Un hecho capaz de generar tanta conmoción como el asesinato de Morena Domínguez, de 11 años, para robarle el celular cuando iba camino a la escuela en Lanús, vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre el delito, la violencia, la (in)seguridad y la falta de políticas efectivas. Las primeras reacciones, desde el ámbito de la dirigencia volcada a la derecha, fueron simplistas y hasta desafortunadas, al punto de inventar que había un menor de edad involucrado para dar pie a las teorías más trilladas: que la culpa es de la justicia y la «puerta giratoria», que la edad de imputabilidad debe bajar, que faltan policías en la calle, o que la cárcel resuelve todo, entre otras tantas teorías punitivistas, que ya resonaban en la campaña electoral. Muchas de estas expresiones apuntan a sacarse responsabilidades de encima. Especialistas consultados por Página/12, con miradas variadas, proponen un análisis profundo, lejos de los parches, los eslóganes y las respuestas efectistas o de corto plazo. El desafío que enfrentan está en las deficiencias estatales históricas, las estructuras policiales corrompidas y la polarización política.
El exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni advierte un problema de base: no hay monitoreos, ni cifras, ni análisis cualitativos de los delitos. «Nadie investiga, no se sabe nada de frecuencia, modalidades, víctimas, victimarios, nada de nada. La seguridad no es un problema nacional sino local, a veces barrial. La prevención es un problema policial. Nadie puede hacer prevención de lo que se desconoce. El país no tiene política criminal, y tampoco puede tenerla, porque no sabemos qué pasa, dónde pasa, no detectamos las falencias, las subas y bajas de los delitos, no hay investigación ninguna, no se invierte un peso en saber», señala ante la consulta de este diario.
Ante casos que generaron fuerte impacto social o debates circunstanciales, desde el año 2000 hasta la actualidad, recuerda el jurista, «se introdujeron 30 reformas destructoras del código penal». «Sancionaron –repasa– más de 120 leyes penales, reformadoras, especiales y disposiciones penales en leyes no penales. Se crearon comisiones permanentes de legislación penal. La legislación penal es de excepción, ahora se volvió regla. En ninguna de esas reformas participó un penalista, sino los íntimos de los legisladores. Obviamente no bajó el delito».
La exministra de seguridad Sabina Frederic dice que la única estadística confiable «señala que desde 2014 la tasa de homicidios desciende y que según la Procuración bonaerense los homicidios en ocasión de robo también están a la baja. Sin embargo, los robos de celulares o de motos, son una constante y algunos como el caso de Morena, con violencia finalmente letal. Dicho esto, hay que apuntar a desalentar el crecimiento de los mercados ilícitos, como el de la compra y venta de celulares. Para eso hay que fortalecer la investigación y la inteligencia criminal, una herramienta despreciada porque la política de seguridad prioritaria es más y más policías en la calle». Para la especialista, «una policía municipal empeoraría la situación, más en municipios del conurbano donde el delito no tiene límites municipales». Alude a la connivencia policial. «Además –dice– hay que reformar la ley de seguridad interior y asignar cadenas de responsabilidad claras entre los niveles nacional y provincial. En la actualidad el Ministerio de Seguridad de la Nación no puede conducir un proceso».
Desde otro ángulo, el exministro de Seguridad de Santa Fe y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Marcelo Saín, considera que «el sistema de prevención policial en la provincia de Buenos Aires» para los delitos «predatorios» o «de calle» «debe ser municipal». «Que se traspase a las intendencias el servicio de seguridad preventiva policial y quede su desempeño quede atado a la evaluación de la ciudadanía a través del voto». El modelo de «saturar las calles con policías» le parece «insostentible». «Se necesita algo más robusto, como el aplicado en Nueva York, que hace un mapeo criminal, identifica dónde y cómo ocurren las cosas y se despliega la policía sobre esos focos criminales. Eso requiere tecnología y movilidad, como más motos que patrulleros». Además de todo esto, dice, «debe haber una estrategia estatal». «El sistema policial no puede abordar por qué el delincuente es delincuente, por qué entra en carrera, si es amateur o profesional. Puede ser encarado con un ministerio de seguridad pero partiendo de los problemas estructurales de los barrios: hay desocupación, los pibes roban, hay venta de drogas. Hace falta un trabajo de prevención comunitaria».
Un asunto complejo
«Hay distintos fenómenos delictivos y de violencia. Hay que diferenciar para poder pensar qué se hace. Los que están asociados al consumo problemático de drogas en barrios pobres, con vidas muy precarizadas, se relacionan con un fracaso de las políticas de seguridad, sociales y de salud, que no se pueden disociar», dicce Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). «¿Qué pasa con el negocio del narcomenudeo en los barrios que genera problemas sociales, fracturas profundas y situaciones de violencia social donde el Estado no llega o llega poco? Lo que vemos que tiene capacidad de generar algún cambio, las que más llegan, son las organizaciones sociales. Y Con las policías, además, están involucradas, y son estructuras muy metidas, es difícil que el Estado desarme esas lógicas violentas». Litvachky describe que en relación «a la droga», «el Estado sigue tiene políticas asociadas al prohibicionismo, detiene gente pero no resuelve los problemas de violencia barrial. Tampoco aborda los problemas de salud asociados al consumo».
En este punto, Frederic dice que sería «relevante una discusión de la ley de estupefacientes, que ha resultado ineficaz para contener los consumos problemáticos de drogas». «La policía y los operadores judiciales siguen persiguiendo a los consumidores (en el 35% de causas penales son por narcotráfico), cuyo delito es la adicción, es absurdo», señala.
Zaffaroni entiende que «el tóxico de la pobreza es el paco, no la cocaína». «Es negocio menor de la policía y es un tóxico que destruye el tejido neuronal frontal, es irreversible. Es de difícil control, se hace en cocinas –explica–. No es ‘narcotráfico’ grande, se mezcla un residuo de cocaína con cualquier cosa, incluso veneno de insectos y ratas. Hace años con Sergio Torres (actual juez de la Corte bonaerense) logramos concentrar denuncias con un teléfono y secuestrar 3 millones de dosis. Eso me costó que la policía y un informante de ellos me armaran el escándalo de los departamentos».
En relación al «mercado de drogas» o el narcotráfico en sí, Saín sostiene que «hace falta un esquema policial investigativo serio». «Hay que meterse con los mercados protegidos por estructuras policiales, legislativas, judiciales y financieras, como hicimos con el organismo de investigaciones en Rosario, pero que fue lo que llevó a mi destitución. La politica no resiste que se llegue a las estructuras de poder. Para trabajar mercados ilegales tenés que tener una estructura de inteligencia e investigativa nueva, hay que arrancar de cero y hacerlo», dice.
Estado y violencia
«El telón de fondo del delito callejero y predatorio son los barrios desorganizados, económicamente desfondados, con grupos familiares implosionados y escuelas cada vez más impotentes para proponer vínculos morales y contener o procesar los problemas con los que llegan sus alumnos», escribió Esteban Rodríguez Alzueta, profesor de sociología del delito en la Maestría de Criminología de la UNQ, en la Agencia Paco Urondo. Su texto describe delitos «protagonizados por jóvenes» «como estrategias de sobrevivencias y otras veces como estrategias de pertenencia». «Delitos –remarca– cometidos cada vez más con una violencia (…) que no guarda proporción con lo que se quiere conseguir». «El problema es el delito, pero también las instituciones encargadas de controlar o perseguir ese delito. Las agencias que componen el sistema penal (la policía, los fiscales y jueces) forman parte del problema, recrean las condiciones para que se reproduzcan y se agraven (…) La cárcel no es una fábrica de delincuentes sino violencia», cuestiona.
«El delito y la violencia agregada al delito tiene múltiples factores que el Estado no está pudiendo diagnosticar, agendar y abordar», dice Rodríguez Alzueta. A su entender el Estado no es dúctil ni capaz de procesar lo que sucede en lso barrios populares. «No está a la aturla de los conflictos sociales con los que nos medimos o, mejor dicho, con los que se miden los vecinos de los barrios más pobres», añade en diálogo con Página/12. Quiere decir que es imposible hoy abordar los «conflictos desde tal o cual ministerio». «Hay falta de voluntad y mala voluntad –concluye– pero también hay un Estado que no funciona y una política tomada por la polarización política, incapaz para hacer los acuerdos que se necesitan para articular entre los distintos partidos, y las distintas agencias y poderes para desarrollar políticas públicas de largo aliento».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/576781-que-hacer-con-el-delito-y-la-violencia