En el marco del plan de ajuste del Estado que comenzó a aplicar Javier Milei, el Gobierno anunció la suspensión del gasto en publicidad oficial en los medios de comunicación por un año, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni. Luego, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio apenas alguna precisión adicional y circunscribió el recorte a la pauta nacional, a Presidencia y ministerios. Aunque tampoco se sabe desde cuándo entrará en vigencia ni el alcance concreto que tendrá (pudiendo abarcar a empresas públicas como a organismos descentralizados), los especialistas en comunicación advierten que la medida compromete el derecho al acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y aseguran que tendrá un impacto mayor en los ingresos de las pequeñas y medianas empresas periodísticas antes que en los grandes grupos.
«No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno», dijo Caputo al referirse al recorte que emprenderá la gestión de Milei en la pauta oficial durante -por lo menos- un año. Con esta declaración, el gobierno libertario plantó una posición clara respecto de su relación con los medios de comunicación, en tanto nexo con los ciudadanos.
En este contexto, académicos, funcionarios y trabajadores de prensa cuestionaron la medida que, aseguran, compromete fuentes laborales y obstaculiza el acceso a la información. «Se trata de una medida más de tribuneo que de austeridad. Por otro lado, pensar la austeridad lesionando el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública es un contrasentido», sostuvo Martín Becerra, investigador principal del Conicet.
Becerra mencionó que la medida «será más problemática para empresas medianas y pequeñas» de comunicación «que para grupos más grandes, que fueron hasta ahora los mayores beneficiarios ya que cuentan con otros negocios, más rentables, con el Estado». En este sentido, la forma de asignar la publicidad oficial, aseguran los especialistas, mediante el criterio de audiencia, contribuye a reproducir asimetrías y concentraciones de los sistemas de medios. Sin embargo, aun tomando el total de lo gastado por el Estado -unos 40 mil millones de pesos en 2023-, se trata de una cifra menor en relación con el total del gasto público.
Diego Rossi, profesor de Políticas de Comunicación de la UBA, dijo a Página/12 que es preciso «pensar en una democracia más profunda y de medios que no persiguen ganancias, sino un fin social y comunitario». En ese sentido, afirmó que «Milei deja liberado a los medios a la lógica de mercado, que es la ley de la selva y la competencia por las audiencias y los públicos. Y si avanzara con el ajuste sobre los medios públicos, dejará más vulnerables a las grandes usinas de información».
Rossi sostuvo que el recorte no puede ser indiscriminado, sino que deben instrumentarse iniciativas que aseguren el acceso a la información. «El fin republicano de la pauta oficial es informar los actos de gobierno, pero pueden haber otros como incidir en la línea editorial de los medios. Por lo que me parece una medida sana de cualquier gobierno, y también debería ser de éste, diferenciar la difusión de los actos de gobierno de lo que son otras medidas que tienen que ver con la sostenibilidad del ecosistema de medios tradicional». El académico destacó la importancia de esos medios, ya que «apostar a una mayor incidencia de las redes sociales prioriza formas de circulación de información que no tienen responsabilidad editorial ni chequeo de fuentes. Al haber sistemas de medios débiles es mucho más fácil generar fake news«.
Para Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires (UBA), los fondos que el Estado destina para la publicidad oficial en los medios de comunicación «tienen un peso significativo» en las finanzas de las empresas periodísticas, tanto que «dependiendo el año y cómo se gestione, puede representar entre el 5 y el 10 por ciento del total de la torta publicitaria». Si la suspensión decidida por el Gobierno se suma a «la retracción
que se vive en materia publicidad comercial privada en un contexto de
crisis económica», el resultado, advirtió Marino, será «un escenario en el cual los medios de
comunicación van a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos» y se agravará la «precarización laboral» que afecta a los periodistas.
Agustín Espada, investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, explicó que la suspensión de la publicidad oficial no solo afectará a los medios de comunicación, sino que significará retirar los fondos destinados a difundir los actos de gobierno en «las cartelerías de la vía pública, en cines y eventos deportivos». Además, al igual que sus colegas, opinó que la medida gubernamental ocasionará «una precarización y pérdida de puestos de trabajo» en los medios de comunicación, lo que repercutirá «en la calidad de los contenidos y el acceso a la información».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/694643-un-impacto-directo-al-derecho-a-la-informacion