Las organizaciones sociales se juntaron en el Congreso nacional para repudiar la campaña de deslegitimación de la que vienen siendo objeto, una campaña que está en plena escalada judicial: entre el martes y el miércoles tuvieron más de 40 allanamientos a comedores populares y viviendas de militantes barriales, entre la provincia de Jujuy -donde la policía del gobernador Gerardo Morales entró a los merenderos pateando puertas-, CABA y la provincia de Buenos Aires -donde se hicieron escuchas en tiempo real sobre los militantes, es decir que los agentes iban informando sobre lo que hablaban en el mismo momento, como si se tratara de narcotraficantes o terroristas. En una conferencia de prensa la UTEP, la Unidad Piquetera y la Tupac plantearon que van a responder la ofensiva en unidad. Más allá de sus diferencias políticas, leen que lo sucedido apunta contra la organización de los sectores populares.
En la rueda de prensa informaron que en las últimas semanas además los vendedores ambulantes de Once fueron allanados –también ven una acción coordinada entre sectores judiciales y de los medios hegemónicos–, y sumaron a la secuencia la judicialización del Polo Obrero, la citación judicial a un referente del Movimiento Evita en Las Toscas, Santa Fe y la reactivación de una causa en Chubut contra varias organizaciones. “Exigimos el cese de la criminalización y las maniobras intimidatorias”, señalaron en un documento en el que reclamaron “la inmediata libertad de Milagro Sala”.
El elemento común de la mayoría de estas causas judiciales es la acusación a las organizaciones de cobrar a sus integrantes un aporte en contra de su voluntad, quitarles parte del plan o llevarlos por la fuerza a las marchas. Las figuras penales van de la extorsión a la asociación ilícita.
La situación había sido denunciada, temprano en la mañana, en una conferencia de prensa de la Unidad Piquetera, que reúne a los movimientos de la izquierda. Luego los dirigentes de la Unidad Piquetera fueron al Congreso para ser parte de la rueda convocada allí por Juan Carlos Alderete, diputado del Frente de Todos e integrante de la UTEP.
“Las organizaciones sociales estamos sufriendo una acción coordinada de la justicia macrista, de la justicia que está al servicio de los poderosos del país. El macrismo ha dicho con claridad que necesita 90 días para aplicar todo lo que quiere aplicar. Vienen para dar un golpe institucional, y vienen para terminar con todas las organizaciones sociales, quieren hacernos desaparecer. La clase dominante no va a entender nunca cómo funcionamos las organizaciones sociales, que nacimos cuando el Estado nos dejó abandonados y los gremios a los que pertenecíamos también. Los trabajadores desocupados en los barrios logramos organizarnos en los barrios y eso es lo que les molesta, que hayamos podido organizarnos y hagamos política“, sostuvo Alderete.
Marianella Navarro, del FOL, agregó sobre la conferencia de prensa: “Queremos dejar en claro que nuestra voluntad es la unidad en la diversidad, y que vamos a defender todo lo conquistado, pero también dar un mensaje a los representantes de la clase política, porque este proceso de judicialización no sale de la nada, se da en el marco de las declaraciones de la derecha más conservadora, como Javier Milei y Patricia Bullrich, de la prensa hegemónica, pero también de la vicepresidenta de la Nación que ha hecho duras críticas a los movimientos sociales”.
Alejandro “Coco” Garfagnini dijo que los allanamientos le recordaban al 2016, cuando fue encarcelada Milagro Sala. “Se está construyendo un relato donde a las víctimas del modelo se las muestra como culpables. Hubo 40 allanamientos: esto tiene una gravedad democrática pocas veces vista. La política tiene que reaccionar porque hoy vienen por los movimientos sociales, pero después van a ir por la política; y después viene el cementerio”.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero apuntó que “los jueces están desesperados por ponernos en el banquillo de los acusados”, y Silvia Saravia añadió que “el problema no viene sólo de parte de Milei, Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich, sino de cómo se viene preparando el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para enfrentar al conflicto social”.
Otros de los presentes fueron Esteban “Gringo” Castro (titular de la UTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita) Norma Morales (Barrios de Pie), Dina Sánchez (Frente Darío Santillán), Lito Borello (Comedor Los Pibes), Eduardo Montes (Fetraes), Gastón Harispe (Octubres) y Luis D’Elía (FTV).
Diputados hubo pocos: los que provienen de las organizaciones populares y los del Frente de Izquierda, como Leonardo Grosso, Myriam Bregman, Natalia Zaracho, Federico Faggioli, Verónica Caliva, Natalia Souto y Romina Del Plá. Se sumaron también dirigentes gremiales como Hugo Godoy (CTA Autónoma), Agustín Lecchi (Sipreba) y el ceramista Raúl Godoy, el Centro de Estudios Legales y Sociales y autoridades de la Universidad de Avellaneda.
Como gesto de unidad contra la represión, el Gringo Castro, titular de la UTEP, anunció que van a ir a la marcha de la Unidad Piquetera a la plaza de Mayo, el jueves próximo. Para ese mismo día, la UTEP prepara una muestra de la economía popular en el Congreso. “Voy a ir a la marcha, y quiero invitar a los compañeros de la Unidad Piquetera a que vengan a nuestra muestra”, propuso. Así quedó acordado. Alderete cerró con la propuesta de un acto de todos los movimientos presentes.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/435307-contra-la-criminalizacion-de-los-movimientos-sociales