Menos de 24 horas después del debut testimonial de la comisión de Juicio Político – que comenzó, ni más ni menos, con un juez negando tener vínculos con un funcionario porteño mientras se filtraban unos (supuestos) chats que sostenían lo contrario -, el Frente de Todos se prepara para la segunda parte de una investigación que pretende hacer eje en la connivencia entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para este nuevo episodio, el protagonista será el elusivo fiscal Carlos Stornelli, quien será citado para testificar sobre el dictamen en el que solicitó archivar la causa por los chats entre el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. «Sería un papelón que Stornelli no vaya», lanzó, a modo de advertencia, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, aunque a su alrededor no se hacen muchas ilusiones. La citación, sin embargo, no será hasta dentro de dos semanas. En el interin, el oficialismo espera comenzar a recibir las primeras medidas de prueba documentales y, a su vez, prepara una denuncia por falso testimonio contra el juez Sebastián Ramos por haber negado mantener un «vínculo sistemático» con D’Alessandro.
La primera audiencia testimonial en el proceso de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue infructuosa. O al menos eso sostienen, satisfechos, desde el FdT. En primer lugar, porque el puñado de funcionarios de la Corte Suprema – muchos de los cuales venían sufriendo fuertes presiones – no solo terminó compareciendo y declarando, sino que ofreció algunos detalles sobre el movimiento de expedientes y el funcionamiento del Máximo Tribunal que desde el oficialismo no tardaron en tomar nota. Algunos datos que, si bien no tuvieron gran repercusión, el FdT guarda con celo: la oportuna inundación que arruinó las computadoras del despacho de Silvio Robles poco después que se filtraran los chats; la participación de Robles en las audiencias de conciliación por la coparticipación entre CABA y Nación; la falta de explicación (y la ausencia de un dictamen de la Unidad de Análisis Económico de la Corte) respecto a por qué se fijó en un 2,95 por ciento los fondos coparticipables de CABA; la existencia o no – dos testigos se contradijeron – de un chat entre todos los funcionarios de la Corte. Entre otros.
En el caso de los jueces federales, el «Ramos vs Ramos» rindió más frutos de los esperados. Alejo Ramos Padilla no solo cuestionó la decisión de Sebastián Ramos de archivar rápidamente la denuncia contra Robles y D’Alessandro, sino que dio cuenta de que si se iba a discutir sobre la legalidad de utilizar de escuchas ilegales en un juicio político había que tener en cuenta que «en mi caso lo hicieron». «Y ni más ni menos que por Paula Oliveto y Pablo Tonelli, los adalides de la República que dicen que no se pueden usar los chats», ironizó un integrante de la comisión que preside Carolina Gaillard. El juez Sebastián Ramos, mientras tanto, se terminó convirtiendo en el protagonista de la reunión debido a la nueva filtración de (supuestas) conversaciones entre este y Marcelo D’Alessandro. En su testimonio, sin embargo, el juez de Comodoro Py había asegurado que no tenía un «vínculo sistemático» con el funcionario porteño. «Incurrió en falso testimonio y hay que hacer la denuncia», aseguró un diputado oficialista. En efecto, la presidencia de la comisión está analizando tramitar la denuncia el lunes próximo, mientras que otros diputados analizan la posibilidad también de elevar otra denuncia al Consejo de la Magistratura.
Ahora, el siguiente paso será convocar como testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta por su participación en la causa que investigaba los chats entre Robles y D’Alessandro que Ramos archivó. «Ramos dijo que lo que había hecho era darle lugar a todo lo que le pidió el fiscal. ¿Quién era? Carlos Stornelli, quien recomendó el archivo. Si Robles hizo todo lo que recomendó Stornelli, vamos a escuchar a Stornelli para saber por qué ordenó archivar todo en tiempo récord», explicó Germán Martínez en declaraciones radiales, y advirtió que sería «un papelón» que Stornelli no se presentase. En la bancada oficialista, sin embargo, prácticamente nadie considera muy factible que el fiscal se presente en la comisión. «Probablemente no vaya, pero tiene la obligación de hacerlo», sostuvieron varios diputados oficialistas a Página12 que tienen muy presente que el fiscal fue declarado «en rebeldía» por haberse negado sistemáticamente a comparecer ante los llamados a indagatoria en la causa por la red de espionaje ilegal que funcionaba alrededor de Marcelo D’Alessio.
La citación será para el martes 7 de marzo, fecha para la cual también se convocarán a comparecer a otros tres funcionarios de la Corte Suprema. La semana que viene, mientras tanto, se reunirán los asesores de los diferentes bloques para ordenar el funcionamiento de la comisión – un reclamo realizado por la oposición – y también para comenzar a estudiar los primeros informes requeridos a distintas dependencias judiciales. La prueba documental que genera mayor expectativa, sin embargo, deberá esperar un tiempo. Esta es: el registro de llamadas entrantes y salientes de D’Alessandro y Robles.
Y es que si bien desde la conducción del FdT sostienen estar muy «satisfechos» por el desarrollo de la investigación, el cambio repentino de estrategia de Juntos por el Cambio representó un duro golpe (y un viraje también en su propia estrategia). El jueves, la coalición opositora denunció que el juicio político estaba «viciado de nulidad» por las medidas de prueba solicitadas y, temporalmente, vació el debate. A partir de ahora, el plan de acción de JxC para defender a los cortesanos consistirá en asistir a algunas reuniones a modo de delegación de «control» del proceso. Enfundados en un rol de supuestos «veedores» de la comisión, les legisladores opositores continuarán participando del debate, aunque no de todas las reuniones. «Cuando haya que defender a un testigo lo haremos, cuando haya que denunciar una nueva prueba irregular estaremos ahí para votar en contra. Solo no vamos a hacer de público del show que monten cuando traigan a testigos que vienen a repetir su libreto», explicó una diputada del PRO.
En la práctica, esta decisión llevó a que el FdT cediera al reclamo opositor de que los cruces de llamadas solicitados a la DAJUDECO sean solicitados previo a la autorización de un juez. «Los cagamos porque ellos venían a construir un escenario de impugnación y ahora con esta decisión ya no pueden», se jactó una diputada oficialista. En el FdT, sin embargo, no todos coinciden y más de uno observa con preocupación la forma en la que podría dilatarse el proceso. «Fue un exceso de garantismo de nuestra parte, si igual no van a cambiar lo que dicen de nosotros. Y ahora todo va a demorarse una eternidad», se quejó otro integrante de la comisión.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/526562-juicio-politico-a-la-corte-ponen-el-foco-en-la-connivencia-e