Pedro Troiani era en 1976 trabajador y delegado gremial de Ford Motor Argentina cuando lo secuestraron e interrogaron en la propia fábrica de General Pacheco. La misma empresa que le entregó los nombres de los activistas sindicales a los represores lo despidió por “abandono de tareas”, sin derecho a indemnización, mientras estaba en cautiverio. Troiani luchó durante décadas para exigir justicia, llegó a ver las condenas de dos exgerentes de Ford y murió en agosto último, pero su militancia sigue rindiendo frutos: la Secretaría de Derechos Humanos firmó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado argentino repare al menos parte de los innumerables daños que el terrorismo de Estado al servicio de la empresa le propinó al trabajador y a su familia.
“Hacer este acto sin la presencia de Pedro, que lamentablemente no está más con nosotros, nos deja un sabor amargo pero a la vez es una alegría porque nos brinda la posibilidad de reparar lo que en tantos años de democracia no se pudo lograr”, afirmó Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, durante el acto que se realizó en el salón Rodolfo Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria. “Esta firma es un reconocimiento a su lucha y compromiso, y en su figura a la de su compañeros y todos los trabajadores y trabajadoras organizados que fueron perseguidos por defender sus derechos”, destacó. Aclaró que el acto de firma se pensó como una ceremonia íntima junto a los familiares y los amigos más cercanos de Pedro, y adelantó que en el mes de marzo se realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad con la participación de otros actores institucionales.
“Solamente quiero agradecerles a todos y todas los que nos acompañan, este fue un sueño grande de Pedro y lamentablemente no llegó a verlo, pero mis hijos y yo nos comprometimos con él para continuar esta lucha”, expresó emocionada Elisa Charlin, viuda de Troiani, a quien acompañaron su hijo Marcelo Troiani y el abogado Tomás Ojea Quintana. “La lucha por la justicia lleva décadas, esfuerzo y compromiso, pero finalmente encontramos un gobierno dispuesto a escuchar nuestros reclamos y comprometido con el desarrollo de políticas públicas concretas, lo que nos permite estar firmando este acuerdo que tiene el respaldo de la CIDH”, afirmó Ojea Quintana, que destacó el trabajo de la Secretaría para llegar a la firma del acuerdo y el acompañamiento de la familia y lxs compañerxs de Troaini.
La directora de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría, Gabriela Kletzel, detalló los alcances del acuerdo y las acciones que se iniciaron y que se llevarán adelante en cumplimiento de las recomendaciones para la reparación por la falta de justicia sufrida por Troiani, y para el impulso de una agenda de responsabilidad empresarial en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Del acto participaron familiares y allegados a Troaini, trabajadores de Ford sobrevivientes de la dictadura, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría, Andrea Pochak, y la coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica de la Secretaría, Victoria Basualdo.
El caso
Troaini era delegado de sección y fue uno de los 24 trabajadores de Ford secuestrados por el Ejército entre marzo y agosto de 1976. Fue torturado en el quincho de la planta de General Pacheco, donde los militares se movían a sus anchas, pasó varias semanas en la Comisaría 1ª de Tigre y luego fue trasladado a la cárcel de Devoto hasta mayo de 1977. Mientras estaba secuestrado la empresa lo despidió invocando “abandono de tareas”. Tras el retorno de la democracia, en paralelo con el reclamo de justicia por los secuestros, torturas y homicidios de sus compañeros, presentó junto a otros trabajadores las demandas para cobrar las indemnizaciones por despido que les habían negado. El caso llegó a la Corte Suprema, que en 1988 falló en su contra, convalidando el argumento de que había vencido el plazo para reclamar y desestimando la amenaza represiva (en los años posteriores a su liberación pero todavía en dictadura) como causal de interrupción del plazo de prescripción.
En 1992 Troaini demandó al Estado ante la CIDH, que desde entonces se puso a disposición de las partes para que iniciaran un diálogo. A fines de 2018 el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a los ex gerentes Pedro Müller y Héctor Sibilla, junto con el ex jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Riveros, por los delitos de lesa humanidad contra los trabajadores. Pero el acuerdo ante la CIDH siguió esperando. En 2020 la Secretaría de Derechos Humanos inició un diálogo con sus abogados con el objetivo de lograr una solución amistosa. El 23 de marzo último la CIDH le dio la razón a Troaini, llamó al Estado a reparar los daños y emitió una serie de recomendaciones sobre el modo de hacerlo. El acuerdo alcanzado ayer con los deudos de Troaini, que falleció el 1º de agosto, le evita al Estado argentino la elevación del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/386556-el-estado-firmara-un-acuerdo-ante-la-cidh-por-el-secuestro-y