La denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del lawfare y de la parcialidad de la Corte, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte en el Congreso, las denuncias de las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero contra Sergio Robles, asistente del titular de la Corte, así como otras vías en las que se expresó disconformidad con la actuación del Poder Judicial, no son invento del Frente de Todos, sino la eclosión del sordo malestar que fue acumulando la sociedad. En todas las encuestas, el sistema de administración de justicia aparece como el menos confiable. Sólo uno de cada diez argentinos confía en el sistema judicial. En 2019, la Universidad San Andrés dictaminaba que el 80 por ciento tenía mala imagen de la Corte y que esa repulsa se mantenía desde el 2016.

El rechazo obtuso de Juntos por el Cambio al pedido de juicio político a los cuatro jueces que integran el alto tribunal, más que de los magistrados es una defensa de sí mismos como fuerza política. El Poder Judicial, al igual que los otros poderes de la República está integrado por seres humanos, no es perfecto, y muchas de las prácticas que ahora se denuncian, existían antes. Pero fue la alianza que se reunió alrededor de Mauricio Macri la que aplicó en forma sistemática el copamiento de áreas estratégicas del Poder Judicial para lanzarlas a la persecución, humillación y proscripción de sus adversarios políticos.

El juicio político a la Corte es una institución democrática. Cuando existe vocación democrática y la tranquilidad de saberse inocente, la actitud siempre ha sido aceptar el funcionamiento de las instituciones. Ningún kirchnerista y peronista trató de evadir a los tribunales.

Sin embargo, el principal asesor judicial de Macri, Pepín Rodríguez Simón, está prófugo en Uruguay, con la complicidad del presidente derechista de ese país. Y ni hablar del fiscal al que el macrismo delegó el grueso del trabajo sucio, Carlos Stornelli, que durante nueve meses evadió la presentación ante la justicia en una causa por extorsión y espionaje ilegal. Finalmente se presentó cuando le garantizaron protección y que cambiaría de tribunal.

La actitud de Juntos por el Cambio, como cuerpo político, es la misma, porque en vez de aceptar el accionar de una institución democrática como el juicio político, concebida para evitar bolsones de impunidad, no sólo se opuso, sino que además tampoco quiso que se discuta. Ya habían anunciado que no iban a dar quórum, para de esa manera impedir, siquiera, que se discuta el pedido. Decidieron asistir cuando tomaron consciencia de que el oficialismo tenía quórum propio en la comisión de juicio político.

Esa negativa es propia de alguien que tiene cola de paja. Lo más lógico hubiera sido que desde el principio aceptaran el dictamen del juicio político. Sabían que es casi imposible que en el recinto el oficialismo reúna el respaldo de los dos tercios de los diputados con lo que el jucio político no tiene posibilidad de prosperar.

A pesar de eso se opusieron porque no es el juicio lo que les interesa, sino la ventilación pública de sus palometas. Por más que digan que fueron hackeados y son ilegales, los mensajes del celular de Marcelo D’Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, son verdaderos. Y son muy incriminantes sobre la relación inmoral del gobierno de CABA con el alto tribunal, en un fallo fundamental que altera la distribución de la coparticipación entre las provincias.

Hay confianza y guiños en el diálogo entre D’Alessandro y Robles. Es como el de cómplices que se ponen de acuerdo para cometer una fechoría. De allí en adelante, esta Corte no sirve para dirimir ningun pleito que involucre a las provincias, porque ellas estarán en todo su derecho de desconfiar de su ecuanimidad.

La comisión de juicio político deberá decidir si hay mérito para que los Diputados debatan el tema en el recinto. El jueves, cuando comenzó la reunión de la Comisión, Juntos por el Cambio quiso que antes de discutir el pedido de juicio político, se convocara a una larga lista de personajes para que expusieran que no había que discutir nada. El Frente de Todos respondió que esa discusión no era necesaria porque se decidía por votación.

Los medios macristas publicaron maliciosamente que el Frente de Todos no había aceptado los testigos del macrismo. Recién el 4 de febrero, cuando comience el debate en la comisión se conocerá la lista de las personas que darán testimonio a favor y en contra. Si el pedido recibe dictamen favorable de la Comisión, tendrá tres años de plazo para ingresar al recinto.

El diputado Fabio Quetglas sugirió que los mensajes obtenidos de forma ilegal son considerados como si hubieran sido obtenidos con torturas. Quiere decir que es como si la fuerza política que representa hubiera torturado a Cristina Kirchner contra quien usaron escuchas ilegales, y que también fueron torturados los familiares de las víctimas del ARA San Juan, que fueron espiados ilegalmente por Mauricio Macri, y que fue torturado Héctor Timerman cuando usaron una escucha ilegal para reabrir una causa en su contra. Con el agravante que ninguna de esas escuchas era incriminante como los mensajes de D’Alessandro.

El informe que presentó el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, fue aplaudido por el casi centenar de representantes que lo escucharon. El informe incluyó la denuncia del lawfare (el Poder Judicial forma parte del Estado, y por lo tanto el lawfare es una violación a los derechos humanos), y dio como ejemplo, la persecución a Cristina Kirchner.

De las decenas de representaciones y comentarios que se hicieron sobre el informe, hubo sólo tres que se refirieron al tema del lawfare. Al día siguiente, Clarin y La Nación, sacaron de contexto e hicieron interpretaciones subjetivas con las que configuraron con grandes titulares que la ONU había criticado duramente la exposición de Pietragalla sobre lawfare. Irina Hauser aclaró en forma contundente en Página 12 que era una enorme mentira de estos medios.

La ONU no había criticado a nadie sino que se trataba de recomendaciones de algunos de los presentes, sacadas de contexto e interpretadas con malicia. Uno de ellos, el representante chileno se quejó porque habían sacado de contexto su frase sobre «la importancia de la independencia de los sistemas de justicia. Esto es fundamental en un Estado de Derecho y coincidimos con el secretario de DD.HH de Argentina, en que esa situación debe ser garantizada».

La campaña mediática continuó ahora con la visita del canciller alemán Olaf Scholz. Aseguran que se realizará en un clima de inquietud por la ofensiva del gobierno contra la Corte. Es un tema que ni figurará en la agenda. Scholz viene más interesado en ampliar el comercio, conseguir el gas y el petróleo que ya no llega de Rusia, que de hablar sobre temas internos de Argentina.

En todo caso habría que aclarar el contexto de las recomendaciones del representante germano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pietragalla había explicado y dado pruebas del lawfare, del uso político de la Justicia.

El comentario del funcionario europeo fue: «Alemania está preocupada por los intentos de ejercer influencia política en el sistema judicial». Si hubiera querido criticar al gobierno lo hubiera nombrado. “Ejercer influencia política“ era lo que había denunciado Pietragalla. Y por supuesto que desde el punto de vista institucional el gobierno tiene que ser el que evite esas influencias. Pero en ningún momento dice que es el que las ejerce.

Después de los sucedido en Brasil con Lula, y en Bolivia con Evo, el Poder Judicial de los países de la región está desprestigiado en el plano internacional.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/519323-cola-de-paja