La Justicia Federal de Jujuy suspendió obras que el gobierno de Gerardo Morales lleva a cabo desde finales del año pasado en la parte posterior del Cabildo, ubicado en San Salvador de Jujuy luego de que la semana pasada la regional local de la agrupación H.I.J.O.S. denunciara que en el marco de esas obras se continuaron destruyendo los restos de lo que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Comando Radioléctrico”. El juez Leonardo Bavio ordenó suspender toda excavación, refacción, remodelación y/o construcción en el lugar tras el «incumplimiento de reiteradas disposiciones judiciales». “Pasan con las topadoras por encima de la memoria, no les importa”, advirtió Eva Arroyo, de H.I.J.O.S.

Bavio confirmó el miércoles pasado los hechos denunciados por la presidenta de H.I.J.O.S. Jujuy el día anterior. En un escrito ante el fiscal federal Federico Zurueta, Arroyo denunció penalmente a la secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Marcela Infante; al director de Arquitectura, Horacio Calsina; al ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic y a Gerardo Morales por incumplimiento “en reiteradas ocasiones” de la Ley de Sitios de Memoria 26.691 y de la resolución de 20 de enero 2022 que emitió el juez Eduardo Hansen, cuando autorizó al estado provincial a continuar con las obras en el Cabildo “debiendo preservar seis sectores de interés que fueron señalados por la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria como integrantes del ex CCD”. 

La decisión de Hansen llegó luego de que H.I.J.O.S. y otros organismos denunciara en octubre de 2021 la demolición de gran parte de parte del CCD durante la primera etapa de las obras que el gobierno lleva a cabo en el Cabildo histórico ubicado frente a la Plaza Belgrano, la central de la capital jujeña para construir un museo. Allí, durante la última dictadura cívico militar funcionó la central de la Policía local. El lugar en 2016 fue declarado sitio de Memoria, debido a que allí funcionó el CCD «Comando Radioeléctrico».

Tras esa demanda, en enero pasado, el juez habilitó al gobierno provincial a continuar con las obras con una excepción: “Preservar seis sectores de interés señalados por la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria como integrantes del ex CCD en el estado que actualmente se encuentran sin efectuar trabajos de obra sobre los mismos, mantenido sus cimientos, retomando las labores únicamente en los sectores del predio circundante”, citó la demanda. En aquel entonces, el hecho fue repudiado por Horacio Pietragalla Corti. Antes de ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante.   

Sin embargo, Morales y su gente no cumplieron. Así lo confirmaron referentes de agrupaciones de derechos humanos provinciales, sobrevivientes y familiares de víctimas de ccd que en mayo pasado, junto a la directora nacional de Sitios, Lorena Battistiol, la delegada de la Secretaría de DDHH de Nación en la provincia, Anabel Yacianci, el supervisor de obra, y la secretaria provincial Infante, inspeccionaron el lugar: descubrieron que el lugar a preservar no estaba señalizado ni delimitado, que había escombros acumulados allí, estacas clavadas de replanificación del lugar. Días después, la destrucción continuó: “Pasé con el auto y estaba el portón abierto. Me bajé y ví que en donde estaban clavadas las estacas y los escombros ahora había una pala mecánica y luego ví más: habían desmantelado todo, habían hecho una excavación de 4 metros. Volaron todos los cimientos”, reconstruyó Arroyo. 

Durante los meses previos, organismos de derechos humanos y autoridades gubernamentales jujeñas mantuvieron reuniones para “dialogar” sobre el futuro del lugar, incorporar criterios y protocolos de preservación. De hecho, los organismos presentaron en el expediente judicial un proyecto para construir allí un Espacio de Memoria. 

“Esto es un acto de violencia –remarcó la referenta de H.I.J.O.S Jujuy en diálogo con este diario–. Nos empujan constantemente, nos desoyen, no les importamos, no existimos para este gobierno, para esta gente. Como dijo Dora Rebechi, esposa de Jorge Weis, sindicalista azucarero desaparecido, ‘nosotros trabajamos por la memoria, ellos para el olvido'».

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/430416-pasan-con-las-topadoras-por-encima-de-la-memoria-no-les-impo