12 de junio de 2026
“Siempre hizo la de él. Nunca se jugó por nadie, por eso varios lo estaban esperando”. Esta frase se desprende de una persona que conoce hace años a Marcos Carasso, el expresidente de la UCR cordobesa y que, en el 2023, fue compañero de la fórmula provincial que encabezó Luis Juez.
Hoy, tanto en el radicalismo como en el juecismo se revolean con el exintendente de General Cabrera. Porque, para muchos radicales, Carasso dejó esa condición cuando se enroló en la tropa del Frente Cívico y fue parte del juecismo en el Tribunal de Cuentas que desde diciembre del 2023 controla la gente del senador.
Y en el juecismo algunos remarcan que Carasso llegó a la candidatura de vicegobernador porque “fue una decisión del radicalismo” en aquel momento.
No obstante, esta semana el peronismo buscó el impacto para tratar de salir del caso Agostina, y a partir de la imputación que se conoció de Carasso en la causa en la que se investiga la sobrefacturación de Pami buscó incomodar a la alianza opositora. Tema que amagó con hacer escala en el recinto de la Legislatura provincial en la sesión de ayer y después se desactivó: todo se concentró en el femicidio de la adolescente de 14 años.
De cualquier modo, en la reunión de labor parlamentaria hubo furia y gritos. Porque así como el oficialismo empujó la discusión por la situación del radical; la exintegrante del bloque PRO, Karina Bruno, amarilla de Villa María que integra una banca unipersonal y responde de manera directa al titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quiso que se discuta el apartamiento de Carasso del cargo de director del Tribunal de Cuentas.
Lo que desató la ira de juecistas y radicales. Más precisamente de los jefes de bloques, Matías Gvozdenovich (UCR) y Walter Nostrala (juecista) que cruzaron a la mujer. “La sacudieron porque le remarcaron que si no hubiera sido por la lista que encabezaron Juez y Carasso ella no era legisladora, no estaría en esa banca”, dijo una persona que fue testigo del hecho.
La imputación en contra de Carasso es por tráfico pasivo de influencias, cargo que llevó a Juez a tildar de “pelotudo” al fiscal que interviene en la causa en un streaming esta mañana en Alfil.
Hay radicales que quisieron tomar contacto con Carasso y que rápidamente les recordaron que el celular del expresidente de la UCR estaba en manos de la Justicia. Situación que los hizo rápidamente guardar el celular y archivar los chats.
El caso del radical y la presunta defraudación a la obra social nacional por 1.400 millones de pesos forma parte de la agenda política, pero no penetra en la conversación pública por ahora. El PJ decidió postergar la discusión sobre su rol en el Tribunal de Cuentas para las próximas sesiones en la Unicameral. Aunque en la oposición creen que eso se desactivará.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com