¿Qué hay detrás de la teoría del espionaje y hackeo a los jueces? | Dos causas en curso y una operación

Por una notable coincidencia, se hicieron públicos en los últimos tres días algunos datos sobre dos investigaciones judiciales que a primera vista pueden llevar a suponer que ciertos jueces y juezas están o estuvieron siendo espiados con distintos mecanismos pero con alguna suerte de matriz común. Una apunta a la desaparición de sus declaraciones juradas. La otra, a presuntos hackeos a celulares de magistrados/as y creación de líneas truchas a nombre incluso de miembros de la Corte Suprema. La realidad es que todavía no hay resultados concluyentes en esos expedientes, pero todo se ventila de un modo que apunta a alimentar la teoría del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y de los jueces imputados por el charter a Lago Escondido, de que los vigilaron ilegalmente. Es un ángulo que, a la vez, ayuda a desdibujar los presuntos delitos que se les adjudican a ellos. La onda expansiva del celular del exfuncionario de la Ciudad, como es conocido, llegó hasta el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por las conversaciones con su mano derecha, Silvio Robles. Quizá sea casualidad, pero justo una de las supuestas víctimas es el cortesano. 

Declaraciones juradas

Una de las causas en cuestión intenta desentrañar cómo fue que desaparecieron 82 declaraciones juradas de jueces y juezas de la oficina del Consejo de la Magistratura que debe custodiarlas donde –además– 55 sobres con esas documentación se encontraron dañados. El episodio que llevó a detectar esta anomalía se remonta a junio del año pasado, cuando un empleado encontró la puerta abierta de esa dependencia tras el feriado del Día de la Bandera, pero los resultados de las auditorías fueron ventilados ahora en dictamen del fiscal Ramiro González que confirma que esos son todos los documentos que faltan. Un informe fue enviado por la Oficina de Declaraciones Patrimoniales del propio Consejo –que, vale recordar, preside Rosatti–, y otro por el cuerpo de auditores. 

El reporte del Consejo dice que “…muchos de los sobres que en un primer momento parecían faltar fueron hallados en sitios diferentes de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Otros, fueron hallados archivados (…) y otros obraban en la Comisión de Disciplina de este órgano (…) Sin embargo, algunos de ellos no han podido ser localizados, no habiéndose advertido aún el motivo de su faltante, o si fueron remitidos a alguna otra dependencia…”. Ese documento señalaba que no hay aún identificadas constancias que expliquen lo que falta (que incluye anexos con datos patrimoniales públicos y otros reservados con información sobre familiares, cuentas, gastos, domicilios, inversiones). Los auditores sostuvieron que “no fueron forzadas las cerraduras; no existe ingreso impropio o irregular de persona alguna al edificio durante los días investigados, acerca de la cual se sospeche utilización engañosa de llaves; no existió actividad del sistema informático necesario para asegurar prontitud y eficacia en la posible intrusión». Las cámaras de seguridad no funcionaban. 

Como es obvio, el hecho es grave, pero aún no se sabe si fue producto de la desidia y la desprolijidad, o si hubo un plan para robarse esa información sensible. En el Consejo están analizando qué hacer y es posible que el tema esté en el plenario de este miércoles para, por ejemplo, evaluar medidas de seguridad inexistentes. González deslizó en su dictamen una jugada teoría, al decir que no habría que descartar que los supuestos hackeos y la multiplicación de líneas telefónicas a nombre de jueces se hayan valido de datos de la documentación desaparecida. «Obsérvese que han tomado estado público diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión», escribió.  

¿Hackeos, líneas truchas, espionaje? 

El fiscal aludía a cuestiones que son analizadas en una causa a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi que concentra denuncias de distintos jueces. Uno de ellos es Rosatti, quien se encontró con que la empresa Personal le reclamaba el pago de líneas que nunca había solicitado. El juzgado le encomendó un análisis a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que depende de la Corte, y un informe también entregado la semana pasada concluyó que había cinco líneas gestionadas a nombres del supremo, y que se activaron desde un aparato desde donde también se activó una línea nombre de otro supremo, Carlos Rosenkrantz y de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata. A estos dos últimos se les pedirá que declaren por escrito, para constatar que no son los números que ellos usan. 

Otra de las cuestiones establecidas es que ese equipo/celular, que no se sabe aún a quién pertenece ni quién lo usa, opera desde Misiones. Esto llevó a que los investigadores asociaran este hecho con el hacker imputado por la fiscala porteña Daniela Dupuy en la causa donde investiga el hackeo al celular de D’Alessadro. El joven, que dice que no conoce a quien lo contrató ni qué estaba haciendo en concreto, es de El Dorado, Misiones. Algunas lecturas retorcidas intentaron ligar también el hecho con el peronismo de esa zona. Si es por hacer lecturas, esa provincia también fue clave en el espionaje de los tiempos en que Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño. 

Las líneas de Rosatti fueron creadas en diciembre (una) y el resto en febrero a través de una gestión por la aplicación de la empresa de telefonía con algunos datos básicos. La de Rosenkrantz también se generó en febrero. Cada aparato tiene un número que se llama IMEI. Es el mismo vinculado a las líneas de ambos supremos y un total de 39 abonados. Desde el celular a nombre de Rosatti se hicieron 6590 llamadas, del de Rosenkrantz 839 y el Skanata 6298 en un lapso de cuatro meses. Lo que no está para nada esclarecido es si, por ejemplo, se crearon esas líneas para cometer estafas virtuales u otros delitos o para usar otros mecanismos para espiar a los jueces/zas. Es clave saber con quién se comunicaban esos números. 

Martínez de Giorgi tiene también denuncias de los jueces del juicio de Vialidad Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y de los de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que dicen que tuvieron hackeados sus celulares el año pasado. Los primeros señalaron que fue durante le juicio por la obra pública en Santa Cruz y apuntaron al hacker de D’Alessandro. Pero nada está corroborado aún.