Después de visitar a Milagro Sala en la clínica donde está internada desde el lunes pasado, Alberto Fernández cuestionó al Poder Judicial de Jujuy, que desde enero de 2016 multiplicó estrategias para mantenerla presa. Sin embargo, fue Gerardo Morales quien sinceró que es él quien maneja ese aparto. Le deseó que se recupere, no por su bien sino para que cumpla condena en una “cárcel común”. Sala no puede estar en un penal, porque así lo dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el gobernador hasta se puso por encima de ese tribunal internacional. El Presidente recordó que la dirigente social lleva 7 años de prisión preventiva, una ilegalidad por donde se la mire. Horas más tarde dijo en televisión que pese a todo no puede indultarla, y mandó a las y los dirigentes que piden esa salida a leer la Constitución. ¿Qué queda entonces, más allá de los gestos? Es la pregunta que resuena desde hace tiempo y que ahora se amplifica. La referente de la Tupac Amaru es emblema de un paradigma de persecución que, como queda a la vista, no perdió vigencia. Una de las variables que analiza el oficialismo en ambas cámaras del Congreso es la intervención de la justicia jujeña.

Los condicionamientos a los tribunales provinciales comenzaron desde el día en Morales asumió en la gobernación, a fines de 2015, cuando Mauricio Macri también llegaba a la presidencia. Sin rodeos, logró ampliar la Corte local, que tenía cinco integrantes y los llevó a nueve, con el agravante de que dos de los legisladores que habían votado esa reforma pasaron a integrar el nuevo superior tribunal. Este año, en función de su presente y su alianza con el peronismo jujeño, el gobernador forzó la renuncia de tres supremos/as e hizo un intento con otros/as tres más, a quiénes el mismo había nombrado. 

En estos años hubo infinidad de situaciones que revelan la falta de independencia, pero un ejemplo de esta misma última semana sobra para entender la gravedad del escenario: después que Morales repudió la visita presidencial a Sala, un juez de ejecución, Emilio Cattan, le mandó una notificación para avisarle que deberá cumplir una condena por supuestas amenazas hasta el 21 de junio de 2024, en una de las tantas causas que se montaron en su contra, conocida como “la de las bombachas”. El mismo día de la visita presidencial, la notificación fue enviada por la noche a la casa de Milagro, donde estaban su marido y su hija. Pero el día siguiente, una agente penitenciaria entró intempestivamente a la habitación donde está internada con otras personas para que firmara el mismo papel. La zamarreó para despertarla y le levantó la frazada para ver su tobillera electrónica. Para peor: su defensa ya estaba notificada desde la semana anterior, e incluso había apelado, porque considera que la pena está sobradamente cumplida. El expediente, todo, es grotesco y los detalles fueron relatados por este diario. El efecto es el hostigamiento incesante y la prisión.

Indulto

El dirigente social Juan Grabois traduce lo que sucede en Jujuy y por eso reclama “una respuesta política a un problema político”. No es descabellado su razonamiento. Lo que sucede es que luego plantea como posible solución “el indulto” y que “no es real que el presidente no pueda hacerlo”. Ahí es donde el presidente, algo enojado ante reclamo, reacciona y responde como abogado: “No puedo indultar a Milagro Sala, les pido a todos los compañeros y compañeras que piden que la indulte que lean la Constitución. Milagro Sala ha sido jugada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia (…) No me pidan un gesto político que sea contradecir la Constitución”.

En efecto, la Constitución establece en el inciso 5 del artículo 99 que sólo se pueden indultar o conmutar penas que surgen de la justicia federal. Es cierto que la mayoría de los expedientes contra Milagro Sala tramitan en la justicia provincial, y eso es en cierta medida lo que ha sostenido su persecución su situación de detención. Pero hay una causa que no es provincial, y es conocida como la de “los huevazos”: el propio Morales querelló a Sala al atribuirle la autoría de una protesta en su contra en el año 2009 cuando era senador y daba una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Jujuy. Ella ni siquiera había estado ahí. El único testigo en que se basó la acusación fue un empleado del gobierno de Morales, René “Cochinillo” Arellano. Primero fue condenada a tres años y medio de cárcel. En agosto del año pasado la Cámara de Casación Penal Federal dictó la prescripción del caso, pero para mantener el caso vivo, Morales fue a la Corte Suprema.

En términos prácticos, esto implica que todavía existe un caso donde sería posible un indulto. Por supuesto, que no cambiaría desde el punto de legal la situación general de Milagro, lo que tendría es valor simbólico. Tal vez tendría ahora tendría poco sentido ya que se trata de un asunto casi terminado. O lo podría haber tenido tiempo atrás, teniendo en cuenta que se trata de hechos (y su correspondiente laberinto kafkiano) de hace 12 años.

La Corte

La Corte Suprema, recordó Alberto Fernández esta semana, también tiene desde hace más de dos años en sus despachos para resolver qué hace con la condena contra Sala en la causa “pibes villeros”, por la que un tribunal jujeño la condenó a 13 años de cárcel por el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas en 2019. Es el caso clave que, de acuerdo a cómo se resuelva, podría generar un vuelco en toda esta historia. El Presidente cuestionó a la Corte por dedicarse a asuntos que sólo a sus integrantes y a la corporación les interesan y postergar asuntos urgentes como éste.

El juicio “pibes villeros” fue un proceso plagado de denuncias de irregularidades señaladas por la defensa (sobre la construcción de pruebas ya hasta la designación a dedo de una jueza), desoída sistemáticamente. Los supremos habían confirmado la prisión preventiva de la dirigente en 2017, que la cumple bajo en forma domiciliaria tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego de la Corte Interamericana. Pasaron los años y no hay ninguna sentencia firme. Nadie puede estar con prisión preventiva más de dos años, dicen las normas procesales, a lo sumo tres.

El alto tribunal nunca se expidió sobre los abusos de las prisiones preventivas que signaron el funcionamiento del sistema de justicia durante el gobierno de Macri y llevaron a la detención exfuncionarios del kirchnerismo, aliados y dirigentes sociales. Milagro Sala fue la primera de aquella lista. El paso del tiempo pese a los reclamos implicó un respaldo tácito a la llamada doctrina Irurzun. La Corte debiera ser el lugar donde esperar “justicia”, pero en lo que a estos temas y a sala se refiere, aún no sucedió.

Intervención en Jujuy

Desde hace varios años y con los datos a la vista, en la provincia que gobierna Morales no estaría garantizada la administración de justicia ni la independencia judicial. La Constitución, en los artículos 5 y 6 prevé la intervención federal para garantizar la forma republicana de gobierno. Tres juristas consultados por Página/12 señalaron que existiría la posibilidad de intervenir sólo el Poder Judicial. Podría promoverlo el Poder Ejecutivo, por ejemplo, enviando un proyecto de ley al Congreso. Sería un gesto político contundente, incluso aunque no consiga los votos para su aprobación. Sería una forma de pedir que se cumpla con la Constitución –algo que suelen incluir en sus discursos los jueces de la Corte Suprema más extrovertidos— y de agotar los caminos posibles y trasladar luego la responsabilidad al Congreso de analizar la situación de abusos de suma del poder público que reinaría en la provincia.

En mayo diputados del Frente de Todos referenciados con el Frente Patria Grande –que lidera Grabois— presentaron un proyecto para intervenir la justicia jujeña precisamente “para garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema republicano”. Propusieron la designación de un/a interventor/a y declarar en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al Titular del Ministerio Público Fiscal, Sergio Lello Sánchez, un leal a Morales que arrastra, además, graves denuncias de violencia laboral y de género. Firmaron la propuesta Federico Fagioli, Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Natalia Souto entre otros.

La oposición no debería escandalizarse, ya que sus propios miembros han alentado proyectos similares, aunque en otras provincias. La diputada del Bloque Evolución Radical Carla Carrizo, por caso, propuso el año pasado la intervención del Poder Judicial de Santiago del Estero. También sugería un/a interventor/a, hasta con facultades de remoción y designación de jueces/zas. La puesta en comisión implicaría la posible remoción, aunque sus reemplazantes quedarían sujetos a confirmación. Esa misma provincia, cuando estuvo intervenida en 2004, tuvo jueces en comisión. Por supuesto, se trata de mecanismos a ser diseñados con debate y cautela. 

Esta semana, a raíz de la situación con Milagro Sala, el tema resurgió en el Senado, donde un proyecto para intervención del Poder Judicial de jujeño que había presentado el senador por esa provincia, Guillermo Snopek, perdió estado parlamentario pero un grupo de senadores analiza volver a plantearlo. Oscar Parrilli planteó públicamente la posibilidad de estudiar esta alternativa. Puso énfasis en que el asunto excede la cuestión de la referente de la Tupac. Jujuy, queda claro, ha sido “una muestra” recargada de los manejos judiciales arbitrarios del macrismo, visibles también en la justicia federal porteña, siempre en alianza con el poder mediático, e imaginables en cualquier esquema de poder de la derecha, en esencia antipopulista. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/434027-mas-alla-de-los-gestos-que-puede-hacer-el-gobierno-ante-la-d