Los líderes cívicos de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, anunciaron este fin de semana el fin de la huelga indefinida que iniciaron hace 36 días por el censo de la población, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una ley que fija la encuesta nacional para el 23 de marzo de 2024

La semana pasada los líderes cruceños habían aceptado que la encuesta sea en 2024, al reconocer que la propuesta regional para hacerla el próximo año ya no era sostenible técnicamente por la dilatación del conflicto, algo que finalmente se dirimió con la aprobación, en la madrugada del sábado, de una ley que ahora debe ser analizada en el Senado. Mientras que la oposición celebró el resultado de la votación, el expresidente Evo Morales habló de una «traición» de la bancada oficialista.

«Seguimos en emergencia»

«A partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha, seguimos en emergencia», declaró el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El dirigente sostuvo que «ganó la democracia» y ya no se tiene solamente «un decreto mezquino e incierto», sino que se logró una ley sobre el censo.

Los cívicos cruceños pidieron a la gobernación regional, al mando del opositor Luis Fernando Camacho, que en 2023 se realice una «encuesta censal» para conocer el número de habitantes del departamento y contrastar esa cifra con los datos del censo nacional, previsto para el 23 de marzo de 2024. También ratificaron que desde la próxima semana empezará a trabajar la comisión que analizará una nueva relación de la región con el Estado boliviano para que el vínculo deje de ser «tóxico».

Evo: «No negociamos con la derecha»

«La Cámara Baja ha cumplido con el pueblo boliviano aprobando la ley de aplicación de los resultados del censo de población y vivienda en los ámbitos financiero y electoral», dijo a los medios el presidente de esa instancia, el oficialista Jerges Mercado. La norma pasó ahora al Senado, cuyo presidente, el oficialista Andrónico Rodríguez, cuestionó la norma aunque señaló que se aplicará el procedimiento legislativo para debatirla «sin afectar competencias del Ejecutivo».

El partido del expresidente Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, respaldó junto a la también opositora Creemos y a una mayoría del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) la aprobación de la norma que establece algunos parámetros para la aplicación de los resultados de la encuesta nacional en la distribución de recursos y escaños parlamentarios. Algunos legisladores identificados con una facción cercana al expresidente Evo Morales la rechazaron siguiendo la línea dictada en los días previos por el exmandatario.

Morales cuestionó en Twitter la aprobación de la ley que ahora pasó al Senado. «Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal, a la pactocracia, o gobierno de pactos, a espaldas del pueblo. La ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos. Los revolucionarios no negociamos con la derecha«, disparó el también presidente del MAS, quien criticó a los diputados que «recibieron el voto para hacer justicia por las masacres del gobierno de facto, pero aprobaron la ley de los golpistas Tuto, Mesa y Camacho».

Vecinos a favor y en contra

Santa Cruz inició una huelga indefinida el pasado 22 de octubre después de haber cumplido otras de 24 y 48 horas para exigir que el censo poblacional se realice en 2023. La encuesta nacional debía realizarse este mes, pero en julio el gobierno de Luis Arce lo postergó para 2024 argumentando problemas técnicos, lo que motivó las protestas sobre todo en Santa Cruz.

Durante más de un mes de protestas, el transporte público quedó paralizado y los mercados al menudeo funcionaron esporádicamente uno o dos días a la semana. También se registraron choques en las calles entre opositores y afines al oficialismo que dejaron, según el gobierno, cuatro muertos y más de 170 heridos.

Ante el anuncio de la suspensión del paro, muchas personas abandonaron inmediatamente los puntos de bloqueo callejero en los que hicieron vigilia a diario. Este domingo la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz) junto con el gobierno municipal cruceño iniciaron las tareas de limpieza y lograron recolectar 2.167 toneladas de desechos, que fueron llevados para su disposición final en el basurero local.

La aprobación de la norma en la Cámara Baja dejó a algunos cruceños con sabor a poco. «El paro deja mucho que desear, en un comienzo fue por un objetivo, del censo en 2023, y luego como que se disolvió, se cambiaron las cosas y terminó siendo para promulgar una ley», comentó Harold Vaca, un vecino que vive en el centro de la ciudad cruceña.

Vaca consideró que el conflicto «se pudo evitar desde un comienzo promulgando la ley» y, a su juicio, Santa Cruz tuvo pérdidas y ganancias. Por su parte Adolfo Villarroel, un vendedor de 46 años, señaló a que la suspensión de la medida «era algo que la gente ya necesitaba», debido a que «por todos lados se ve a la gente sufriendo, mendigando libertad, mendigando el derecho a la libre transitabilidad».

Según medios locales, un grupo de personas enmascaradas supuestamente disconformes con la suspensión de la huelga llegó el sábado hasta la casa del líder cívico Rómulo Calvo para tirar piedras y detonar petardos. Otros grupos radicales se rehusaron a levantar los bloqueos y exigen que los líderes cívicos convoquen a un cabildo para definir si se suspende o no la huelga.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/502204-bolivia-el-departamento-de-santa-cruz-levanto-el-paro-despue

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