La justicia investigará si Isabelita, la infiltrada en Madres, estuvo involucrada en los secuestros de la iglesia de la Santa Cruz | Por impulso de la fiscalía y de la Secretaría de Derechos Humanos

Isabelita supo pasar bajo el radar durante décadas. Ingresó al Cuerpo de Informaciones en 1969 y allí fue haciendo carrera. Durante la dictadura estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo. En los primeros años de la democracia, fue una de las integrantes de la PFA elegidas para investigar el ataque al cuartel de La Tablada. Hacia mediados de la década de 1990 se convirtió en la jefa de estudios de la Escuela Federal de Inteligencia –donde se formaban los integrantes de la PFA que se iban a dedicar a esa especialidad–. En 2004, después de que Néstor Kirchner asumió el gobierno, se retiró. Sin embargo, siguió dando clases en el Instituto Universitario de la PFA al menos hasta 2019.

Isabelita había sido denunciada ante la justicia en 2013 por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré. La funcionaria había creado un Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) para analizar legajos y otros documentos que estaban en poder de las fuerzas. Como parte de esa tarea, los expertos dieron con el legajo de Isabelita.

En esa carpeta, hay una especie de certificación de servicios que dice: “Habiendo estado infiltrada en la agrupación Madres de terroristas, siendo detectada”. En ese entonces, la PFA les decía “Madres de terroristas” a las Madres de Plaza de Mayo, por lo que puede facilmente deducirse que ése fue el destino de la mujer.

Hay otro elemento de interés en el legajo: en diciembre de 1982, el jefe del departamento de Situación, Eduardo Pedro Antoniuk, recomendó el traslado de Isabelita a Mar del Plata. Su superior explicó que sería beneficioso para que la mujer estuviera con su pareja –un agente del Batallón de Inteligencia 601– y porque había aparecido en una “denuncia realizada en el ámbito internacional por un exintegrante de un organismo de seguridad como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva”.

La denuncia a la que se refería Antoniuk es una larga declaración que dio Luis Alberto Martínez, otro exintegrante de la PFA que operaba con el Batallón 601 al que habían arrestado en 1981 en Suiza mientras intentaba cobrar un secuestro extorsivo que había hecho en Buenos Aires. Detenido en Europa, el “Japonés” Martínez dijo que la PFA había estado involucrada en los secuestros de la Santa Cruz – que fue un operativo que comandó la Marina a partir de la infiltración de Alfredo Astiz–. En ese momento fueron secuestradas tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo –Azucena Villaflor, Esther Careaga y Mary Ponce de Bianco– y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet junto a otros siete activistas.

“Se había infiltrado entre las Madres de Plaza de Mayo una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia, anexado a Seguridad Federal”, dijo Martínez en plena dictadura. A Isabelita la describió como una mujer que usaba el pelo largo en una cola y dijo que había vivido con las monjas francesas en una casa que pertenecía a la Curia en la calle Viamonte entre Paraná y Montevideo.

Al momento de la denuncia de Garré, el juez a cargo de la causa ESMA –Sergio Torres– hizo una serie de medidas para comprobar lo que había dicho el “Japonés” Martínez pero no encontró suficientes elementos. Por ejemplo, la Iglesia le respondió que no existía ninguna casa que le perteneciera en esa zona. Sin embargo, este diario apuntó que, en realidad, Martínez podría haberse referido a una pensión de mujeres que funcionaba en Viamonte 1596 –según surge de una nota que había sido publicada por La Nación sobre las cúpulas más atractivas de la Ciudad de Buenos Aires–.

La SDH –que conduce Horacio Pietragalla Corti– pidió que se desarchivara la investigación sobre Isabelita y aportó un extenso informe que hizo el exPrograma Verdad y Justicia sobre el Cuerpo de Informaciones –el organismo al que pertenecía Isabelita–. Los expertos de la SDH analizaron decenas de legajos y la normativa disponible sobre ese ente cuyo funcionamiento aún sigue siendo bastante misterioso.

El miércoles, el fiscal Taiano se plegó al pedido de la SDH, por lo que el juez Lijo –que subroga en el juzgado que dejó vacante Torres– decidió la reapertura de la investigación sobre el rol que cumplió esta exagente de 74 años. Por el momento, Lijo dispuso medidas tendientes a reunir información completa sobre la espía –cuyo nombre completo e imagen no se divulgan para no entorpecer posibles reconocimientos en sede judicial–.