Perú: suspenden al coronel que investiga a Dina Boluarte | Por la insólita excusa de su torta de cumpleaños

La insólita razón dada para acusar y suspender al coronel Colchado es que la torta de cumpleaños que le regalaron los efectivos del equipo policial que dirigía tenía un pequeño muñeco derribando una puerta con un ariete. Un escena repetida en las operaciones que realiza esta unidad policial. Inspectoría de la Policía argumenta que la torta representa el allanamiento a la casa de Boluarte y “se burla” de la presidenta, por lo que se acusa a Colchado de haber cometido una “infracción muy grave contra la imagen institucional”.

El abogado de Colchado, Stefano Miranda, ha respondido que decir que el diseño de la torta se refiere al allanamiento a la casa de la presidenta “es algo subjetivo, pues él ha liderado muchas otras diligencias similares”. El abogado calificó lo ocurrido como “un acto de represalia”. Este lunes, Miranda presentó a Inspectoría de la Policía un pedido para que se le levante la sanción a Colchado y se le reponga en su cargo. “Esta sanción es una medida desproporcional, incongruente, sin ninguna motivación, que viola flagrantemente los derechos de mi cliente”, señaló. El abogado anunció que si esa sanción no es levantada, presentará una denuncia judicial por abuso de autoridad.

Un proceso surrealista

Un día antes que la Inspectoría de la Policía decida suspender a Colchado y abrirle un surrealista proceso disciplinario, Boluarte se reunió en Palacio de Gobierno con el director de la policía, general Víctor Zanabria, y el ministro del Interior, general en retiro Walter Ortiz. Sin posibilidad de actuar contra el fiscal general Juan Carlos Villena, que pidió el allanamiento a su casa y a Palacio de Gobierno, y el juez supremo Juan Carlos Checkley, que lo aprobó, la represalia de la presidenta apuntó contra el jefe policial de ese operativo. Sin argumentos para justificar la destitución de un coronel que ha alcanzado notoriedad y reconocimiento por su participación en operativos anticorrupción, vieron en la foto de la intrascendente torta cumpleañera la excusa que buscaban para justificar su separación del cargo acusándolo de una supuesta ofensa contra la presidenta. Que esa justificación llegue al ridículo no los detuvo.

Además de cobrar revancha desde la presidencia, la separación de Colchado es un golpe a las investigaciones a altos funcionarios por casos de corrupción. El suspendido coronel dirigía la unidad policial que apoya las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Este equipo policial, además de su participación en el caso Boluarte, venía investigando al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por acusaciones de uso indebido de recursos del Estado, y al gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, acusado de cobrar sobornos, quien según Boluarte le prestó los relojes y joyas que usaba. El ahora suspendido coronel participó en las investigaciones a Keiko Fujimori por lavado de millones de dólares y dirigió el operativo para detenerla cuando se ordenó su prisión preventiva. También tuvo rol protagónico en las investigaciones policiales en casos de corrupción a los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y otros políticos de alto nivel, congresistas, funcionarios y empresarios. Muchos, no solo Boluarte, querían su cabeza. Como revancha y para buscar obstruir las investigaciones en marcha.

La fiscal Marita Barreto, que encabeza el Eficcop, calificó la sanción a Colchado como “una venganza del poder corrupto”. Destacó la importancia del trabajo del equipo policial que dirigía este coronel en las investigaciones en los casos de corrupción política que realiza su despacho fiscal y expresó su preocupación por el impacto de su separación del cargo en esas investigaciones. “Tenemos un equipo compacto, honesto, que debe mantenerse para luchar contra la corrupción. Esta decisión (la suspensión de Colchado) es incoherente y preocupante”, señaló. “Estamos llegando a la médula de la corrupción en el poder y fíjense cómo responde la corrupción”, denunció la fiscal.

Boluarte ha consumado su venganza contra el coronel Colchado y este golpe a la fiscalía anticorrupción cuando se complica su situación en una investigación fiscal por enriquecimiento ilícito. Tratando de zafar de esa investigación, Boluarte se defendió ante la Fiscalía diciendo que los tres relojes Rolex y una pulsera de oro y diamantes que ha venido usando, valorizados entre 70 y 80 mil dólares y cuya compra no puede justificar con sus ingresos legales, no los compró ella, sino se los prestó su amigo el cuestionado gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Negó que fueran un regalo, dijo eran un préstamo por tiempo indefinido. Sobre otras joyas que ha lucido en eventos públicos aseguró que son de fantasía.

Esta inverosímil historia de un gobernador que compra lujosos relojes y joyas para prestárselas a la presidenta, suma a la muy devaluada credibilidad y al descrédito de una presidenta acusada por corrupción y por el asesinato de 49 personas durante las protestas contra su gobierno. Una encuesta de Datum publicada este domingo revela que un abrumador 92 por ciento no cree esa historia del préstamo. Y la aceptación a la gestión presidencial es de apenas siete por ciento.

Diversos juristas, como el exfiscal superior Víctor Cubas, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, y otros, coinciden en que la coartada de defensa del supuesto préstamo ensayada por Boluarte no solamente no la libra de la investigación por enriquecimiento ilícito, sino que la incrimina en otro delito, el de cohecho, es decir haber recibido un soborno a cambio de beneficios para quien le entregó esos bienes. Esos beneficios habrían sido los comprobados privilegios presupuestales dados por Boluarte a la gestión del gobernador Oscorima. Los juristas precisan que el hecho que sea un préstamo y no un regalo, además de inverosímil, no cambia la responsabilidad en el delito de cohecho.

En la investigación por enriquecimiento ilícito, Boluarte también debe responder por un desbalance patrimonial de 117 mil dólares e ingresos no justificados en sus cuentas bancarias por 298 mil dólares, según lo detectado hasta ahora. Ante la Fiscalía, se negó a autorizar el levantamiento de su secreto bancario, lo que ahora deberá hacerse por orden judicial.