Schiaretti cambia a tres ministros en menos de un mes en medio de una aguda crisis política | Efecto Marcos Juárez

Desde Córdoba

El mundo se metía en los años 60 cuando Giuseppe Tomasi di Lampedusa publicó Il Gattopardo. Ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, la novela alumbró uno de los dichos más populares de la ciencia política. Parafraseando al filósofo y periodista francés Alphonse Karr, Lampedusa puso en boca de Tancredi Falconeri aquello de: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

Más de medio siglo después, los gurúes políticos hablan de “oxigenar”, “maquillaje”, “refrescar” o el más moderno “F5”. Córdoba tiene un lugar en esa sinfonía. La sede del gobierno provincial, conocida como el Panal por su extraña geometría, es una mole de concreto y cemento, inaugurada en diciembre de 2011 por Juan Schiaretti, cuando se aprestaba a finalizar su primer mandato al frente de la gobernación. Poco más de una década más tarde, la intranquilidad mueve al Panal. Como nunca antes, el gobernador se puso una cofia y entró al quirófano con bisturí. Pese al escudo mediático, una crisis política sin precedentes amenaza la supuesta estabilidad del modelo que tan bien vende a nivel nacional.

En menos de un mes, Schiaretti se desprendió de tres funcionarios de primera línea. Un cimbronazo que sacudió los cimientos del esquema político sobre el cual el gobernador busca afianzarse para salir de gira nacional. En el medio estuvo la derrota electoral en Marcos Juárez, que intentó ser una especie de Kilómetro 0 para la demorada carrera presidencial.

A la salida de Diego Cardozo en el Ministerio de Salud por las muertes de bebés en el hospital Neonatal, se le sumaron las salidas de Nora Bedano en Cultura y, fundamentalmente, la de Alfonso Mosquera en Seguridad. Si bien los cambios intentaron ser presentados como una oxigenación, cierto es que la esmerada comunicación provincial no pudo ocultar el giro lampedusiano. “Lo que Schiaretti hizo es de manual”, explicó la analista Marina Llaó al dar cuenta que las modificaciones lejos están de ser estructurales. Los nombres así lo indican. En Salud quedó la segunda de Cardozo, Gabriela Barbás, mientras que en Cultura asumió Raúl Sansica, ex director del Teatro Real.

Efecto Mosquera

Mosquera es un caso aparte. Llegó al elenco de gobierno en 2018 para hacerse cargo de la entonces Secretaría de Seguridad. En 2019, Schiaretti le dio rango de Ministerio. Hasta esta semana, cuando fue absorbida por el nuevo Ministerio de Gobierno y Seguridad, a cargo del dialoguista Julián López.

Su salida era una de las más reclamadas desde la oposición y su gestión quedó marcada por el asesinato de Blas Correas, quien fue baleado en un control policial en 2020. No es el único caso de estas características ocurrido durante el aislamiento. Ese mismo año también fueron asesinados Joaquín Paredes y José Avila. A eso se suma el femicidio de Cecilia Basaldúa, donde personal uniformado de Capilla del Monte obtuvo bajo apremios la confesión de un “perejil”, y la muerte de Jonathan Romo, quien murió en La Falda tras ser golpeado por tres policías.

Mosquera siempre se jactó de sus convicciones. Ante la prensa, señaló que quienes pedían su renuncia “podía desgañitarse” haciéndolo, que no lo iban a conseguir. Sin embargo, el pragmatismo pudo más y no tuvo lugar en la nueva estructura ministerial.

Dato no menor, ninguno de los eyectados se refirió a sus renuncias como tales. Giros semánticos mediante, los tres se encargaron de remarcar que se trató de “salidas elegantes”.

No obstante lo cual…

Tanto “F5”, no obstante, no conseguirá evitar dos fotos que serán muy bien recibidas por la oposición. Más temprano que tarde, Mosquera y Cardozo deberán pasar por la Justicia, aunque no como ministros. Incluso, el extitular de la cartera sanitaria fue imputado la semana pasada en la causa que investiga las muertes de bebés.

Mosquera, por su parte, deberá comparecer en el juicio por el asesinato de Blas, que tiene 13 uniformados acusados. Con soberbia, el exministro tuvo la oportunidad de defenderse en el prime time televisivo local, al señalar entre otras cosas que las cámaras policiales incorporadas en su gestión serán clave para resolver el caso. Poco importó que prefiriera hacerlo ante las cámaras y no frente a la familia de Blas, con la que nunca se reunió.

Por ahora sin causas en la Justicia, la extitular de Cultura también está bajo la lupa. Una auditoría ordenada “desde adentro” reveló desmanejos presupuestarios graves. Como colofón, el 1 de septiembre se cortaron 100 contratos en el Teatro San Martín, el coliseo mayor local. Además, están los reclamos por el desfinanciamiento y la falta de ejecución de las partidas en el Polo Audiovisual.

Pero ni Bedano ni Mosquera se quedaron sin conchabo. Ambos debieron caminar sólo unos metros hasta la Unicameral para ocupar sucursales legislativas. Impertérritos, soportaron estoicamente las críticas de los opositores. La lealtad tiene premio.

A nivel nacional, seguramente este resquebrajamiento interno tenga poco rebote. Lo que sí puede pegar es el índice de desempleo. Según el Indec, el cordobesismo lidera la tasa de desocupación en los grandes conglomerados a nivel nacional con un 8,7%. Pese a esto, Schiaretti dio por cerrado todo el episodio y volvió a la escena nacional con un paseo por Santa Fe, territorio amigo, donde participó del lanzamiento de la licitación de la primera parte del acueducto que traerá agua del río Paraná a la provincia. Salir por encima de la grieta y el reclamo por los biocombustibles giraron en la bandeja del gobernador.

Así las cosas, sólo el tiempo podrá decir si la movida de Schiaretti
permite que sus bersaglieri no terminen interpretando a la armada
Brancaleone de Vittorio Gassman. Como nunca en sus anteriores mandatos,
el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se enfrentó a una situación
inédita de alto voltaje político.

Afuera una cosa, adentro otra

En el Congreso, en tanto, el schiarettismo sigue una cuidada equidistancia del gobierno nacional y de Juntos por el Cambio con parlamentarios que no pierden oportunidad de criticar a diestra y siniestra, más allá de alguna coincidencia ocasional. La voz cantante la lleva la senadora Alejandra Vigo, esposa del gobernador. Argumentando que las PASO son un “gastadero” de dinero, Vigo dejó sentada la histórica negativa provincial. En cuanto al proyecto de ampliación de la Corte, el «no» se escuchó en la Cámara Alta y se replicará en Diputados. “El gobierno debe hacerse cargo de los problemas de la gente”, discursearon desde bloque.

Fronteras adentro, con el operativo sucesión en marcha, la relación con el Frente de Todos dio otro giro. Si bien el antikirchnerismo es ley en el PJ cordobés, lo cierto es que Martín Llaryora intensifica sus conexiones con los intendentes filo k. El jefe comunal de la capital pica en punta para ser candidato y entre la pléyade de nombres para acompañarlo suena Martín Gill, intendente de Villa María y exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación. En las segundas y terceras líneas pasa algo similar, donde el discurso anti k no impide contactos y conversaciones.

Según trascendió desde el Panal, la orden es drenar de peronistas al kirchnerismo cordobés con miras a 2023 para que, en caso de presentar una lista, no tenga reales posibilidad de quitarle votos al oficialismo en un eventual mano a mano con Cambiemos. Con una media histórica de 10 puntos, el espacio kirchnerista retuvo un diputado en las legislativas. En 2019 bajó su lista a último momento, por lo que una eventual presentación en 2023 significaría una posible pérdida del sello local. Escenario este que a todas luces parece inverosímil. Hasta para la provincia más antikirchnerista del país.