Página/12 en Perú
Desde Lima
Después de una tregua navideña, las protestas populares regresaron el 4 de enero y se concentran en el sur andino, la zona más pobre y excluida del país y donde el destituido expresidente Pedro Castillo tenía mayor respaldo. Hay movilizaciones en distintas ciudades, incluyendo la capital Lima, y bloqueos de carreteras en más de cincuenta puntos, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y sanción a los responsables de la represión que en diciembre dejó 28 muertos, 22 de ellos por disparos de las fuerzas de seguridad.
El otro reclamo es el cierre del desacreditado Congreso que controla la derecha y el adelanto de las elecciones generales para “que se vayan todos”. Resultado de la presión popular en diciembre pasado, las elecciones fueron adelantadas para abril de 2024, pero se demanda que los comicios sean este año junto con una Asamblea Constituyente Y reclaman la liberación de Castillo, el expresidente detenido desde el 7 de diciembre cuando fue destituido por haber intentado cerrar inconstitucionalmente el Congreso que lo tenía acorralado.
Las protestas más duras se vienen dando en la región altiplánica de Puno, en la frontera con Bolivia, donde el viernes un enfrentamiento entre manifestantes y policías dejó dieciséis heridos, entre ellos doce manifestantes –uno de gravedad– y cuatro policías que recibieron impactos de piedras. Cuatro de los que protestaban tienen heridas de bala y un camión de policía fue quemado. El choque ocurrió cuando manifestantes intentaron ingresar al aeropuerto, que tuvo que ser cerrado. El sábado se repitieron los enfrentamientos allí. El fotógrafo de la agencia EFE Aldair Mejía fue herido en la pierna por un perdigón disparado por la policía cuando registraba el enfrentamiento. “Sal de aquí, si no te vuelo la cabeza y vas a morir”, lo amenazó un policía antes darle el disparo. Fue auxiliado por los manifestantes y llevado a un hospital. El pasado miércoles, durante una movilización antigubernamental en Lima, el fotoperiodista independiente Walter Hupiu fue agredido por la policía.
“Cierre del Congreso corrupto” y “Elecciones Ya” son lemas que se repiten en distintas ciudades. En los carteles que se levantan en las movilizaciones hay lemas contra la presidenta. “Dina Balearte, renuncia”, es una consigna que relaciona el apellido de ella con la violenta represión. Hay otros más explícitos: “Dina, asesina”. Son menos, pero también se ven otros pidiendo “Castillo libertad”.
La caída de Castillo y el rechazo al Congreso gatillaron las protestas y la represión ha encendido más la indignación popular. Intentando calmar eso, el gobierno prometió que los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad no quedarán impunes, pero hasta ahora no se señalan responsabilidades. Y uno de los principales responsables políticos por esas muertes, el exministro de Defensa Alberto Otárola, ha sido ascendido a jefe del gabinete de ministros. Mientras, el gobierno mantiene un discurso de respaldo a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población.
La fiscalía anunció el viernes la apertura de una investigación preliminar por esas muertes que incluye a la presidenta Boluarte, a Otárola, al exministro del Interior César Cervantes, al exjefe del gabinete ministerial Pedro Angulo y a oficiales de la policía y el ejército. Boluarte ha asegurado que su gobierno dará facilidades “para el pronto esclarecimiento de los hechos”. Un avance rápido de esta investigación contribuiría a calmar la indignación popular.
El coro de voces de la derecha parlamentaria y mediática acusa a los manifestantes de “terroristas” y ataca a la izquierda, señalándola de “azuzar la violencia”. Ahora apuntan contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el desborde de indignación de los sectores excluidos del Perú. Un legislador de la ultraderecha, el almirante en retiro Jorge Montoya, demandó penalmente a Morales por haber calificado las protestas en Perú como “una insurrección” contra “el Estado colonial”. La derecha en bloque ha respaldado esta denuncia y puso en marcha una campaña para prohibirle a Morales el ingreso al Perú. El gobierno no ha descartado esa posibilidad.
La vocera de la bancada parlamentaria fujimorista, Patricia Juárez, ha exigido la expulsión de los embajadores de Bolivia y Cuba. El gobierno ya expulsó al de México por el asilo que ese país le dio a la esposa y dos hijos de Castillo. Por esta decisión, desde la izquierda se promueve la interpelación en el Congreso de la canciller Ana Cecilia Gervasi. Pero con una mayoría parlamentaria de derecha es improbable prospere.
La acusación contra Evo Morales es un nuevo capítulo en la ofensiva de una derecha que se siente fortalecida y saca las garras con un discurso que parece un viaje al pasado de las viejas dictaduras y tiene amplia difusión mediática: defienden la represión que dejó más de veinte muertos, exigen más mano dura, piden persecución a la izquierda y organizaciones sociales, y demandan romper con gobiernos progresistas. La derecha acusa a supuestos “azuzadores” internos y externos por las protestas, negando una realidad de indignación popular por el descrédito de una clase política corrupta, incapaz y alineada con los poderosos. Ese rechazo se concentra contra el Congreso que representa todo eso y la exclusión, la pobreza y el racismo que sufren los sectores populares, especialmente las poblaciones andinas.
Voceros del gobierno dan señales de una peligrosa coincidencia con esa derecha autoritaria. Después de una reunión con la bancada parlamentaria fujimorista, el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola, rodeado de legisladores de esa agrupación, llenó de elogios al fujimorismo y dijo que ese grupo “defiende la democracia y está apoyando la gobernabilidad”. Esa afirmación desconoce la larga trayectoria autoritaria del fujimorismo, que sigue reivindicando la dictadura de Alberto Fujimori y sus crímenes, y su reciente actuación desestabilizadora desconociendo el triunfo electoral de Castillo y complotando desde el Congreso para destituirlo.
La derecha empoderada utiliza su nueva posición de fuerza para perseguir a sus rivales y crear condiciones para una victoria en las elecciones de abril de 2024. Para eso, desde el Congreso maniobran para cambiar a los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para poner funcionarios a su medida. Como el Congreso no tiene la facultad para destituirlos, han presentado un proyecto de reforma constitucional para recortar su mandato “por única vez”. Necesitan dos tercios del Congreso unicameral, 87 votos, para aprobarla. No los tienen asegurados. En las elecciones de 2021 sectores de la derecha quisieron desconocer el triunfo de Castillo sobre Keiko Fujimori denunciando un inexistente fraude. Pero el JNE y la ONPE defendieron el resultado electoral. Por eso ahora sectores encabezados por una ultraderecha que tiene al fujimorismo en un rol protagónico, quieren cambiar a sus titulares. Si lo logran, las próximas elecciones no tendrían garantía de limpieza.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/514042-sectores-populares-regresaron-a-las-calles-en-los-andes-peru