Requisa en los colectivos y control policial: el protocolo «antipiquete» en acción | El operativo de Bullrich por la marcha del 20 de diciembre

El cuestionado protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se puso en práctica este miércoles: en los principales accesos a CABA, la policía frena a los colectivos y revisa que ninguno de los pasajeros tenga banderas ni identificaciones que permitan sospechar que se dirigen a la movilización que se realizará esta tarde en Plaza de Mayo.

La particularidad, señalaron pasajeros que registraron y compartieron lo ocurrido, es que la inspección policial en transportes escolares y también en colectivos de línea y otros vehículos es filmada por los efectivos con un celular. Según trascendió, el dispositivo transmite en directo al centro de vigilancia en el que la ministra Bullrich se encuentra supervisando el operativo antipiquete, que no solo amenaza a quienes corten la calle con la fuerza policial sino con la suspensión de planes sociales.

Usuarios de redes sociales compartieron videos de los operativos y criticaron el accionar de las fuerzas de seguridad, comparándolas con las requisas y pedido de documentos que se hacía en la dictadura cívico-militar.

El Ministerio de Seguridad, en tanto, compartió un video con imágenes del despliegue de fuerzas de seguridad en los principales puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y en algunas estaciones de tren, que incluyen efectivos, cámaras de vigilancia, perros, y hasta un mensaje amenazante en las pantallas de las estaciones que recuerda que aquellas personas que paren este miércoles, no cobrarán planes sociales.

Los principales puntos del protocolo de Bullrich

• Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales «intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte», como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías «debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas».
• La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a «despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio».
• En los procedimientos, los efectivos «emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente» con «armas no letales». Sin embargo, se aclara que esa fuerza será «graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes» y con «empleo de armas no letales».
• Deberán «identificar a los autores, cómplices e instigadores» de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.
• «Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores» de las protestas «registrados por las fuerzas de seguridad» —como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos— serán «remitidos al Ministerio de Seguridad».
• Cuando se observen actos que puedan ocasionar «daño ambiental» (como quema de neumáticos) «se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental».
• El Ministerio de Seguridad «podrá demandar judicialmente» a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, «por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».
• Se «creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones» y de «infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas».