Procesaron a tres militares por el robo de un misil en 2015 | «Una operación para causar daño»

Tres militares fueron procesados por la justicia federal de La Plata por el robo de un misil antitanque TOW A-2, ocurrido en enero 2015 en un polvorín del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de Arana. Para el juez Alejo Ramos Padilla, el robo del misil –que ocurrió casi en simultáneo con la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán– fue un mensaje que buscaba tener trascendencia pública. “Los autores no actuaron guiados por una finalidad económica, sino muy posiblemente motivados por la intención de causar un daño y/o perjudicar a alguna autoridad”, escribió el magistrado.

Los tres miembros del Ejército alcanzados por la resolución son Leonardo José Córdoba, procesado como autor del robo; Héctor Enrique Valenzuela, señalado como encubridor –ambos se desempeñan actualmente como oficiales de la policía de la Ciudad–; y el teniente coronel Fabián Torrengo, segundo jefe del Regimiento que fue procesado por peculado culposo, es decir, por no haber dispuesto las medidas de custodia necesarias sobre un armamento con ese poder de destrucción. Ramos Padilla le dictó la falta de mérito al capitán Gonzalo Gottifredi.

El misil, de 18 kilos, 171 centímetros de largo y 15 de diámetro, tenía un alcance de 3750 metros y una velocidad de unos 300 metros por segundo, casi equivalente a la velocidad del sonido. Su poder de destrucción era tal que podía perforar 90 centímetros de acero y había sido diseñado para destruir un tanque de guerra con protección ERA (Energetic Reactive Armour), es decir, un blindaje que reacciona al impacto de un proyectil. Se trataba del armamento más importante que había en ese depósito de municiones y el único que quedaba en el Escuadrón.

La desaparición del misil fue denunciada recién el 12 de enero de 2015 por Torrengo luego de tomar conocimiento por intermedio de Gottifredi, a cargo del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 1, que había sido sustraído del interior del polvorín del Regimiento. El inicio de la causa es al menos sugerente: porque, en realidad, un militar ya había encontrado vidrios rotos y la caja del misil dañada el 7 de enero. Tres días antes, habían advertido que había luces en el lugar donde estaba guardado. Por alguna razón, el Regimiento postergó informar el faltante de su principal arma.

Para Ramos Padilla, se trató de una “escena montada”: la ventana del depósito de municiones estaba rota desde adentro, no había candados ni cerraduras violentados, no había signos en las paredes de que alguien hubiera trepado y no faltaba ni una sola bala 9 milímetros –que son las que más fácilmente pueden venderse en el mercado negro si se tratara de un caso de robo de armas, algo que tiene varios antecedentes en la historia de los cuarteles argentinos–. Por eso, el juez insiste en que se trató de una “operación que tuvo como única finalidad ser descubierta para causar daño”.

El momento del robo es también un dato a tener en cuenta. La denuncia del misil se presentó el 12 de enero de 2015. Dos días después, Nisman volvió de sus vacaciones para acusar a la entonces presidenta de intentar encubrir el atentado a la AMIA con la firma de un acuerdo con Irán. A los cuatro días fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. La conmoción de la denuncia del fiscal del caso AMIA, por esos días, funcionaba como un combo de gran preocupación junto con el faltante de un misil con gran capacidad de destrucción.

La investigación sobre lo que había pasado con el misil se reactivó tras la llegada de Ramos Padilla al Juzgado Federal 1 de La Plata a principios del año pasado. El 14 de julio último, a las 16, el misil fue hallado por una cuadrilla de empleados municipales encargados de la limpieza, bajo un montículo de tierra que estaba en una calle en la zona de Los Hornos, a diez kilómetros de la guarnición militar. Para el juez, era claro que quien dejó el misil buscaba que se lo encontrara. «Autores desconocidos –posiblemente relacionados con el robo ocurrido en primer término– lo colocaron en un lugar público, a la vera de una calle, para ser encontrado por empleados municipales encargados de la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos», resaltó Ramos Padilla.

El hecho de que el misil haya aparecido cerca del Regimiento, según se señala en la resolución que procesó a los tres militares, indica que los autores del robo no persiguieron «una finalidad económica», ya que no se sustrajeron otras municiones -mucho más fáciles de vender en el mercado negro- ni intentaron vender el misil, a pesar de su alto valor comercial. De todas formas, ante la posibilidad de que pudieran querer usarlo, el juzgado había avisado al Ministerio de Seguridad y a Interpol sobre la sustracción por el potencial riesgo que generaba que un armamento de ese tipo estuviera por las calles.

“Si la desaparición de un misil antitanque con gran poder destructivo del interior del polvorín de un Regimiento es un hecho en sí mismo gravísimo –a lo que debe sumarse que las autoridades castrenses tardaron 5 días en tomar conocimiento del faltante y adoptar elementales medidas de resguardo–, resulta alarmante por el riesgo para la vida y la integridad de terceros el lugar y el modo en que fue hallado con posterioridad”, escribió Ramos Padilla al momento de dictar el procesamiento.