La extrema derecha ya huele el poder en España

Desde Sevilla

La extrema derecha española ya no se conforma con condicionar desde fuera los gobiernos conservadores a los que brinda apoyo parlamentario. Ahora exige tocar poder y Castilla y León, la región más extensa de España y una de las más afectadas por el proceso constante de despoblación en el interior, va camino de ser una de ellas.

El pasado domingo se celebraron elecciones regionales en esa comunidad, gobernada desde hace más de 30 años por el Partido Popular, y Vox, que en 2019 había conseguido un sólo escaño, multiplicó sus apoyos para convertirse en la tercera fuerza política con 13 diputados. Su apoyo resulta imprescindible para que el conservador Alfonso Fernández Mañueco, del PP, continúe al frente del gobierno regional. El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ya ha puesto precio: exige que los suyos entren en el ejecutivo.

La irrupción en Andalucía

La extrema derecha irrumpió en la política española en la elecciones regionales de Andalucía, celebradas en diciembre de 2018, cuando sorpresivamente consiguió 12 de los 105 escaños del parlamento regional. En aquella ocasión su apoyo también era necesario para investir presidente a un candidato del Partido Popular, el primero no socialista en la región más poblada de España desde la instauración de la autonomía en 1981.

Vox optó por apoyar la investidura, brindar apoyo parlamentario al nuevo gobierno y condicionarlo desde fuera. Tras esa irrupción, cada vez que se le presentó la oportunidad optó por modelos similares en gobiernos municipales y autonómicos: respaldo parlamentario a gobiernos de derecha pero sin entrar a formar parte del gobierno.

Ahora, montado en una ola de apoyo creciente, Abascal -que impulsa una alianza europea con otros líderes ultras como el presidente húngaro Viktos Orban- está dispuesto a dar un salto cualitativo y pone un precio más alto: quiere colocar a su peones en los gobiernos regionales.

La maniobra de Abascal podría sonar contradictoria, ya que su partido reniega del Estado de las Autonomías, la forma de gobierno descentralizada de la que España se dotó con la Constitución de 1978, y aspira a volver al Estado centralizado que desapareció con el dictador Francisco Franco. Las autonomías, con sus competencias fundamentales como sanidad, educación, justicia, obras públicas o cultura, suponen en el discurso incendiario de Vox la expresión de todos los males que afectan a España, pero son, al mismo tiempo, una oportunidad incomparable para acumular poder y financiación para su gran objetivo: entrar en el gobierno de España cuando se celebren las elecciones generales a finales de 2023.

El PP, entre la espada y la pared

La exigencia de Vox, que ya ha anunciado que lo primero que hará desde el gobierno será derogar las leyes regionales de Memoria Histórica y contra la violencia machista, pone al Partido Popular entre la espada y la pared. Aunque en España la cultura de no pactar con la extrema derecha vigente en países como Alemania o Francia no está ni mucho menos arraigada, un eventual gobierno de coalición con Vox, aunque fuese a nivel regional, sería un golpe al prestigio del PP en Europa. Algunas de las tesis de la extrema derecha -como el negacionismo en el cambio climático, el euroescepticismo, la criminalización de los inmigrantes o la negación de derechos ya consolidados como el aborto o el matrimonio igualitario- son inaceptables para la mayoría de los liberales y conservadores europeos.

Además, en el PP existe el temor a que una entrada de Vox en los gobiernos regionales, con las elecciones andaluzas ya en el horizonte, se conviertan en un estímulo para los votantes de izquierda que bloquee el cambio de ciclo político con el que sueñan para el año que viene.

Pero por otro lado, entienden que con el hundimiento de Ciudadanos, la formación liberal con la que ha tenido pactos pero que se va desintegrando a medida que se celebran elecciones, no le queda más remedio que entenderse con Vox. Hasta dónde están dispuestos a ceder es ahora el gran dilema que deberán resolver.

De momento, se enfrentan a esta disyuntiva con diferencias internas. El presidente nacional, Pablo Casado, se niega que se firme un pacto de gobierno con Vox y exige a Fernández Mañueco que alcance primero un acuerdo con los partidos provinciales para después pedir la abstención de la extrema derecha en la votación para la investidura del presidente. Para los dirigentes nacionales del PP, el más beneficiado de un pacto de gobierno con Vox serían los socialistas, que contarían con munición gruesa para atacarlos en los próximos procesos electorales.

El candidato, sin embargo, se niega a descartar de plano un acuerdo de gobierno con la extrema derecha y reivindica su competencia para tomar decisiones con autonomía en Castilla y León.

En contra de Fernández Mañueco pesa haberse mostrado como un estratega lamentable. Hasta hace dos meses gobernaba plácidamente en coalición con los liberales de Ciudadanos y decidió forzar la ruptura del pacto para convocar unas elecciones anticipadas en las que aspiraba a conseguir la mayoría absoluta absorbiendo a los votantes de sus aliados. Ciudadanos, como estaba previsto, se hundió electoralmente pero sus votos no fueron al PP, sino a Vox. Sin necesidad, Fernández Mañueco metió a su partido en un problema del que ahora no sabe cómo salir.