El camino al enjuiciamiento de los cuatro cortesanos parece despejarse tras la ratificación de las catorce denuncias. Aún falta el debate entre los miembros de la comisión de juicio político que será el próximo jueves 9 de febrero, donde definirán si los 60 hechos enumerados, son o no admisibles. El oficialismo tiene una leve ventaja y podría entonces, una vez cumplimentados los pasos formales, comenzará la recolección de evidencias. Iniciar incluso la convocatoria a testigos. Desde la oposición macrista adelantan cuestionamientos al formato que podría tener el informe de admisibilidad. Las autoridades de la comisión, Carolina Gaillard (FdT) y Juan Manuel Lopez (CC), deben acordar un texto único. El reglamento que ordena el proceso es claro: se acepta o se rechaza. No hay lugar para posiciones indecisas. Ni dictámenes de minoría.
La contundente intervención que dejó la diputada Paula Oliveto (CC), retomando los lineamientos de Elisa Carrió para ratificar la denuncia contra Ricardo Lorenzetti, obligó a un cambio de discurso en sus aliados. Se pasó de rotular el proceso como un circo, descalificándolo, a instalar que “hay una discusión política entre el Poder Ejecutivo y el Judicial”. Ahora afirman que los fallos supremos “incomodan” al Ejecutivo porque le son adversos, y por eso “mandan a sus diputados a avanzar con esto”. Pero que no hay hechos admisibles. Menos aun antecedentes que puedan justificar algún “tipo de inhabilidad moral” dicen; en referencia a las presentaciones realizadas por varios organismos de derechos humanos en la reunión del último jueves.
Apuntan a que la utilización del instituto de juicio político “no puede malgastarse” si no hay certeza de concluir el proceso. “Se trata de la máxima herramienta que podemos utilizar a los efectos de estudiar conductas de las más altas autoridades del país. No se la puede manosear”, sostiene a pagina/12 un opositor que integra la comisión y la conducción de uno de los principales bloques de JxC.
Públicamente afirman que el proceso va a generar consecuencias negativas en la estabilidad de las instituciones. Porque “en un país donde necesitás inversiones, y decís que querés generar condiciones para que se instalen empresas y crear trabajo, bajar la inflación, o atraer dólares; el peor escenario es tener a la Corte bajo tratamiento de juicio político”. Puertas adentro la discusión quedó circunscrita por ahora, entre los integrantes del interbloque que participan de la comisión. Son enfáticos al señalar que es la Coalición Cívica sola la que impulsa la acusación contra Lorenzetti. Subrayan la coherencia de sostenerla desde 2017, incluso cuando eran gobierno y no promovieron las denuncias. Pero los números no acompañan para lograr las mayorías especiales establecidas en el reglamento “el oficialismo no nos va a partir, porque incluso no llegan con los votos para la acusación de Lorenzetti”, se jactan.
El FdT sabe que la paridad numérica en esta etapa le es adversa. Incluso en el Senado donde ostenta mayoría simple con 34 bancas propias. Pero el 10 de diciembre se recambia la mitad de las 257 bancas de Diputados y un tercio que representan 24 en el Senado. En la Cámara baja tiene 118, y otras 116 son de Cambiemos. Las restantes 23 se reparten entre la izquierda (4), la ultra derecha (4) y varios partidos provinciales (15), muchos de los cuales para mantener sus hegemonías locales, según los contextos, pivotean. Para la votación de las acusaciones en el Senado se requieren 48 de los 72 senadores presentes, actualmente el oficialismo cuenta con 34 propios y podría sumar tres aliados. Igual le faltan 11 que sólo podrían conseguirse entre JxC; además por ahora, la Coalición Cívica no tiene ni un representante en esa cámara.
A pesar de que la aritmética por ahora le es esquiva, apuestan al correr de las audiencias, la contundencia y gravedad de las denuncias. La Constitución Nacional establece qué roles debe cumplir cada uno en el proceso. Fija que es la Cámara de Diputados quien acusa, y el Senado quien analiza y resuelve. Para ambos procesos se requieren mayorías especiales en el recinto que el oficialismo no tiene.
Varios de los autores de proyectos insisten que es una “responsabilidad dar a conocer los hechos de gravedad”. Además buscan dejar en evidencia “como están intentando demoler la política judicial de Memoria, Verdad y Justicia” y que incluso “se está incurriendo en varios delitos penales más allá del mal desempeño”. Se apoyan en la explicación de los contrapesos que deben tener las instituciones democráticas donde cada unos de los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- tienen obligación de controlar al otro.
Un largo camino a recorrer
Son dos las instancias en que la comisión de juicio político debe notificar a los integrantes de la Corte Suprema, el curso del proceso de enjuiciamiento. La primera será una vez aprobada la admisibilidad que se concreta con la aprobación del informe. Y la segunda será en ocasión de haber producido la prueba para avanzar en el dictamen de acusación a cada uno de los ministros. En esa acusación se enumeran los hechos que se deben sustentar con todos los documentos y testimonios recogidos. Es allí donde los supremos podrán hacer uso de su derecho a defensa. Pueden hacerse presentes ante la comisión para responder las acusaciones en su contra, o pueden enviar un escrito. Una vez concluida esa etapa se deberá firmar un dictamen que pasará al recinto. El texto que contenga las acusaciones deberá cumplimentar su tratamiento en una sesión donde se expondrán los cargos que se le imputan a cada uno y las pruebas recabadas. Se requieren 172 votos afirmativos para que pase al Senado.
Los testigos serán citados y tienen obligación de presentarse. Incluso desde la comisión pueden recurrir a la fuerza pública para que los traslade, si es que ofrecen resistencia. «Se trata de una carga pública, igual que en cualquier juicio ordinario” apuntan desde el oficialismo. La lista se irá engrosando a lo largo de las jornadas, y será “un proceso participativo” afirman. Pero ya decidieron que el primer citado será Eduardo Wado de Pedro. El Ministro del Interior fue quien intentó negociar el monto de coparticipación para el financiamiento del traspaso de la policía a la Ciudad, con Felipe Miguel en representación de la CABA, que terminó judicializándose y es una de las acusaciones a los cortesanos. Por el mismo expediente se espera la presencia de varios de los gobernadores que se presentaron como amigos del tribunal, antes del fallo que modificó los alcances del decreto 735/20, -que redujo del 3,5 al 2,3 por ciento los fondos que recibe la CABA y que Mauricio Macri había triplicado en 2016-, porque reclaman que no fueron escuchados. También se espera la asistencia del procurador del Tesoro Carlos Zaninni.
Tampoco descartan citar a Marcelo D’ Alessando, ministro de Seguridad y Justicia porteño, y a Silvio Robles que es el secretario de Horacio Rosatti y están involucrados en el intercambio de mensajes días previos a la publicación del fallo. “Tenemos que mostrarle a la sociedad cómo funciona la Corte, a qué intereses responde, cómo arreglan fallos y con quienes”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/521410-por-ahora-nada-detiene-el-juicio-politico-a-los-supremos