Una reparación para los desaparecidos de la Facultad de Medicina de La Plata | Los legajos consignarán que fueron víctimas del terrorismo de Estado

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue una de las más golpeadas por la represión. Según los registros de ese centro de estudios, 158 estudiantes y trabajadores fueron víctimas del terrorismo de Estado. En sus legajos figuraba que habían abandonado sus estudios o que los habían cesanteado porque dejaron sus puestos de trabajo. Nada se decía de las verdaderas razones de sus ausencias en los claustros: los secuestros, las torturas, las desapariciones o los asesinatos. Como parte de una estrategia para contribuir a la verdad y hacer memoria, la Facultad homenajeará este lunes a las 9.30 a sus desaparecidos o asesinados y entregará los legajos reparados a sus familias.

“Era una de las grandes deudas: una facultad con esa cantidad de víctimas del genocidio y en la que durante muchos años habían sido muy difíciles las políticas de memoria y reparación –que únicamente eran sostenidas por familiares, compañeros, organismos de derechos humanos y el movimiento estudiantil–”, dice la abogada Guadalupe Godoy, quien está a cargo de la Dirección de Políticas de Memoria y Reparación de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la UNLP.

En los últimos meses, la UNLP trabajó con 158 legajos que serán entregados el lunes próximo. El proceso de memoria fue haciendo que incluso en las últimas horas siguieran apareciendo nombres de otras víctimas del terrorismo de Estado. El impulso para mirar hacia Medicina se dio en los últimos cuatro años, después de que se desbancó a la derechista Hoja de Roble que durante 25 años había conducido la Facultad. En 2018, se conformó una comisión de reparación de legajos, que le dio un cauce institucional a las actividades de memoria que antes se hacían desde la militancia estudiantil o docente.

El trabajo con archivos permitió también reconstruir no solo las trayectorias de vida y militancia de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado sino también cómo el proyecto de la dictadura terminó generando cambios profundos a nivel institucional. Si en 1973, la matrícula de Medicina era de 10.000 alumnos y alumnas; en 1983 estaba casi en la mitad. Para 1978, los interventores habían establecido un ingreso con cupo de 700 estudiantes por año. En 1982, el cupo era de 270 estudiantes. En simultáneo, se avanzaba con el arancelamiento y se había incorporado el pago de una suma para rendir examen. Todo perseguía el objetivo de desalentar el acceso masivo a la universidad pública.

Parte de la tarea del programa de reparación de legajos creado es pensar cuáles fueron las marcas que el genocidio –con la desaparición de personas– imprimió en la Universidad. En ese sentido, las resoluciones muestran cómo se fue conformando una Facultad elitista para unos pocos que pudieran costearse los estudios. En democracia, un decano llegó a declarar que la Facultad de Medicina no era para un hijo de un zapatero.

«Esta iniciativa es también parte de lo acumulado en los juicios y lo que ha venido haciendo el movimiento de derechos humanos», explica Godoy, que interviene como abogada querellante en los procesos por crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción desde que se reanudaron en 2006.

Las políticas de memoria institucionales en Medicina son una práctica relativamente reciente. En marzo de 2019, se hizo el primer homenaje convocado desde las autoridades de la casa de altos estudios. La conducción anterior de Hoja de Roble –en el gobierno de la Facultad desde 1992– lo hubiera hecho imposible.

El primer decano de esa agrupación, Enrique Frutos Ortiz, en una publicación se había referido a los militantes de los años ‘70 como “extremistas” o “terroristas”. En los últimos años, un escándalo sacudió a la UNLP cuando la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye declaró en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como La Cacha y mencionó los nombres de 21 médicos que fraguaban los certificados médicos en la morgue. Uno de ellos era el vicedecano de la Facultad, Enrique Pérez Albizu, quien terminó renunciando a su cargo.

Adelina, que era doctora honoris causa de la UNLP, inició gestiones –en paralelo– para que la institución expresara su repudio a Pérez Albizu. “A principios de marzo de 2014, los claustros de la UNLP, con el aval de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) y la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), anunciaron en un documento público la exoneración de este cobarde”, relató la Madre en su libro La marca de la infamia.