Leandro Bravo: Agravan la situación de los policías ante el inminente juicio oral | A un año del asesinato del joven en Chaco

La fiscal de Derechos Humanos Adjunta de la localidad chaqueña de Sáenz Peña, Silvia Slusar tomó una nueva declaración indagatoria y recalificó la situación legal de dos de los cuatro policías que están detenidos desde hace casi un año por su intervención en la detención ilegal y posterior fallecimiento de Leandro Bravo, ocurrida el 26 de febrero de 2022 en la ciudad de Charata, provincia de Chaco. La Fiscalía agravó la acusación contra el oficial subayudante Alexis Fleitas Noguera al imputarle el delito de falsedad ideológica, por intentar ocultar su responsabilidad en la detención ilegítima y posterior muerte de Bravo. En tanto, al agente Enzo Gómez se lo imputó como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte. En septiembre se había producido la tercera dilación para que el caso sea elevado a juicio oral, algo que ahora estaría más cerca de concretarse. La lucha de la familia de Bravo y la movilización popular, que habían revertido el caso exigiendo una segunda autopsia, siguen reclamando justicia a un año de los hechos.

Leandro Bravo tenía 37 años y murió bajo custodia policial luego de haber sido levantado de la calle en medio de una golpiza que le propinaron en el suelo tres policías. Los golpes siguieron en un patrullero, y llegó al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas. El 14 de marzo de 2022 fueron detenidos y acusados de tormentos seguidos de muerte los agentes Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Gómez. 

Con el tercer cambio de carátula y la orden de exhumación del cuerpo para hacer una segunda autopsia a cargo de la médica forense Virginia Creimer y su equipo, la historia de Leandro llegó a la portada de los diarios locales. La hermana de Bravo, Florencia Sánchez, miembro del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, había dicho a este diario que su hermano «Leo tenía consumo problemático de sustancias, y su situación se agravó cuando en el 2017 la policía del 911, de nuestra ciudad Charata, lo detuvo en la vereda de su casa porque estaba discutiendo con un vecino, lo redujeron de forma muy violenta, le pegaron y lo subieron al patrullero». Esta situación quedó registrado con videos grabados desde los celulares de varios vecinos. La otra hermana de Leandro, Déborah Sánchez, es abogada y fue directamente a la comisaría, donde esperó la llegada del patrullero. «Estaba ensangrentado, golpeado, inconsciente. El médico legal se negó a atenderlo, mi hermano estuvo tirado en el piso casi sin poder respirar», contó. 

Luego de estas torturas se agudizó su situación de consumo problemático. Leandro abandonó su trabajo en el Poder Judicial, sus vínculos y sus estudios de Derecho. La policía siguió hostigándolo cuando quedó en situación de calle. El 26 de febrero del 2022 salió a comprar una cerveza y vio que se acerca un patrullero, entonces empezó a gritar a una vecina. «Betty, Betty, por favor, ayudame, abrime». En las imágenes de las cámaras vecinales y de seguridad se ve que no se resite, lo detienen de forma muy violenta, lo reducen, le ponen las esposas, comienzan a pegarle en el piso, y lo tiran a la caja. No lo dieron asistencia médica y lo llevaron al Hospital de la Ciudad cuando ya estaba sin vida,

«En este aniversario junto a los familiares y a las organizaciones los acompañan seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia, sabemos que no es el único pibe ni la única piba que ha sido asesinado por la policía, no lo vamos a olvidar», expresó Creimer, autora junto a su Consultora Pericial de la segunda autopsia que dio vuelta la causa.