Giro en la causa de un joven desaparecido en un boliche neuquino hace 19 años | La bailanta con guardia militar

«A ese boliche no vamos, ahí desaparecieron a Ávalos«. La frase circula de boca en boca entre la juventud de Neuquén y se refiere al local El Fuerte-Las Palmas, donde hace 19 años entró el joven aspirante a contador público Sergio Ávalos, y nunca más salió. La custodia de esa famosa bailanta estaba a cargo de integrantes del Ejército en actividad, que durante dos décadas no dieron explicaciones sobre el crimen. Sin embargo, en los últimos dos años y ante un cambio en la querella, la investigación dio un vuelco. En las próximas horas, los abogados señalarán a los posibles imputados y pedirán sus indagatorias.

«Estamos bien, este crimen no quedará impune, empieza una nueva etapa muy difícil donde vamos a decir quiénes son los sospechosos, y vendrá el juicio, será un largo camino», dijo Sergio Heredia, uno de los representantes de la familia Ávalos. «Se están conociendo las caras de quienes estuvieron ocultos, de seguridad y de justicia, de quienes no hicieron nada y que aún hoy pretenden desacreditarnos», dijo Asunción Ávalos, padre del desaparecido. «Nunca me preparé para esto pero estoy perdiendo el miedo, el paso final será para que aparezca el cuerpo de mi hijo», agregó.

Sergio tenía 18 años, estaba en primer año en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue (UNC). Había llegado en 2003 desde un pueblito del interior, Picún Leufú, para estudiar la carrera de contador público nacional. Su padre era empleado del correo del pueblo, su familia tenía un pasar humilde, de modo que la UNC le dio alojamiento en un albergue estudiantil. La noche del 14 de junio Sergio y sus compañeros habían tomado unas cervezas en la pensión y cerca de las 3 de la madrugada decidieron ir a El Fuerte-Las Palmas. Eran del mismo pueblo. Los amigos lo vieron por última vez cerca de las seis, pero nadie lo vio salir del boliche. Habían quedado en encontrarse para ir a Picún Leufú por el Día del Padre, pero no apareció.

En 2014 la familia logró que la causa pase a la justicia federal como “desaparición forzada” –tras un dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó ante la Corte Suprema–, teniendo en cuenta que la seguridad en el interior del boliche estaba a cargo de personal contratado del Ejército en actividad, y afuera la custodia era de la policía provincial. En 2020 el abogado Heredia junto a su colega Leandro Aparicio comenzaron a intervenir en este caso, en el que nadie había puesto en evidencia un elemento clave: los miembros del Ejército no están autorizados por ley a hacer tareas de seguridad en un boliche, solo pueden hacerlas los retirados. Ni siquiera hubo sumarios en el Ejército, el jefe del batallón dijo que los militares en su horario libre podían hacer lo que quisieran. 

“El boliche y el ejército tenían toda la estructura para hacer desaparecer a una persona, incluso entre los empleados de la bailanta había ex militares pinochetistas. La municipalidad tampoco podía ignorar todo el avanzado sistema que tenían porque por la noche, los boliches y la droga son una caja importante de la policía, y, aun estando involucrados policías, en el caso investigaron ellos”, dice el abogado Heredia en el libro Desaparecer en democracia (Marea 2020). La querella verificó que los militares continúan en actividad y en altos rangos, al igual que los policías. Todos tienen puestos clave que les permiten manejar personal y recursos como para desviar cualquier investigación. Los tres policías neuquinos son oficiales, un comisario que está en el norte de la provincia, un subcomisario que se desempeña en el Departamento de Delitos y un comisario inspector que pasó a las fuerzas especiales. Del resto, uno sigue trabajando en el municipio y otros dos que se desempeñan en empresas de seguridad. 

En memoria del joven Ávalos, ayer hubo una marcha desde la plaza central de Picún Leufú hasta la plaza que lleva su nombre, donde centenares de vecinos acompañaron a la familia y descubrieron una placa en su homenaje. Por la tarde realizaron una radio abierta. «Quisiera saber si algún día la fiscal Taboada lo ve a Asunción Ávalos le diría lo que le dijo durante los primeros cinco años, ‘no ponga ningún abogado, confíe en mí'», expresó Aparicio. «A los funcionarios no les importan estas causas, les preocupa más si pierden una tarjeta de crédito. Acá no hubo ni viuda negra ni extraterrestres, Sergio entró al boliche y nunca salió. De eso vamos a hablar. Quiero darle al padre de Sergio la alegría de ver detenidos a los asesinos», agregó. Los letrados lamentaron que la UNC se haya retirado de la querella. «Vinimos a trabajar, tenemos que ubicar a personas de Picún que tienen que declarar lo que vieron, la defensa de los asesinos es que Sergio no entró al boliche. Así como esclarecimos el caso de Daniel Solano, vamos a resolver éste», dijo Heredia. «Pasaron 19 generaciones de contadores por ahí, pero nosotros queremos que Asunción tenga una respuesta como padre», agregó.

Desaparecer en democracia

En el marco de las actividades por los 19 años del crimen, la Colectiva Comum colocó su retrato hecho en mosaico en el aula de sesiones del consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, donde el joven era estudiante. En tanto, el viernes la familia Ávalos y los abogados de la querella convocan a la presentación del libro Desaparecer en democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina, con la presencia de la autora, Adriana Meyer, periodista de este diario.

Por su parte, la Asamblea Interclaustros de la Universidad Nacional de Río Negro expresó que «su desaparición, como toda desaparición forzada, implica la responsabilidad del Estado, y las consiguientes redes de impunidad de policías, fiscales y jueces en la causa. Este año el aniversario nos encuentra terminando de atravesar un proceso de criminalización en el que el Poder Judicial Federal ha puesto todos sus recursos técnicos y materiales en perseguir a los estudiantes y docentes que luchamos; es el mismo que durante los últimos 19 años viene encubriendo y garantizando impunidad en la desaparición de un compañero estudiante. Que nos digan dónde está, el Estado es responsable, basta de impunidad».