24 de octubre de 2026
El asesinato de una mujer por una deuda impaga en un préstamo informal muestra en Rosario la complicada dimensión que adquieren las acciones de las redes de usura. Una problemática que implica acciones violentas que se notan, sobre todo, en los circuitos del juego ilegal online, un fenómeno de gran penetración en sectores medios y bajos que empieza a aflorar en audiencias judiciales.
A este hecho cruento se suma la incertidumbre por la
desaparición hace 45 días de un joven de 25 años, desde el 8 de septiembre, cuando dejó de tener contacto con su familia. Se llama Franco Aguirre, vive en
la zona oeste de Rosario y, según la denuncia de su padre, antes de su inmotivada
ausencia había contraído deudas con prestamistas informales.
Este viernes hubo en Rosario una audiencia judicial donde
imputaron a tres personas por el asesinato de Natalia Andrea Giménez. Esta
mujer de 35 años había tomado un préstamo de 400 mil pesos y al mes debía
devolver 800 mil. No pudo. Un sicario entró a su vivienda de Abanderado
Grandoli al 3800, en la zona sur rosarina, y le provocó una muerte cruel que
tuvo todos los elementos de un mensaje. Lo hizo con golpes de puño y un
elemento cortante que abrió heridas de diferente profundidad. La mayoría en la
cara y en los ojos.
El mandato para semejante ataque provino desde una prisión
que está al lado de la Jefatura de Policía de Rosario. Está acusado de
ordenarlo Germán Angel Carrizo, a quien apodan Pelado, que cumple condena por
homicidio en la Unidad Penitenciaria 6. El que ejecutó el femicidio es Paulo
Alejandro Alvarez. También participó en la trama una mujer llamada Stella Maris
Palacio. Los tres fueron imputados de homicidio calificado por ensañamiento y
alevosía. Pero los dos últimos, en el marco del mismo caso, por usura agravada
por habitualidad.
Durante una requisa a la celda del detenido, le encontraron un cuaderno de anotaciones manuscritas, donde figuraban 54 operaciones de crédito, con referencias a nombres, números telefónicos, sumas entregadas y montos exigidos para su devolución. Una de ellas era la de la mujer asesinada.
Según planteó la fiscal Paula Barros este viernes ante el
juez Federico Rébola, se estableció que Alvarez y Palacio actuaban
conjuntamente tras desarrollar de forma habitual una actividad de otorgar
préstamos de dinero a distintas personas. Para estos créditos, imponían
intereses y ventajas pecuniarias totalmente desproporcionados respecto de las
sumas prestadas. En general, sostuvo la fiscal, se aprovechaban de personas de
condición humilde y muy necesitadas de dinero.
Este evento extremo visibiliza en Rosario un fenómeno
social muy difundido que es el del endeudamiento con prestamistas del sector no
financiero, algo que también se constata muy fuerte en el conurbano bonaerense.
Los casos de morosidad raramente terminan en un homicidio de esta fiereza. Pero
en la Fiscalía Regional de Rosario están investigados niveles de intimidación
para deudores desesperados que sí están verificados judicialmente. La temática
tiene una convergencia con un circuito cada vez más extendido, que es el del
juego vía plataformas online que explotan organizaciones criminales que manejan
violencia.
María Cecilia Vranicich, fiscal.
Funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que hablaron con LPO indican que es muy notorio, por trabajos de operadores comunitarios de la cartera y de otras instituciones, que el endeudamiento de particulares se extiende en los barrios rosarinos, incluso en sectores de trabajadores formales como docentes. Que los hay de tres modos: con tarjeta de crédito, con billeteras virtuales y con el del dinero negro que fluye a travésde prestamistas informales.
Es acá donde aparece el lazo con la violencia de personasque en los momentos críticos, cuando sufren las amenazas al cortarse elcircuito de repago, optan por no denunciar. Lo que complica la intervención deinstituciones de investigación y persecución de delitos.
Mercado Pago ya tiene más deudores que todos los bancos públicos juntos
“En algunos casos no denuncian porque hay un mecanismo
de asignación de culpa a ellos mismos por tomar deudas y, por tanto, hay
vergüenza o una distorsionada aceptación de que la violencia la generaron
ellos. También hay miedo a denunciar y se verificaron casos donde las personas
endeudadas se van de sus casas para evitar que las localice el acreedor”,
indica un funcionario de la cartera.
Desde Seguridad de Santa Fe remarcan que efectivamente hay
casos de violencia ligada a la usura pero que no son constantes ni tienen una
incidencia alta en los delitos que implican violencia armada o letal. Existen
pero no son típicos. “No vemos una utilización de violencia sistemática contra
endeudados. No es un factor primordial asociado a la circulación actual de
violencia. Pero lógicamente existe”, señala otro responsable del área del
gobierno de Maximiliano Pullaro.
El informe de gestión 2025 de la Fiscalía General de Santa
Fe, a cargo de María Cecilia Vranicich, destaca que en ese año se evidenció un
fuerte cruce entre los delitos de usura y su mutación sistémica hacia la
extorsión, lo que la convierte en herramientas de control territorial del
crimen organizado.
Prevalece el sistema llamado gota a gota, donde los
usureros entregan dinero a cambio de cuotas de devolución diaria, que muy a
menudo suelen cortarse por la informalidad en la generación de ingresos de los
deudores.
El fenómeno más grave toma
forma en Rosario, donde durante 2025 se impulsaron 795 legajos bajo la
calificación penal de “extorsión” o “extorsiones a
comerciantes”, casi el 80 por ciento del total en la provincia de Santa
Fe. Aunque ese es un delito genérico que no permite discriminar en cuántos
casos las víctimas lo son tras haber tomado un préstamo.
No obstante las
investigaciones fiscales de 2025 y 2026 demuestran un modus operandi donde la
usura es la puerta de entrada a la extorsión violenta. Primero la captación
digital, que es el canal donde las estructuras criminales utilizan redes
sociales falsas ofreciendo préstamos rápidos a personas vulnerables, que toman
deudas para cubrir canastas básicas, pagos de servicios como luz, gas o agua -que aumentaron por encima de la inflación-, o de alquiler, en un marco donde hay
parálisis de actividad o crecientes problemas de empleo.
Ante el cobro de tasas
usurarias impagables, los delincuentes escalan las amenazas. Estas inician de
forma verbal, pasan al envío de imágenes intimidantes o abusivas y culminan con
el despliegue de grupos armados en los domicilios de las víctimas.
Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central.
Esto acaba de quedar al
descubierto en un incidente revelador de estas tramas. Fue cuando a fines de
junio detuvieron a cuatro personas en un auto -una de ellas, el hijo del
presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso- por una amenaza
denunciada por una mujer en las afueras de Rosario. La situación dejó al
descubierto el campo opaco de las apuestas ilegales en plataformas online y los
métodos de cobro que tienen quienes las controlan para cobrar deudas. Uno de
los ocupantes del vehículo donde estaba el arma de fuego es Fausto Carbajo, de
25 años. Este fue denunciado en marzo pasado por Jonatan Gómez, futbolista
rosarino que entonces jugaba en Sarmiento de Junín, por haber ido a su
domicilio en esa ciudad para reclamarle una deuda. Al mismo grupo le atribuyó
haber ido a apretar a la casa de sus padres y haberlo forzado a firmar pagarés
por 505 mil dólares por una deuda inicial, según dijo, de 50 mil dólares.
Esta fue la punta que deja ver
la conexión con estos métodos de juego que controlan prestamistas ligados al
crimen organizado en la banda de Los Menores, que hoy maneja la hinchada de
Rosario Central tras el brutal homicidio de su ex líder Andrés Bracamonte en
2024, y que tiene miembros condenados por explotar juego online.
El caso desnudó la explotación ilegal de juegos online como
Ruleta, Black Jack y Poker a través de links provistos a apostadores por los
que controlan el negocio, que es clandestino, multimillonario y tiene una
expansión notoria en barrios de Rosario. Estos negocios están ligados a los
nuevos mandamases de la hinchada de Central. Que tienen en sus redes
integrantes de violencia extrema que ejecutan delitos de sangre. Algo que se
verifica, en situaciones extremas, con personas que toman préstamos y se
insolventan.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com