Quequén a la vista | Página12

Los riesgos de no tener una política fluvial y marítima que reafirme la Soberanía han crecido de manera alarmante en los últimos dos años y por tres razones hiperseñaladas pero siempre esquivadas, y que en caso extremo hasta podrían configurar el delito de traición a la Patria en los términos del art. 215 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que (…) ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad».

En esa línea conceptual, la semana pasada se publicó, en El Cronista, un potente artículo condenatorio de la desidia gubernamental en esta materia, firmado por el ingeniero Horacio Tettamanti, reconocido experto y exsubsecretario de Puertos y Vías Navegables entre 2012 y 2015, quien hoy integra la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía del Río Paraná y el Canal Magdalena. Allí reclama con irrefutables argumentos la necesidad de «que el Presidente revoque la resolución 625/22, al igual que el Decreto 949/20, por el bien de la República y antes de que sea tarde».

Lo cierto es que las decisiones políticas sólo han servido, hasta el momento, para favorecer a latifundistas, agroexportadores y funcionarios cipayos, que, al servicio de empresas multinacionales, han contribuido a degradar la Soberanía Nacional en todos los órdenes –fluvial, marítima, pampeana, cordillerana, boscosa, minera y de humedales– cooptando y/o corrompiendo a los poderes políticos y judiciales ya degradados desde los ’90 por el menemismo.

Claro que el reclamo no sólo se dirige al Presidente, sino también al Congreso Nacional, cuyo silencio en esta materia –decisiva para la República porque la Soberanía lo es– ya hace tiempo que avala sospechar presiones inadmisibles y posibles traiciones. Y silencio que sigue siendo la única respuesta de algunos diputados y senadores a las macizas argumentaciones explicadas al pueblo argentino por la mencionada Mesa.

Así, si hay silencios legislativos sin dudas éste es alarmante, porque lo que ahora está en juego es nada menos que la última chance de recuperación económica de la Argentina, que sólo puede ir de la mano del rechazo de «acuerdos» indignos y de la reafirmación de soberanía en todos los órdenes . Lo que de ninguna manera se encontrará en el ministerio de los Sres. Massa y Rubinstein por la sencilla razón de que, si no se garantiza la soberanía, ninguna decisión económica cambiará el negro futuro que nos dejó la cipaya oposición que hoy, apoyada por la dictadura mediática, además de corrupta es violenta.

Lo cierto es que la actual política fluvial y marítima ha colocado a la Argentina al borde del abismo que significa entregar uno de los últimos recursos estratégicos decisivos para recuperar la economía popular. Genuflexión tan grave, por cierto, que alguna vez podría encuadrarse en los términos del mencionado artículo 215.

Es en ese marco que se producirá, en las próximas semanas, el fin de una concesión en el bonaerense puerto de Quequén, que coloca al gobernador Axel Kicillof ante un enorme desafío: a) Los concesionarios buscan, como en el río Paraná, una prórroga sine die; b) Lo que vence ahora es sólo un elevador de granos; no todo el puerto, ni los silos; c) De donde podría licitarse solamente el elevador, en cuyo caso la administración no pasaría al Estado hasta tanto se estatice el puerto una vez que se sancione una ley creando una Sociedad estatal. Lo cual tampoco sería solución, porque la administración no pasaría al Estado sino al consorcio, o sea los mismos actores actuales.

Hoy en Quequén ya parecen saber que Kicillof no extenderá la concesión, y en cambio podría forzar el llamado a una nueva licitación, no sólo para conseguir mejores condiciones sino para introducir nuevos operadores que no sean las mismas cerealeras, y para que en el pliego se garantice prioridad a futuro para la Provincia. «Los concesionarios seguirían administrando –dice un vocero de su entorno–, pero si el Estado necesita capacidad instalada de elevación tendrá la prioridad, aunque pagando, porque es un servicio. Pero aseguraría que si vía YPF Agro o el Banco Provincia comprara granos y debiera embarcarlos, tendría prioridad de uso del elevador».

Conjeturas aparte, y para frenar posibles griteríos, será clave que el gobierno provincial explique muy bien todo y despejando la idea de que hay un puerto en riesgo, ya que objetivamente lo que hay es un viejo elevador de granos administrado por privados que también manejan el puerto. De donde lo que estrictamente vence ahora es un elevador; no todo el puerto ni los silos.

En ese contexto, e igual que sucede con casi todos los puertos sobre el Paraná, cada renovación o prórroga implica quedarse con una titularidad que excluye al Estado, que con este tipo de concesiones –decretos de matriz cipaya, como el 949/20– pierde soberanía en cada caso y prácticamente no recibe nada pues todo se lo llevan las corporaciones extranjeras.

En las últimas horas el entorno de Kicillof confirmó a esta columna que no prorrogará la concesión, y en aras de forzar una nueva licitación con mejores condiciones se buscarán operadores que no sean las mismas cerealeras, asegurando prioridades para el Estado Provincial. «Axel ya pateó el tablero», dice un asesor porque el esquema planteado parece óptimo: El Estado «no agarrará la administración sin granos ­–añade–. porque nos van a boicotear».

Y alcanzar una ley que provincialice el puerto y toda la operación, Kicillof sabe que es misión difícil, pues no tiene la mayoría necesaria. Por eso su estrategia parece consistir en promover una nueva ley de puertos.

Es de sentido común que las cerealeras dueñas de los granos ­no pueden pretender que siga todo igual. En todo caso, para seguir manejando el negocio tendrán que ir a licitaciones. Que es lo que quieren evitar. «Buscaban que no hiciéramos los pliegos, pero no pueden conseguirlo, igual vamos a licitar asegurando que el Estado tenga prioridad», dicen que AK ordenó a sus íntimos. Los que están ahí deben pagar más. Si la administración es pública o privada no cambia demasiado, porque igual pagan un precio vil. O sea que deberán pagar por las instalaciones un canon mayor, y si el Estado las necesita, tendrá prioridad.

Alrededor del gobernador hay acuerdo en también cambiar la ley de puertos, aun sin ser dueños de los granos. Se sabe que Kicillof promueve una ley para estatizar el puerto, aunque en la intimidad dicen que sabe que «no me la van a votar. Vamos a perder». Pero mientras decide qué hacer a ese respecto, lo seguro, según sus íntimos, es que: «1º, no les vamos a prorrogar la Ley. 2º, llamaremos a una licitación en la que participen más jugadores que los del puerto. Y 3º, en los pliegos quedará claro que si el Estado necesita usar el elevador de granos, tendrá derecho y prioridad para hacerlo».

Kicillof sabe que, aun sin los votos, la provincialización es decisiva. Quizás por eso en La Plata ya se alistan para la gran marcha por la soberanía que promueve la mencionada Mesa Coordinadora para el próximo 20 de noviembre y que quizá cierre el propio gobernador en la Vuelta de Obligado, ya que ese día es la única fecha patria provincial. No anunciado oficialmente, hay conciencia de que sólo un acto extraordinario nacionalizará esta gesta.