En las vísperas del primer paro general a su gobierno y de la sesión donde busca conseguir que se vote la Ley Omnibus, el presidente Javier Milei amenazó a los gobernadores cuyos diputados no voten la ley de un ajuste mayor sobre sus cuentas e incluso con la asfixia financiera. Lo hizo a través de un trascendido tras la reunión de Gabinete, según el cual Milei dijo que si la ley no se aprueba «va a ser peor para las provincias». Por si quedaban dudas, el vocero presidencial Manuel Adorni también amenazó a los gobernadores sin mucho disimulo: aseguró que si la norma no sale, se buscará recortar todo lo posible a los provincias «sin tener ningún tipo de contemplación«. Además de los ajustes que vaticinaron, buscaban bloquear la capacidad de las provincias de obtener crédito mediante una acción que tomaría el Banco Central.
Casualmente, el mismo día que se emitieron todo tipo de amenazas, los bloques que responden a los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio llegaron a un nuevo principio de acuerdo con el Gobierno. Fue luego de una cumbre de esos diez mandatarios con el ministro del Interior, Guillermo Francos, donde recibió una serie de reclamos de nuevas modificaciones.
El apriete
El primer indicio de que el gobierno iba por las cuentas de las provincias como una forma de coercionar para que se vote la ley vino por un trascendido publicado por diversos medios sobre algo que habría dicho Milei en la reunión de Gabinete: “Si la ley no se aprueba, va a ser peor para todos, en especial para las provincias”, sostuvo. Fue luego de días en los cuales Francos se la pasó diciendo que el Presidente estaba «impaciente» porque no le votaban la ley tal como él quería.
Lo que le dio más verosimilitud a estas versiones fue que Adorni utilizó la conferencia de prensa habitual para amenazas de forma velada (y no tan velada) a los gobernadores. “Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, sostuvo Adorni sin disimular la amenaza.
E insistió con que la ley tenía que ser aprobada sí o sí. «En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se
negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar
cada una de las partidas que el Gobierno nacional aporta a las
provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas
de que si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser
mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una
de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias”, remarcó el vocero.
Asfixia financiera
Pero Adorni también sugirió otra herramienta que iba a utilizar el Gobierno para someter a las provincias: la asfixia financiera. Dejó entrever que el Banco Central daría de baja la posibilidad de los bancos provinciales para conseguir financiamiento. Así el torniquete sería doble: por la vía del recorte de partidas federales y por la del bloqueo al crédito.
Concretamente, con lo que amenazó Adorni (y por lo tanto Milei) fue con eliminar una herramienta que el Banco Central puede dar de baja (la Comunicación «A» 6816, que fija el
cupo de crédito que los bancos provincviales pueden dar al sector público). De esta forma, prometían secar el crédito al que las provincias podrían recurrir para pagar salarios ante un mayor ajuste del Gobierno nacional.
Milei también buscó frenar la emisión de cuasimonedas ante el primer caso, que fue el de La Rioja, y prometió que no habrá ningún rescate nacional si emite cada provincia. La apuesta es que cualquier cuasimoneda se devalúe rápidamente.
La cumbre
En el medio de ese clima de amenazas fue que se llegó al acuerdo para que los bloques que antes conformaban Juntos por el Cambio acompañen y voten a favor en general la Ley Omnibus, como quería Milei. Y no votarán las retenciones como están redactadas (de hecho, la Coalición Cívica tendrá dictamen propio).
Antes de eso, hubo una cumbre del ministro del Interior con los gobernadores. Estuvieron presentes Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Claudio Poggi (San
Luis).
Entre los puntos que le plantearon para incluir en el dictamen están:
* Cumplir el fallo de la Corte Suprema referido a la Ciudad de Buenos Aires y transferir la coparticipación porteña que fijaron los Supremos.
* Propusieron la
transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) al Tesoro Nacional, pero compensando las deudas de las provincias con el FGS.
* Pidieron también que el Salario Mínimo Docente sea definido por el Consejo Federal de Educación y no por el Gobierno nacional solo.
* No eliminar fondos fiduciarios que financian a las provincias. Eliminar la asignación específica del blanqueo y también la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Eliminar el artículo que establece que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales.
Según manifestaron los gobernadores, Francos se comprometió a incorporar estos cambios a la ley. Fue la zanahoria para un largo día de garrote.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/706592-si-la-ley-no-se-aprueba-va-a-ser-peor-para-todos-el-apriete-