La causa por la «Gestapo» antisindical por ahora sigue lejos de Comodoro Py | El juez Kreplak rechazó enviarle el expediente a su par Martínez de Giorgi

El juez federal platense Ernesto Kreplak sigue resistiendo los embates para sacarle la causa de la llamada «Gestapo» antisindical, que se inició tras el hallazgo de un video en el que se veía cómo espías, funcionarios de María Eugenia Vidal, el intendente Julio Garro y empresarios concertaban cómo armar causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Este lunes, Kreplak rechazó un pedido de su colega Marcelo Martínez de Giorgi para mandarle el expediente a los tribunales de Comodoro Py.

La causa de la “Gestapo” es la única investigación sobre el espionaje durante el macrismo que no tramita en los tribunales de Retiro. Sin embargo, los imputados siguen bregando por llevarla hacia un territorio más amigable. Uno de los que se dedicó a esa tarea fue Juan Sebastián de Stefano, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos. Pese a que el fiscal Franco Picardi no estuvo de acuerdo con reclamar la causa de Kreplak, Martínez de Giorgi sí apoyó el planteo del exjefe de Jurídicos de la exSIDE.

Martínez de Giorgi entiende que el episodio de la “Gestapo” –centrado en la persecución a Medina– debe investigarse dentro de una trama más grande. Desde principios del año pasado, él se hizo cargo de la investigación que se inició en Lomas de Zamora y que está enfocada en las tareas ilegales que llevaron a cabo los espías conocidos como Súper Mario Bros y en el espionaje que se practicó sobre aquellos exfuncionarios kirchneristas o empresarios afines que estuvieron presos en el penal de Ezeiza. Kreplak, por el contrario, sostiene que mandar su investigación a Comodoro Py sería “contraproducente” para la continuidad de la pesquisa.

Para rechazar el pedido de su colega de los tribunales de Retiro, Kreplak dio una serie de argumentos vinculados al objeto de la causa que se inició el 27 de diciembre pasado tras la denuncia de la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño. Entre estas razones se cuentan:

• El juzgado de La Plata investiga la elaboración y puesta en práctica de una estrategia parajudicial para resolver la conflictividad asociada con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Plata, gremio que lideraba Medina. Esa estrategia se planificó e implementó entre mayo de 2017 –cuando tuvo lugar una reunión en la Casa Rosada en la que participaron, entre otros, Macri, el exdirector de la AFI Gustavo Arribas y Marcelo Villegas, el entonces ministro de Trabajo bonaerense– y septiembre de ese año, cuando Medina terminó preso. El plan involucró la presentación de denuncias anónimas que se hacían en base a tareas ilegales de inteligencia.

• Las reuniones que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, como la que se llevó adelante en junio de 2017 en el Banco Provincia y que fue filmada por la propia AFI, fueron un “acto preparatorio” para organizar lo que era el fin último de la estrategia –la presentación de las denuncias que llevarían a Medina a la cárcel–.

• El eje de la causa de la “Gestapo” es el lugar donde se judicializó la situación de Medina. Todas las denuncias fueron en La Plata; a excepción de una –que también se inició con un anónimo– en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.

• El conflicto entre la UOCRA y las cámaras empresariales se daba en La Plata o Ensenada. Por eso, la aplicación del plan indefectiblemente fue allí. Una prueba de ese interés es que el único jefe distrital que estuvo presente fue Garro, intendente de La Plata.

• Los imputados y los posibles damnificados –en su mayoría– son de La Plata o de Ensenada.

• A Medina lo espiaron en Ensenada. Eso mismo lo confirmó un agente de los Súper Mario Bros que declaró en la causa como testigo, Leandro Araque. Hay también documentación sobre cómo la delegación AFI de La Plata seguía a los referentes de la UOCRA local. Esos documentos fueron relevados por el juez Alejo Ramos Padilla en la causa sobre las llamadas bases AMBA que implementó la exSIDE macrista entre 2016 y 2017.

• Pese a que Kreplak dijo que entiende que el plan se pergeñó desde los escalones más altos del gobierno nacional –lo que apuntaría hacia Macri– y del gobierno bonaerense –lo que se enfocaría en Vidal– por el momento no hay imputaciones en ese sentido. El juez no hizo nuevas citaciones a indagatoria después de dictar los procesamientos de Villegas, Garro, el exsecretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial Juan Pablo Allan, De Stefano, el exdirector operacional de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra y de Darío Biorci, exjefe de gabinete del organismo que dirigía Arribas.

• Si bien hay algunos imputados que coinciden en la causa de Martínez de Giorgi y en la de Kreplak, como De Stefano y Dalmau Pereyra, no son todos los mismos. Por ejemplo, en La Plata están procesados funcionarios provinciales y están imputados empresarios de la construcción.

• Con el espionaje, sostiene Kreplak, debería seguirse la misma estrategia que se siguió con la investigación de los crímenes de la dictadura –que se investigan en el lugar de comisión de los hechos y no donde se dieron las órdenes–.

Inevitablemente la disputa entre Kreplak y Martínez de Giorgi llegará a la Cámara Federal de Casación Penal. En ese tribunal, dos salas distintas ya dijeron que las causas de espionaje debían investigarse en los tribunales porteños porque las órdenes, en todo caso, se dieron desde la sede central de la AFI, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Hay otros planteos pendientes tanto en los tribunales de Retiro como en la propia Cámara Federal de La Plata. En Comodoro Py, el camarista Martín Irurzun anuló días atrás la resolución del juez Daniel Rafecas que rechazaba pedirle la causa a Kreplak. En el tribunal de apelaciones platense, el juez Jorge Di Lorenzo tiene que resolver planteos de tres de los imputados –Grassi, Garro y Allan– para mandar el expediente hacia la tierra prometida de Comodoro Py. El fiscal ante la Cámara Federal platense, Diego Iglesias, apoyó su pedido.