Magdalena Odarda: "Quieren desalojar a los pueblos originarios porque van por la tierra"

Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), está contenta pero alerta. Es porque el Senado aprobó la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial que suspende los desalojos de las comunidades de pueblos originarios, pero para que sea ley falta su tratamiento y sanción en la Cámara baja. «Se partió el bloque de Cambiemos y el radicalismo acompañó con sus votos, nos habíamos reunido para que tuvieran todas las carpetas técnicas y se aprobó con 42 senadores a favor, dos en contra, y hubo siete abstenciones. Es un gran logro de las comunidades y de todo el equipo de INAI, pero estamos luchando para que Diputados lo trate el 10 de noviembre, no queremos que se dilate porque las comunidades indígenas están muy preocupadas, el 23 se vence la protección contra desalojos compulsivos en todo el país», expresó Odarda. En diálogo con Página/12, la funcionaria adjudicó el regreso del discurso racista y discriminatorio hacia los pueblos originarios a un intento de hacer caer esa norma, por razones políticas y económicas en plena campaña electoral.

Al mismo tiempo que destacó la labor de la senadora salteña Nora Giménez, «que fue una luchadora en la sesión», Odarda dijo que la ley debe ser aprobada antes de las elecciones. «Hay gente movilizada en distintos lugares del país, sería una falta de respeto que tuvieran que dejar los acampes y después volver. Además, esta avanzada de un discurso racista se va a profundizar si se demora mucho el tratamiento, entendemos que tiene que ser lo antes posible para que los diputados puedan acompañar a sus comunidades de cada provincia y dar tranquilidad a las familias, porque si la ley no se prorroga, empiezan los desalojos. Sin esta ley de cobertura que los suspende se van a producir en forma masiva, y eso va a alterar la paz social en forma considerable. Incluso se caerían todos los convenios que ya tenemos firmados como el que concretamos con Neuquén, para relevar 43 comunidades, con Jujuy, Salta, Misiones, Chaco, Santa Fe y San Juan. Tenemos en carpeta hacerlo Chubut, Santiago del Estero y Catamarca. Si se cae la ley pierden validez y volvemos a foja cero», expresó la funcionaria nacional, abogada experta en derecho indígena, oriunda de Córdoba. 

La titular del INAI admite que la ley de Emergencia Territorial, como su nombre lo indica, es una respuesta provisoria e insuficiente. «La única vía para resolver los conflictos existentes de los pueblos indígenas con el Estado son estas políticas públicas, con la 26.160, y una vez terminados los relevamientos y demarcaciones territoriales hay que poder sancionar la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que es una deuda desde la reforma de la Constitución. Además, desde la sentencia de Lhaka Honhat el Estado argentino debe entregar títulos comunitarios en el norte de Salta«. (NdR: La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio la razón a esa comunidad en el reclamo que le inició al Estado en 1998 con patrocinio del Cels, y debe recibir un título único de propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas de tierras ancestrales). 

–¿Qué piensa cuando escucha en televisión «indios al ataque»?

—Estamos escuchando discursos anacrónicos que tienen una intencionalidad por las próximas elecciones. Lamentablemente buscan votos profundizando el odio y llamando a la discriminación racial. Pero hay un motivo netamente económico, hay muchos sectores que están esperando que se caiga la ley, están acechando para hacer un nuevo despojo de los territorios indígenas. Son como aves de rapiña. Es una disputa de modelo de país, uno que va hacia mayores grados de igualdad y otro que vuelve atrás en la historia para justificar delitos de lesa humanidad y genocidios como los que se cometieron en Rincón Bomba, en Napalpí, en la mal llamada Conquista del Desierto. Me genera indignación y dolor porque la campaña termina el 14 de noviembre, pero el daño que van a producir en los cuarenta pueblos indígenas que tenemos en Argentina es muy grave. Asociar violencia y conflicto con pueblo indígena es un mensaje de alta gravedad institucional, y lo escuchamos también de representantes institucionales, que reivindican genocidio y operativos como los que hubo en el gobierno anterior, que terminaron con la vida de un joven como Santiago, y una matanza por la espalda a un pibe de Bariloche, que aún no tienen justicia. 

–La situación en Cuesta del Ternero-Lof Quemquemtrew recrudeció a partir del fallo en contra de un country de Bariloche. ¿Qué ocurrió?

–Un sector económico muy fuerte entiende que afectó sus intereses la resolución de INAI de agosto, que reconoció a la comunidad Celestino Quijada la ocupación actual, tradicional y pública. El juez Gustavo Zapata ordenó la apertura del camino que le habían cerrado hace más de siete años a esa comunidad por adentro del country Arelauquen, de vínculo con un grupo de inversión belga. Sus integrantes estuvieron todo este tiempo obligados a hacer kilómetros caminando, entre la nieve, para ir a la escuela, el hospital o a comprar alimentos. Es la primera vez que alguien pone un poco de justicia, y enojó mucho al intendente de Bariloche que en persona vino a impugnar la resolución de INAI en contra de la comunidad, con los mismos argumentos de los abogados del country. 

–¿Qué pasó en Consenso Bariloche?

–Fue una reunión en plena campaña electoral con los candidatos de la oposición y del gobierno de Río Negro, estuvieron Daniel Sabsay, Miguel Angel Piccheto y los abogados de los empresarios como Luciano Benetton y Joe Lewis. Hubo discursos muy racistas en contra de las comunidades y de los relevamientos territoriales. Fui invitada pero manifesté que no iba a ir porque no habían invitado a los principales protagonistas, que son las comunidades indígenas.

–¿Río Negro sigue negándose a firmar el convenio para los relevamientos?

–Así es. En esa provincia hay más de 100 comunidades que lo están esperando desde hace años. Enviamos tres pedidos y no hemos recibido respuesta. Además, jamás ha entregado un título comunitario indígena como han hecho otras legislaturas, lo cual atenta contra la propia Constitución provincial. Y por otra parte Lewis se dio el gusto de cerrar totalmente el acceso al Lago Escondido, con la anuencia del gobierno de Río Negro, que debió haberlo abierto hace 10 años. Construyeron un gran vallado con cámaras de seguridad en un camino público, violando una sentencia a favor de los ciudadanos para abrirlo. Este empresario inglés tiene un aeropuerto enorme en zona de frontera, y a dos horas de las Islas Malvinas, que no sabemos qué hace porque no tiene radares. El gobierno de Río Negro tampoco habla de eso, criminaliza los reclamos sociales pero a los poderosos les permite hacer lo que se les antoja violando la ley. Peleamos desde hace 16 años por esa apertura, la justicia nos dio la razón pero, en lugar de abrir el camino, lo vallaron y pusieron cámaras.

–La gobernadora Arabela Carreras acusó al gobierno de no apoyarla, pero le enviaron a Gendarmería. ¿En qué medida esto contribuye a la paz social?

–INAI fue el único organismo que se presentó en la justicia pidiéndo una mesa de diálogo por el conflicto con la comunidad Quemquemtrew, para poner sobre la mesa la información sobre el manejo de tierras en Río Negro, a quién corresponde la titularidad y qué actos administrativos se hicieron para entregar territorios a empresarios sin pedir un peso a cambio, porque son tierras fiscales. El juez debe convocar de inmediato al diálogo porque es muy peligroso lo que puede suceder allí. No es de manera represiva la forma de abordar esta situación. 

Entiendo que el gobierno tuvo que aceptar el pedido de la gobernadora (de envío de fuerzas federales), pero en forma paralela, a través nuestro, pide una mesa de diálogo, que se firme el convenio de relevamiento de tierras, que se entreguen títulos comunitarios. El gobierno nacional ya ha dicho que no va a hacer la Campaña al Desierto ni va a reprimir como el anterior a Maldonado y Rafael Nahuel, fue muy claro el ministro de Seguridad. 

Mientras tanto, se vuelve a lo que pasó con los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri, que instalaron el enemigo interno y lo asociaron con el pueblo mapuche, que es esencialmente pacífico, y del cual podemos aprender mucho respecto de ser parte y no dueño de la tierra. 

Rechazamos todo tipo de violencia y, si hay episodios violentos, la justicia debe investigarlos. Pero asociar al pueblo indígena con la violencia cuando ni siquiera se cumplen las políticas públicas que existen, como la ley 26.160, es muy injusto. Primero cumplamos la ley y después acusemos, pero con pruebas. 

El pueblo mapuche fue acusado de haber iniciado los incendios en la comarca andina, pero cuando los peritajes determinaron que eso no fue cierto ni siquiera se le pidió disculpas. Eso genera mucha indignación, sobre todo cuando el primer muerto calcinado en esa tragedia fue un anciano mapuche, que murió junto a su caballo y su perro. Esa imagen me llena de dolor e impotencia ante tanta acusación injusta que nos lleva al pasado, a 1880. 

Los gobiernos populares fueron avanzando, Alfonsín estableció la política indígena, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner impulsaron leyes fundamentales, pero esos discursos son el lobby de los sectores que van por la tierra, los recursos naturales y por el agua, ahora para que se caiga una de esas leyes, la de Emergencia Territorial. No quieren que haya suspensión de los desalojos porque van por la tierra.