El expresidente de Colombia Álvaro Uribe cuestionó la decisión de la justicia que se negó a archivar su caso por presunto soborno y manipulación de testigos y en cambio allanó el camino para enjuiciarlo

«Nunca tuve la iniciativa de buscar un testigo: simplemente autoricé al doctor Diego Cadena para corroborar la información que me llegaba. No hay una sola prueba que pueda poner en duda esa afirmación», dijo Uribe en una declaración virtual desde su hacienda en el norte del país. «Ni autoricé, ni supe de giros de dinero… Yo no soborno testigos, los confronto».  agregó el político colombiano.

El miércoles pasado la jueza Carmen Ortiz rechazó el pedido de la fiscalía para archivar el caso que involucra al exmandatario y exsenador de 69 años.

La decisión de primera instancia puede ser apelada por la defensa de Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura contra las guerrillas, que incluyó asesinatos de civiles inocentes por parte de los militares que los hacían pasar por bajas de insurgentes: un escándalo del uribismo conocido como «falsos positivos». 

Si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal), que en Colombia son castigados con unos ocho años de cárcel.

Uribe -señalado en varios frentes de vínculos con narcos y paramilitares- terminó enredado en un giro insospechado de la justicia. En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.

Uribe sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.

Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor.

«El rencoroso discurso de Uribe sobre la decisión del 27/4, consistió en nuevos insultos a los magistrados, a las víctimas y a nuestros representantes (…) Nada de eso valdrá en el juicio que ya viene», advirtió el senador Cepeda en Twitter.

El tribunal ordenó en agosto de 2020 el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en su investigación.

Uribe, que cuestionó a la Corte Suprema por supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba sobre el expresidente.

La fiscalía asumió la investigación y el año pasado planteó a la justicia archivar el caso por considerar que no había delito.

No obstante, la jueza Ortiz desestimó los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes y dio paso al posible enjuiciamiento del exmandatario.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/419033-un-caso-de-compra-de-testigos-acecha-a-uribe

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