En la madrugada del miércoles la policía de Gerardo Morales comenzó a patear puertas y revolver las casas de por lo menos once dirigentes sociales Jujuy y cinco domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones con órdenes de allanamiento del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. “Asociación ilícita”, es la imputación para todo el mundo. La excusa, que encaja y aprovecha el contexto de debate por el manejo de los planes sociales, agita acusaciones por supuestas presiones sobre el reparto de esos beneficios y la asistencia a movilizaciones. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, repudió «el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales». Desde la provincia, abogados/as y referentes reclaman la intervención del Poder Judicial local.

El golpe contra las organizaciones también impactó en otros lugares del país: el martes se produjeron 23 allanamientos en sedes de la CCC, gran parte en Ciudad y en el Gran Buenos Aires.

Los allanamientos de Jujuy se produjeron en San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua, en domicilios que pertenecen a dirigentes del Movimiento Evita, Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CETEP, Nuestra América, el MTR 12 de abril y el Frente Darío Santillán. Algunos de los procedimientos fueron violentos, la policía entró a los golpes y en casas donde no había nadie, incluso en la vivienda de una concejala de la Tupac Amaru, Fanny Martínez en Calilegua, sin contemplar los requisitos para alguien que tiene fueros (por ejemplo, deberían llamarlo/a a indagatoria con intervención de un juez/za de control). En más de una lugar impidieron el ingreso de abogados y abogadas. La orden de los operativos incluyó al merendero Patito Feo y Centro Comunitario Chirolita, la Cooperativa de Trabajo Cristo Vive donde funciona un movimiento barrial, un comedor y merendero del Movimiento Evita, una sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos otra del FOL.

Jackie Salguero, de 36 años, se ocupa del Merendero Evita y del Comedor Manitos Unidas. Desde la semana pasada varios vecinos/as le advertían que había una camioneta rondando de manera insistente el domicilio. En la mañana del miércoles varios policías golpearon su puerta y le dijeron que era un allanamiento. Los recibió con su bebé en brazos, que sufre bronqueolitis, y empezaron a revolver su casa y lugar donde asisten chicos/as y gente del barrio. Querían computadoras, pendrives, celulares, cualquier dispositivo tecnológico con memoria, además de papeles de la organización, cooperativas y planes sociales. «No tengo nada, soy una persona humilde, apenas un celular, que fue lo que finalmente se llevaron después de tratarme con prepotencia. Intenté filmar, tomar registro de algo de lo que pasaba pero no me dejaron», contó la mujer a Página/12. Casi a la vez, los niños y niñas que van a tomar clases de apoyo a la sede del FOL quedaron aterrorizados con el despliegue del operativo policial delante de ellos. Es un lugar donde van a comer unas 150 familias.

Alejandra Cejas, ex diputada y abogada de varios/as dirigentes, se encontró con que le querían prohibir la entrada a la casa de Jackie, a quien fue a ayudar. Recién después de insistir más de media hora se lo permitieron. «Otra vez usan la figura de asociación ilícita para perseguir. Acá en Jujuy se caldeó el ambiente después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. Como en esta provincia no hay Estado de derecho ni justicia independiente las organizaciones están expuestas a estos ataques. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) —que inició esta ofensiva– es un ente creado por Morales cuando asumió la gobernación, integrado por allegados a él del radicalismo», señaló Cejas en diálogo con la AM750. «Hay un relato que repite Morales y es que las organizaciones obligan a la gente a marchar. Esto una cacería para sostener ese relato, aplicándoles la fuerza a los más humildes. El que más planes maneja aquí es el propio Gerardo Morales, 82.000 son, mientras las organizaciones con suerte llegarán a 25.000. Ahora hace campaña con ese relato que pone a las organizaciones como el enemigo, porque con Milagro Sala ya no le sirve hacer eso«, le explicó Cejas a este diario. Advirtió que denunciarán las irregularidades y que las organizaciones insistirán en el pedido de intervención del Poder Judicial de Jujuy, sobre lo cual hay proyectos en el Congreso, aunque poco avance.

La acusación

El fiscal Funes dice en su dictamen que un grupo «de personas a establecer, bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva, amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica (…) un grupo se encargaba de ofrecer los planes Potenciar Trabajo, Contingencia, etc, otros se encargaban de controlar la asistencia y marchas y protestas organizadas por diferentes organizaciones sociales, otros de cobrar el dinero y recaudar mensualmente la renta (…) otros ejercían directamente intimidaciones». Las defensas se presentarán este jueves para «ponerse a derecho».

Funes está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2. Es el segundo debajo de Sergio Lello Sánchez, jefe del MPA, es decir de todos los fiscales, y alguien del riñón de Morales. Además de caratular la causa que impulsó por oficio –es decir, por su cuenta, sin una denuncia concreta– le agregó extorsión. Lello Sánchez, además de ser arquitecto de la persecución a Milagro Sala, tiene denuncias graves por violencia laboral y de género.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también alertó sobre este ataque a las organizaciones e informó que varias de las personas allanadas son las que «hacen las tareas administrativas de los planes sociales» de la Tupac, el FOL, Nuestra América y el Movimiento Evita. «Como ocurre en CABA, la fiscalía alineada con el poder político usa la ifgura de la asociación ilícita para profundizar la criminalización de las organizaciones sociales locales. Los mensajes que estigmatizan a los movimientos sociales no son inocuos, habilitan escaladas en la persecución política«, tuitearon desde el organismo de derechos humanos.

A José David Surita, responsable provincial del movimiento Evita Jujuy, le allanaron su casa en Maimará mientras él estaba en San Salvador, trabajando. «Un vecino me avisón que entró la policía con una fiscal, se llevaron teléfonos Nokia viejos y pendrives. En 2017 vivimos algo similar, después de la apertura de sesiones cuando expresamos nuestro descontento: represión con infantería, caballería y a los diez días las órdenes de allanamientos. A un delegado de ATE hasta le pusieron la escopeta en la cabeza .La violencia institucional que ejerce el gobierno contra los que no estamos de acuerdos con sus políticas es típica de la dictadura. Esperamos ahora alguna señal del gobierno nacional y los legisladores», le dijo a este diario.

«A las siete de la mañana allanaron mi casa en Coronel Arias, se llevaron mi celular, mi computadora. Como vivo con mi hermano se llevaron todo lo de mi hermano, que es ingeniero, también. Primero me asusté, pensé que venían a avisarme algo malo de mi familia. Fueron a mi habitación con un testigo y dieron vuelta todo», relata con furia Gonzalo Maurín, de Nuestra América y presidente de la Cooperativa Construyendo Esperanza. Estamos hartos de esta persecución desde hace siete años. «Nos tratan de planeros que le sacamos plata a la gente. Somos laburantes, trabajadores de la economía popular. Nos organizamos para tener el laburo que no nos dan. Nos allanan a nosotros y al hijo de Morales, por ejemplo, que recibe miles de millones por la plantación de marihuana nadie lo controla. La justicia de Jujuy carece de autonomía, está a la vista», se lamenta Maurín.

Más repudios

«Lo sucedido es otra muestra más del carácter represivo y autoritario del gobernador Morales que ordenó estos allanamientos simultáneos y sucesivos a todas las organizaciones sociales de Jujuy, excepto a las que responden a él», sostuvo Luis Paz, otro de los abogados de las organizaciones y sus militantes. Igual que Cejas, subrayó el enorme caudal de planes que maneja la gobernación. Ambos son parte del equipo de la defensa de Sala, y la primera reacción de la «(in)justicia» de Morales de la que fueron testigos la semana pasada tras la visita del Presidente a la líder de la Tupac, fue el envío de la notificación de que deberá cumplir una pena hasta el 21 de junio de 2024 por una causa insólita conocida como «la de las bombachas». Una agente penitenciaria se metió intempestivamente en la habitación de terapia intermedia donde estaba Sala para que firmara el aviso, pese a que la noche anterior ya la había recibido su hija en su casa y, pero, la propia defensa la había recibido la semana anterior. El equipo de abogados/as, además, ya había apelado porque considera que está cumplida esa pena.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señaló, tras recibir denuncias sobre los hechos, que «es evidente que la utilización del tipo penal de asociación ilícita pretende colocar a los dirigentes frente a la amenaza de la prisión preventiva. A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos, se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia». Vinculó los procedimientos masivos con la visita presidencial, de la que también participó Pietragalla, y exhortó «a las autoridades jujeñas a detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia».

Conferencia de Prensa

La UTEP convocó a una conferencia de prensa para el jueves a las 11 en el Salón Blanco del Congreso Nacional bajo la consigna Basta de persecución y estigmatización a los movimientos populares. El martes hicieron 23 allanamientos a la CCC en distintos lugares del país, explicaron, muchos en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. La jueza federal Alicia Vence de San Martín ordenó los procedimientos: «¡Todo por una denuncia de manejo de planes en el año 2017! Allanaron comedores y merenderos populares de los barrios más humildes», indicaron. También en Jujuy habrá movilizaciones. Las organizaciones convocaron a una concentración a las 9 en la Plaza de los Inmigrantes con el reclamo de Basta de Persecución política, dirigido directo a Morales.

 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/435050-la-caceria-de-la-policia-de-morales