Reconstruir la Abogacía Pública | Página12

El 7 de noviembre se cumplen 75 años de la creación del Cuerpo de Abogados del Estado (CAE), producto de una ley del plan quinquenal. Había ya en ese entonces una mirada estratégica sobre la defensa jurídica de la Nación. Es una ocasión propicia para repensar –y recuperar- el prestigio de la Abogacia Pública y pensar por qué este concepto tan básico, tan importante para los abogados y abogadas, tan central para nuestra disciplina y nuestro país (tan castigado por la falta de abogados formados en Derecho Público y comprometidos con la defensa de nuestra soberanía), ha retrocedido tanto. Ese retroceso no es un accidente.

En la Argentina, como en casi todo el mundo, se ha impuesto una mirada corporativa y privada (mal llamada “liberal“) de la abogacía. Este enfoque neoliberal (el neoliberalismo económico se diferencia del viejo liberalismo político de Alberdi, que sí creia en la igualdad de derechos) y empresario reduce –y ya redujo- el derecho (y también la política) a una lógica de costo-beneficio. Basta ver cómo hablamos los abogados hoy: parecemos contadores, administradores de empresas, economistas. No hablamos ya como abogados. Ni los jueces de los más altos tribunales lo hacen: ellos también hablan de “costos“ y del proceso jurídico como de una “externalidad“. Palabras como equidad, igualdad, o justicia han desaparecido de nuestro horizonte. Molestan. Ya no las decimos. O las decimos cada vez menos: nos da (y en cierto sentido está muy bien que nos de) un poco de vergüenza decirlas. Es muy dificil hablar de “justicia“ cuando cientos de pibes duermen en la calle o pasan frío. Cuando la inequidad es tan visible y tan extrema y la inacción de la “justicia“ ante tanta injusticia es tan evidente.

A donde quiera que miremos predomina la desigualdad, la exclusión, la precariedad. Y también la inacción de los poderes judiciales (guardianes de la Constitución…) frente al avance de la precariedad y el hambre. No parece un tema de la “justicia“. Los jueces no se dan por aludidos. Incluso justifican su indolencia y su inacción de magistrados afirmando (en un pais donde la mitad de la población es pobre) que detrás de cada necesidad no puede haber un derecho (o que el problema es el exceso de garantias, el exceso de “garantismo“). Esa frase repetida como un mantra es una forma de dar vuelta una realidad: en la Argentina gracias a la inacción del Poder Judicial, casi nunca hay un derecho detrás de cada necesidad. No hace falta aclararlo. No es solo que la frase de un ex rector de una universidad de privilegio es discutible. Es que dicha en Argentina, donde la mitad de la poblacion es pobre y no goza de ningún derecho (constitucional) es una prueba de incumplimiento grave de funciones judiciales: es la falta de jurisdicción. Es la falta de acceso a la justicia. Los jueces opinan. Pero no defienden derechos. El activismo judicial en la Argentina tiene, como en casi toda la región, un sesgo conservador. El poder Judicial parece más un custodio de privilegios económicos que un operador en favor de la igualdad. Hay muchos derechos que figuran en la constitucion y no se cumplen. La constitución no tiene guardianes. La mitad de los presos en Argentina están presos violando el debido proceso. Sería un escándalo en cualquier país serio. Pero como son pobres a nadie le importa. Y nuestra Corte no habla.

El mercado arrasa con los derechos sociales: porque los derechos “cuestan“ mucho, como las garantías. No nos vuelven competitivos ni “eficientes“. Se habla de “costo social“. Hoy el derecho (los procesos públicos que involucran a la Justicia y a la democracia son vistos como) un “costo“ de “transacción“. O como dice Ronald Coase, (creador del teorema del costo social) como una “externalidad“ negativa. Es la misma visión que tienen organismos como el FMI de los procesos democráticos: vistos como costos “inutiles“. Recortar el costo “político“, es recortar el “costo“ de la democracia. El costo de hacer tantas elecciones es parte del llamado costo “social“.

Hoy el “modelo“ de la abogacia no es más la abogacia pública, que ha quedado en un segundo plano. El modelo no es el abogado que defiende gratis a los pobres (como decia en la chapa de entrada al estudio de Alfredo Palacios, cuya tesis de doctorado La Miseria, fue rechazada por la UBA), sino el que trabaja en un estudio y gana millones a costa del hambre y la exclusión. Ese es el modelo de abogado “exitoso“. Por eso los abogados hablamos cada vez más como contadores, como administradores, como economistas (dedicados a defender el interes privado, el lucro, los dividendos, el capital), pero cada vez menos como abogados que defienden derechos. Faltan algunas palabras básicas de nuestro lenguaje. El ideario de la abogacia (pública) se ha ido recortando con el auge del neoliberalismo. La abogacia parece haber quedado atrapada ella también en la logica de los negocios privados. Estamos perdiendo nuestro lenguaje. Los derechos (pensiones, derechos de los trabajadores) se empiezan a ver como “costos“ y a los abogados y jueces que los defienden como “industrias“, cuando en terminos de volumen la única “industria“ que realmente existe y nunca se menciona es la de los grandes estudios que hacen sus fortunas litigando contra el Estado, sacándole (robándole) recursos al sector público y la ciudadania. Esa es una corrupción que no se ve. Una “industria“ (del juicio contra el Estado) que no se ve como “negocio“. Muchos estudios jurídicos elegantes viven de hacer ese negocio ruin y anti nacional. Por eso es tan importante el tipo de formación que reciben quienes defienden el interes público: los abogados del Estado argentino. El servicio jurídico de la Nación requiere una jerarquización profesional y salarial –un escalafón propio, asignatura presente en la ley que le dio origen y nunca se conquistó- y un reconocimiento institucional a su trascendental tarea: son los abogados y abogadas que defienden a la Argentina. Ni más ni menos. Es una formación básica, indelegable. Que no se puede seguir tercerizando en universidades privadas. Es una contradicción de fondo que los abogados del Estado se formen en universidades privadas, donde predomina una mirada negativa de lo público o es visto como un “costo“. Como una “carga“ social. No es exagerado pensar que parte del subdesarrollo argentino se deba a la falta de un cuerpo de abogados preparado con determinación para defender a fondo, con plena conciencia de lo que implica defender, jurídicamente, el interes nacional. 

* Director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del Tesoro de la Nación.