo y cuáles corresponden a la Justicia a partir de un delito”.
El quiebre en el oficialismo pudo ser real. Cuando se cercioraron que por la negativa de los socialistas a votarlo como estaba el gobierno no tenía mayoría, les pidieron a los referentes del socialismo que reformularan la redacción de los artículos más duros.
Pero el gobierno afrontó el precio de un discurso incendiario donde varios de sus referentes acusaron en bloque a los que se opusieran a su paquete de poner en peligro las mejoras conseguidas en seguridad o incluso, en las intervenciones más calientes, en jugar para “los abogados de los narcos”.
Lionella Cattalini
Esos planteos fueron replicados con inusual enojo y dureza de algunos socialistas que transparentaron el frontal choque interno con los radicales. “Nos quisieron poner que estábamos del lado del delito”, expresó desde su banca Lionella Cattalini, que le apuntó derecho por eso al macrista Federico Angelini, ex líder nacional del PRO y actualmente secretario en el Ministerio de Seguridad santafesino. Lo definió como “policía del pensamiento” y de buscar la etiqueta de “empleado del mes”.
Después su colega Joaquín Blanco mostró una foto del ex gobernador socialista Hermes Binner con el actual ministro de seguridad Pablo Cococcioni cuando el primero lo designó en el Servicio Penitenciario de Santa Fe. Lo hizo para mostrar que el hoy ministro fue funcionario de los tres gobiernos socialistas y expresar, de ese modo, que la pretensión no era socavar la seguridad sino rechazar una reforma inviable. Ambos diputados dicen que ahora el proyecto se ajusta a las exigencias constitucionales, aunque para muchos juristas eso es discutible.
Los socialistas, según fuentes internas, estuvieron a punto de romper por este asunto con el pullarismo, donde las tensiones persisten atizadas por la intención de que el gobernador cierre un acuerdo electoral con Javier Milei.
Los socialistas advierten a Pullaro que no aceptarán un acuerdo con Milei
Entre las iniciativas de seguridad que provocaron la revuelta se cuentan allanamientos automáticos sin orden judicial, facultades para que la policía detenga a una persona hasta 48 horas sin orden judicial, la posibilidad de que interrogatorios a detenidos sin abogado defensor tengan valor de evidencia, la eventualidad de condenar a personas ausentes en juicios en rebeldía, y los procedimientos con sanciones por exclusivo decreto fiscal, es decir, sin una contraparte que defienda al acusado.
Asimismo se debatía la eventualidad de declarar zonas de intervención policial especiales donde la policía puede intervenir por excepción suspendiendo garantías de quienes allí habiten o circulen, con controles de acceso, límites horarios a la circulación y demoras de hasta 24 horas. También se habilitarían derribos de búnkeres por orden fiscal en casos excepcionales y allanamientos generales en esas zonas.
La suspensión de elementales garantías elementales consagradas en la Constitución Nacional en estas iniciativas barrió con la moderación habitual de los discursos de juristas. Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe y académico en Derecho Penal con reconocimiento nacional, fue categórico al salir de la Legislatura hace dos semanas cuando los miembros del máximo tribunal fueron invitados a exponer.
“Están jugando sobre el límite cuando están en juego derechos fundamentales”, dijo Erbetta tras esa invitación. “Hay en el proyecto una delegación de facultades a la policía y de facultades judiciales a los fiscales que entran en contradicción con las normas constitucionales y con los estándares internacionales. Pero también la necesidad. No son necesarias estas modificaciones cuando la seguridad mejoró notablemente y también la articulación y diálogo entre poderes del Estado”.
En relación a algunos de los institutos que propone el gobierno Erbetta había sido lapidario. “Establecer una zona especial donde se suspenden derechos es equiparable a un Estado de sitio. No importa el nombre que le pongan”.
En reiteradas manifestaciones, Pullaro tachó a los críticos de pregonar un “garantismo bobo” por lo que cuestionó a la formación en la universidad pública, aludió a una Justicia ingenua y dijo que desde que asumió el 10 de diciembre de 2023 “al delincuente no se lo va a ver como pobrecito”.
Los rechazos fueron abundantes, concluyentes y a cara limpia. Este jueves, en un Congreso de especialistas en Rafaela, el camarista penal Matías Drivet que fue secretario de seguridad del socialismo, en una alianza donde estaba el sector de Pullaro, se expresó categóricamente en contra de las facultades de interrogatorio a fuerzas policiales, de los allanamientos automáticos, que a su criterio instituyen un régimen de excepción, debilita el sistema acusatorio y expone a la provincia por su responsabilidad a demandas internacionales. Y, como Erbetta, cuestionó la liviandad de la construcción de un “mal inminente”, el uso poco prudente “de una semántica punitiva que tiene efectos prácticos en el debate público y que por eso son alarmantes” y dijo que estas herramientas son innecesarias para mejorar la seguridad.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com