Un amparo para frenar el asalto de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura

Un juez de Paraná le ordenó al Congreso que se abstenga de nombrar a los dos representantes en el Consejo de la Magistratura –uno/a por cada cámara– que faltarían para cubrir la integración del organismo según el criterio de la Corte Suprema. La decisión se plantea ahora porque este viernes vence el plazo que pusieron los cortesanos: si no hay una nueva ley (que por ahora no habrá), entra en vigencia la vieja composición del organismo prevista en una norma de 1997 que había sido derogada, e incluye 20 miembros y al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

Para completar esta segunda opción restaría la designación de los representantes parlamentarios que el juez Daniel Edgardo Alonso dispuso frenar al conceder una medida «precautelar». El pedido había sido formulado por el diputado de Entre Ríos Marcelo Casaretto (Frente de Todos) quien planteó que aprobar las leyes es facultad de las cámaras de Diputados y Senadores, que «existe una clara voluntad legislativa» de cumplir con la sentencia y que el alto tribunal no tiene ninguna potestad para reponer una ley derogada. 

El escenario es hoy de alta complejidad y preanuncia un conflicto institucional. Este miércoles se reúne el plenario del Consejo y definirá un reglamento para funcionar en una situación de transición y emergencia. Los consejeros podrían darle al actual presidente facultades para evitar la parálisis del cuerpo en cuestiones administrativas, como el pago de sueldos. 

También se pondrían sobre la mesa una veintena de concursos, para 56 cargos, de jueces y juezas federales, pero todo indica que la oposición y un sector de los jueces bloquearán definiciones. Esta reunión sería la última antes del día límite que fijó el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la integración de 13 miembros que tiene actualmente el Consejo, con la que funcionó desde 2006 –en base a una reforma impulsada por Cristina Fernández de Kirchner– sin que los supremos dijeran nada hasta diciembre último. 

El Senado dio media sanción la semana pasada a una reforma que propone 17 integrantes, paridad de género y un criterio federal, y no incluye a un miembro de la Corte. En Diputados la negociación no es tan sencilla, pero no es imposible, suponen en el oficialismo. Sólo que los días no alcanzan para la aprobación de nada. De esa situación se deduce, según el fallo, que para el lunes el Consejo deberá tener la integración de 20. Ya fueron designadas dos abogadas, una jueza, para comienzo de la semana habrá un/a académico, el supremo Rosatti se autoeligió y faltan un/a senador y un/a diputado/a. 

El juez Alonso estableció un plazo de cinco días hábiles a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente de Diputados, Sergio Massa, para que «procedan a informar a esta magistratura respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes». Como informó este diario, no está en los planes del Congreso enviar consejeros/as nuevos para satisfacer los deseos de la Corte. La apuesta es seguir intentando una nueva ley, aunque demore más tiempo. 

Como es evidente, la oposición hará fuerza para llevar a su gente y este miércoles al mediodía el bloque radical le presentará una carta a Massa pidiéndole que envíe al Consejo la designación de Roxana Reyes y el PRO le pedirá a CFK que mande el de Luis Juez. Por ahora podrán no hacerlo gracias a la precautelar. 

Juntos por el Cambio, de todos modos, intenta idear alguna estrategia judicial para contraatacar. Como sea, es seguro que se dilatarán los plazos. Lo que no quita que, como sea que esté la integración del organismo, el lunes próximo se presente Rosatti e intente tomar las riendas. Se abrirá entonces la discusión sobre si alcanza con que haya quórum para sesionar y tomar los juramentos, teniendo en cuenta que el fallo de la Corte dice que «los nuevos miembros iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea». 

«La Corte convivió quince años con una ley con la que funcionó el Consejo hasta que en diciembre decidió que era inconstitucional y emplazó al Congreso para que sancione otra. El Poder Ejecutivo mandó un proyecto, el Senado dio media sanción así que, siendo hoy martes, como diputado, tengo tres días antes del plazo de vencimiento que puso la Corte. Este tribunal, que es uno de los poderes del Estado, se tomó 15 años y a nosotros nos dan tres días. Lo que es más complicado es que de no haber una ley van a poner en vigencia una derogada en 2006 con la que el presidente de la Corte vuelve a ser presidente del Consejo. Es una barbaridad. Me presenté para que se respete la facultad del Congreso de sancionar una ley, quiero que se apruebe», le dijo Casaretto a Página/12.

La «medida interina», dijo el juez en alusión a la «precautelar», «presupone que se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho, como así el peligro en la demora que aparece nítido en el supuesto de no proteger el derecho concretamente reclamado respecto de la aplicación de una norma que fuera derogada por el Congreso de la Nación». Esto implica que el magistrado sostiene que Casaretto podría tener razón y si no se frena el proceso, las consecuencias podrían no tener retorno. 

La demanda del diputado decía textual: «La orden emanada de la Corte Suprema, en tanto exhorta, en un arbitrario plazo, al Congreso Nacional a llevar adelante los mecanismos necesarios para cumplir con la integración del Consejo de la Magistratura y a la vez restituye, en un claro acto puramente legislativo, la vigencia de la ley 24.937, resulta claramente inconstitucional y contraria al principio de división de poderes establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Motivo por el cual, de cumplirse con lo allí dispuesto en relación a la designación de nuevos los nuevos integrantes conforme una norma que se encuentra derogada, se vería vulnerada nuestra Carta Magna, así como menoscabadas las facultades del Congreso de la Nación». 

Agregaba que existe «una clara voluntad legislativa de cumplir con el exhorto de la Corte en
cuanto a modificar la composición del Consejo de la Magistratura, la cual se ve
reflejada en la media sanción del Proyecto de Ley aprobado en el Senado» el 7 de abril último. 

Habrá que ver qué acepta evaluar el juez de todo esto, a la hora de resolver la cautelar y el recurso de amparo, que lo obligará a expresarse sobre el fondo. La puja que está a la vista es clara: la Corte encaminada a tomar el Consejo y el oficialismo en el Congreso que intenta dejarla expuesta y evitar ese triunfo con una solución política altamente complicada.