13 años de prisión le impusieron los jueces radicales de Jujuy a Milagro Sala. La Corte Suprema convalidó la condena rechazando el recurso extraordinario interpuesto por los abogados de la dirigente social.
2527 días presa acumula Milagro. Fue detenida sin condena y sin proceso en enero de 2016, apenas asumieron el expresidente Mauricio Macri y el gobernador jujeño reelecto Gerardo Morales. Violación de derechos humanos, un calvario.
23 meses se tomó la Corte para analizar el caso que resolvió por unanimidad. El mandato “La Justicia lenta no es justicia” te lo debo. Para colmo, consumó una sentencia capciosa, berreta, “fundada” solo en sarasa generalista, sin estudiar el caso. Pasándole por arriba a la gravedad institucional del expediente y de sus circunstancias.
530 jueces y fiscales asistieron a la suntuosa cena findeañera del Poder Judicial para vitorear al presidente del cuerpo, Horacio Rosatti. Todo indica que el castigo inquisitorial a Milagro fue uno de los manjares del menú.
Cero participantes del dadivoso viaje a Lago Escondido entre los comensales. Ausencias llamativas, se esconden hasta de los propios. Si hay promiscuidad con el poder económico- mediático y político real, que no se note…
Cero aplausos para el Supremo cuando ensayó alguna vaga mención a la conducta que deben observar los jueces para ser ejemplares y coso.
2 presidencias de organismos relevantes ocupa Rosatti quien se votó para ejercer ambas.
Cero pesos pagaron los cortesanos en concepto de impuesto a las ganancias desde que ejercen sus cargos.
Fangotes de plata cobran de sueldo. Las jubilaciones no le irán en saga. Su plenitud económica contribuye a determinar su ideología, concurriendo con otros valores y pertenencia política.
4 son ellos, todos machirulos de clase alta que condenaron a una dirigente de base, mujer ella y se fueron a brindar en familia (judicial).
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4,9 por ciento registró el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) como aumento de precios al consumidor en noviembre. Uno de los porcentajes menos altos del año 2022, que lleva un acumulado de 85,3 por ciento.
90 por ciento, más o menos será el total del año. Una cifra que matiza el cauto optimismo oficial y detecta cuánto habrá que remar para llegar al 60 por ciento que prevé el Presupuesto nacional o al 70 por ciento que firmarían unos cuantos funcionarios. A la reducción significativa que necesita el Gobierno para recuperar legitimidad. Lo que lleva al próximo interrogante, van signos en reemplazo de una cifra…
¿? ¿Cuánto debe reducirse la inflación para que la merma sea percibida por la gente común? Es un interrogante central, imposible de cuantificar. Este cronista intuye, coincidiendo con varios especialistas en opinión pública, que las personas de a pie precisan zafar de la angustia cotidiana de ver subir los precios, de correr detrás del imposible empate a la inflación, de no saber qué vale cada producto en el chino o en el súper. La estabilidad puede ser un valor social, recobrar cierta calma por ahí es tan o más relevante que recibir parches mes a mes…
La consigna oficial respecto de salarios empardando a la trepada de precios fracasa doblemente. Primero porque los incrementos que van por la escalera llegan posteriormente a los que suben por el ascensor. Arrancan más tarde, corren rezagados.
Segundo y determinante por añadidura: porque las percepciones sociales extendidas son hechos. Los cálculos matemáticos creativos del gobierno, los cruces de índices, son rechazados por el imaginario colectivo. No convencen a quienes saben cómo les va.
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24.000 pesos recibirán los trabajadores en relación de dependencia que ganen hasta $161.000 mensuales. Un refuerzo por única vez, un “bono” en jerga. Quienes cobren algo más pero menos de $185.000 llegarán a ese número. El mecanismo sabe a poco, es intrincado. La ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Kismer de Olmos explicó que la cifra base equivale a tres salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). El cálculo es aproximado, la referencia opinable porque el SMVM desde hace demasiado tiempo no hace honor a su nombre y finalidades.
El Estado cooperará con pequeñas y medianas empresas que cumplan con el bono.
La palabra “alivio” está de moda, designa modos de salir del paso sin resolver problemas estructurales. Calza bien para una etapa caracterizada por la incertidumbre, la ausencia de horizontes, las vidas que se conjugan solo en presente y en cortísimo plazo. Cualquier ingreso, pues, es un alivio, breve y volátil. El bono en vez de la suma fija ahonda la transitoriedad.
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13.500 pesos en dos cuotas de $6.750 cada una es el importe del “bono” para los trabajadores inscriptos en el programa Potenciar Trabajo. Las organizaciones sociales cuestionan la cantidad por escasa y la imputación. Afirman que a los trabajadores se les pagó un aguinaldo completo en el segundo semestre de 2021 mientras que el bono es un medio aguinaldo segmentado en cuotas.
El reclamo aúna a los movimientos sociales más afines al gobierno, incluyendo a aquellos que integran el bloque oficialista de Diputados y ocupan puestos en el Ejecutivo nacional. Los discursos varían según quien los emite, Página/12 los viene informando en detalle.
La unanimidad de las demandas se concreta en protestas callejeras y se verbaliza en críticas severas a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. La funcionaria reitera las consignas clásicas del Gobierno, la voluntad de “transformar los planes en trabajo”. Kelly Olmos hace lo propio.
La conformación de la clase trabajadora desde mucho tiempo atrás comprueba que la descripción atrasa, alude a un país y un mundo distintos. Los resultados conseguidos a tres años de la asunción del presidente Alberto Fernández corroboran que la meta está lejana. Quien les habla piensa que es imposible, que son necesarias nuevas herramientas o instituciones para elevar las condiciones generales de la clase trabajadora.
Ni el crecimiento de la economía (alto este año y dudoso el próximo) ni la generación de puestos de trabajos resuelven nuevos desafíos: trabajadores de distintas condiciones que no llegan a fin de mes, familias de laburantes en relación de dependencia cuyas entradas quedan por debajo de la línea de pobreza. Un mapa social inabordable con instrumentos que supieron ser virtuosos décadas atrás.
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Cero institución social o ampliación de derechos laborales estable va dejando como legado esta gestión. Alta diferencia con otros gobiernos justicialistas. Los tres del presidente Juan Domingo Perón, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Fernández de Kirchner.
Una deuda histórica tiene pinta de quedar impaga. La protección social legislada, de sesgo universalista, sujeta a requisitos sencillos, no manipulables por las contingentes autoridades políticas, supera a las medidas de coyuntura. Tutela más, perdura hasta frente a los embates crueles de los gobiernos de derecha.
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2001 El lunes y el martes se conmemoran veintiún años de las jornadas tremendas que entornaron la renuncia y fuga del fallecido presidente Fernando de la Rúa. Derramamientos de sangre en todo el país, incluso en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. El final tan lógico como terrible del primer experimento neoconservador luego de la recuperación democrática iniciado en los dos períodos del fallecido presidente Carlos Menem. Un peronista y un radical de derechas, defensores acérrimos de la impunidad de los represores de la dictadura militar. Un combo coherente. Una herencia que recoge, adecua y maquilla Juntos por el Cambio.
Excede el marco de esta columna y tal vez las competencias de este cronista desentrañar cual es la elaboración colectiva del 2001, en especial de los que pasaron hambre, privaciones estables, desempleo y salieron a la calle.
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2023 Tras un año que equivalió a más en tantas esferas, llega el 2023. Se cumplirán cuarenta años desde la recuperación democrática que merece seguir siendo celebrada a falta de alternativas superadoras aunque con eso solo no alcanza. Ni siquiera para que se eduque, se coma y se cure.
Habrá elecciones nacionales y provinciales, la oposición es favorita hasta hoy. Los desempeños del oficialismo son claves para esa situación desdichada, inimaginable tres años atrás. La pandemia, la guerra en Europa, el giro mundial a la derecha, agregan factores de peso.
La gula de los cambiemitas los impulsa a “mostrar la soga en la casa del ahorcado” escribe con acierto el periodista Martín Rodríguez: prometer ajustes, cierres de empresas públicas, de industrias en Tierra del Fuego, recorte a derechos laborales. Ostentar riqueza bacana como Macri en Qatar. El triunfalismo prematuro los acelera: engullen la cena antes de la hora de almorzar, muestran los dientes.
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2022 Qatar: Usted lo sabe, la final es a mediodía. El Mundial concretó una fiesta colectiva, concelebrada por millones de personas. Los argentinos gritan, hinchan, cantan, se consagran a cábalas y morfadas únicas. Existe identidad ahí, dentro y fuera del rectángulo de juego.
Los jugadores van dejando recuerdos imborrables, les sobran clase, garra y convicciones. Merecen ser queridos, son un equipo. Da gusto verlos, también escucharlos: aman lo que hacen, se respetan entre sí. Mezclan pasión y profesionalismo.
Nada más para decir en la previa. Apenas que esta nota se pensó así, con numeritos y enfoques cortos porque su destino es ser leída antes del partido. O después, vaya a saberse en qué mundo. O nunca, quién le dice.
La atención apunta a otro lado, con sobrados derecho y razón.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/508801-numeritos-para-leer-realidades