Atentado a CFK: Gerardo Milman tiene quien lo cuide | María Eugenia Capuchetti rechazó medidas que apuntaban al diputado del PRO

A once meses del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, Comodoro Py se resiste a investigar el rol del diputado Gerardo Milman, quien 48 horas antes del ataque pronunció ante dos asesoras la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Mientras la Sala I de Cámara Federal porteña se toma todo el tiempo del mundo para decidir si corresponde o no secuestrar el celular de quien fuera mano derecha de Patricia Bullrich, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo rechazaron medidas de prueba pedidas por los abogados de la vicepresidenta para profundizar la investigación sobre la manipulación y el borrado de los celulares del trío en cuestión, que según una de las exasesoras se realizó en las oficinas de la precandidata a presidenta en Avenida de Mayo 953, sede del “Instituto de Estudios Estratégicos”, que Bullrich también usa para recaudar fondos de campaña.

El llamativo “cuando la maten…” de Milman tuvo lugar el 30 de agosto del año pasado en el bar Casablanca, a metros del Congreso. El 1º de septiembre Fernando Sabag Montiel gatilló a centímetros del rostro de CFK. Las dos jóvenes que, en aquel bar, escuchaban al hombre del PRO resultaron ser sus colaboradoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes citadas a declarar dijeron bajo juramento no recordar esa cita, y se desdijeron cuando les mostraron las filmaciones que las refutaban. Capuchetti se negó a secuestrarles los celulares, paso que recién dio el 1º de diciembre cuando se lo ordenó la Cámara. Bohdziewicz dijo entonces que, con asesoramiento, había borrado el contenido del teléfono para preservar su privacidad. En mayo, en cambio, se presentó voluntariamente para aclarar que en rigor no lo borró por voluntad propia sino que la llevaron a oficinas de Bullrich, donde la esperaban Milman y el perito Jorge Adolfo Teodoro, el mismo –según advirtió el abogado y precandidato Juan Grabois– que ahora figura como “representante tecnológico” de Juntos por el Cambio.

Rívolo pidió entonces secuestrar el celular de Milman pero Capuchetti se lo negó argumentando que no estaba imputado y que tiene fueros parlamentarios, decisión que el fiscal Carlos Agüero Iturbe cuestionó por “arbitraria” y “en detrimento de la verdad” al sostener el pedido ante la Cámara. La decisión, que se hace esperar, está en manos de la escudería judicial del PRO: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. La jueza sí aceptó incautar un segundo teléfono de Gómez Mónaco, que no estaba a su nombre y del que se esperan los resultados de su análisis.

Fue en ese marco que los abogados de CFK –José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal– pidieron las medidas ahora rechazadas. Reclamaron que se identifique si existe el local de cafetería en inmediaciones de donde –según declaró Bohdziewicz– fue convocada por Gómez Mónaco “antes de llevarla a Avenida de Mayo para borrar los celulares”, y que se libre oficio al gobierno porteño para que informe si existen cámaras de seguridad en esa zona y remita las filmaciones desde el 1º al 30 de noviembre de 2022. También reclamaron medidas de prueba sobre el edificio de Avenida de Mayo 953 y pidieron que se investigue al abogado identificado como Diego que “habría brindado su consejo respecto de cómo eludir la investigación”.

Capuchetti se amparó esta vez en los argumentos de Rívolo para considerar “irrazonable” una medida de prueba cuando el propio fiscal dictaminó que “de momento no corresponde hacer lugar a las diligencias pedidas por las querellas”. “Al menos hasta el momento no existe, de los elementos recabados, indicio alguno de que los teléfonos celulares” de las asesoras “registraren elementos de interés vinculados con el planeamiento y/o la ejecución del intento de homicidio”, evaluó. “Este extremo de comprobación se ve reforzado por las conclusiones de los informes elaborados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales del MPF (Datip) relativos al análisis de la información contenida en los dispositivos aportados por las nombradas”, escribió. Para avanzar en la investigación sobre “la posible participación de terceras personas”, sugirió esperar “el resultado del análisis” del teléfono incautado a Gómez Mónaco y del utilizado por Milman, siempre y cuando Bertuzzi, Bruglia & Llorens se dignen a dar la orden de secuestrar el aparato. Improbable que el chancho chifle.