La Asociación de Fiscales se opone a que los funcionarios judiciales paguen Ganancias | En pie de guerra para no perder sus privilegios

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), en línea con sus pares magistrados, puso el grito en el cielo ante la posibilidad de que sus socios deban pagar el impuesto a las Ganancias, tal como plantea el proyecto de Presupuesto 2023. La entidad invocó “la defensa de la institucionalidad y la legalidad” para oponerse al gravamen, que a su entender buscar “menoscabar la independencia e imparcialidad” de los fiscales. La Asociación Civil Justicia Legítima, en cambio, se manifestó “a favor de la igualdad impositiva, del rechazo a todo privilegio”, y consideró que seguir eximidos de un impuesto en el actual contexto social y económico “constituiría una deshonra más al ya desprestigiado sistema judicial”, por lo que llamó a la reflexión a “todes les judiciales” para que se planteen “dejar de lado toda mezquindad”.

El Gobierno reinstaló el debate el jueves al incorporar en el proyecto de Presupuesto un artículo para que jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen Ganancias igual que el resto de los mortales. El diputado Marcelo Casaretto, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, explicó que esa exención implicará en 2023 para las arcas públicas dejar de recaudar 237.000 millones de pesos, una cifra similar a la que el Estado recaudó con el Impuesto a las Grandes Fortunas, que se pagó por única vez y en el contexto de la pandemia. “Los trabajadores que ganan más de 330.000 pesos pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan un millón o dos millones mensuales, no pagan”, recordó, y pidió que “no me vengan con la independencia del Poder Judicial”.

La Asociación de Fiscales alertó precisamente sobre la iniciativa de “ciertos sectores de la política” que buscan modificar “arbitrariamente las condiciones de servicio, pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales”. La agrupación que encabeza el fiscal Carlos Rívolo (el mismo que debe investigar el magnicidio de la vicepresidenta CFK) sugirió que “se quiere disfrazar o confundir a la sociedad” invocando “un reclamo de tratamiento igualitario” cuando “en realidad sólo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a magistrados, funcionarios y empleados judiciales”. Añadió que el “llamado de atención” de la AFFUN “en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa” (sic), sino que busca “poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho”. Por último exhortó al Congreso a tener “una prudencia especial” para evitar “cualquier resolución que pueda interpretarse como una presión intolerable (sic) a la función judicial”.

Justicia Legítima, que nació hace una década para intentar “reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía” y “sacarlo del desprestigio al que lo habían llevado años de aislamiento”, recordó que el debate no es nuevo y que en 2017 se logró avanzar “incorporando dicho gravamen a los nuevos magistrades”. En el marco de su visión de un Poder Judicial “con sentido social, espíritu democrático, apego a los valores de igualdad e inclusión” y “que deje atrás el corporativismo, el elitismo y todo privilegio”, reiteró su posición “a favor de la igualdad impositiva, del rechazo a todo privilegio”. “Entendemos que jueces, magistrades, funcionaries y empleades deben abonar los mismos impuestos que les corresponden pagar a cualquier habitante del país”, añadió. Recordó además que la eximición de pagar Ganancias se da “en virtud de una interpretación constitucional cuestionable” y enfatizó que “en estas horas de zozobra de amplias capas de la población sumidas en la pobreza”, su continuidad “constituiría una deshonra más al ya desprestigiado sistema judicial”. “Ello, sin perjuicio de las críticas que formulamos al sistema tributario, el que debiera ser más justo y equitativo, aclaró.

Desde Costa Rica, en tanto, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) expresó su “profunda preocupación” ante un proyecto que “afectaría el salario” de jueces y fiscales. A modo de argumentación citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir que “los jueces cuentan con varias garantías que refuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar la independencia” en su tarea. El régimen salarial del que gozan “es clave” para que quienes se desempeñan en la Justicia, “con las limitaciones e incompatibilidades propias de esa honrosa actividad, puedan ejercer su función con independencia y fuera de toda injerencia”.