Perú cambia la estrategia antidrogas y propone un pacto social con los cocaleros

Desde Lima

Un poco más de 61 mil hectáreas sembradas con hojas de coca -cifra oficial que difiere de la que maneja el gobierno de Estados Unidos que es de 88 mil hectáreas-, un estimado de unas 150 mil familias campesinas que viven de este producto en precarias condiciones y criminalizadas por sus sembríos, entre 500 y 600 toneladas de cocaína producidas cada año – las cifras de la Casa Blanca dan unas 800 toneladas-, la violencia y la penetración del narcotráfico en la política, el empresariado y el sistema de justicia, configuran un complejo y conflictivo escenario. Cada año las autoridades peruanas han venido anunciando metas cumplidas en la erradicación de cultivos de hoja de coca, pero ese aparente éxito es la celebración de un fracaso, porque las siembras no han disminuido, incluso han aumentado en los últimos años con la resiembra y nuevas áreas de cocales. Y el narcotráfico ha avanzado. 

El nuevo jefe de la política antidrogas del Perú, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida), anuncia un cambio de estrategia en la política antidrogas. En diálogo con PáginaI12, Soberón, que ha sido asesor de las organizaciones de cocaleros, da detalles de esta nueva estrategia, que tiene como eje central un pacto social con los campesinos cocaleros para ir a una erradicación concertada de sus siembras.

“Este pacto social -explica Soberón- tiene tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus organizaciones, un segundo nivel con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y un tercero con la población de esos lugares. El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar. A cambio de eso les ofrecemos a los agricultores un programa de desarrollo alternativo que llegará oportunamente, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también daremos transferencias financieras a los municipios locales. Las comunidades se comprometerán a que los agricultores cumplan con el pacto social. Si a pesar de eso alguien no cumple, entonces entra la policía. Lo más importante es que los agricultores van a tener protagonismo, queremos que participen. La idea con el pacto social es reforzar las estructuras sociales de la sociedad rural en las zonas cocaleras para que ellas puedan manifestarse y tomar decisiones legítimas en sus ámbitos territoriales. Es el modelo boliviano del control social”.

La estrategia de este pacto social comenzará este año en la convulsionada zona del Vraem, una agreste región montañosa entre los Andes y la Amazonia donde predominan el narcotráfico y la violencia. Una zona a la cual el Estado hasta ahora no ha entrado para erradicar los sembríos de coca, los que, según datos oficiales, llegan a 27 mil hectáreas. El objetivo es erradicar este año con el pacto social mil hectáreas en esta zona e ir subiendo esa cifra en los años siguientes, y extender este pacto a las otras regiones cocaleras del país. En estos días, Soberón ha estado en El Vraem, donde se ha reunido con las organizaciones de los cocaleros, alcaldes y pobladores para presentarles la propuesta del pacto social.

El presidente de Devida precisa que en paralelo a este pacto social también habrá una erradicación compulsiva de cocales en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, lugares de frontera y territorios indígenas tomados por cocaleros. “No permitiremos sembríos de coca en esas zonas”, asegura. El alto funcionario antidrogas responde a las críticas que ha recibido por la propuesta del pacto social con los cocaleros y la reducción de la meta para este año de erradicación de cocales de 25 mil a 18 mil hectáreas: “La política de criminalización de los cocaleros ha fracasado, eso tiene que cambiar. Continuar una erradicación como hasta ahora sin verificar su sostenibilidad es una pérdida de plata y una generación de conflictos y de nuevos focos cocaleros. Hasta ahora no ha habido una sincronización entre la erradicación y un desarrollo alternativo para los agricultores, queremos tener esa sincronización. La reducción en las hectáreas a ser erradicadas es porque necesitamos espacio para trabajar el pacto social y porque con esta reducción la erradicación que se haga será más sostenible”.

Según los datos oficiales, las 61 mil hectáreas de cocales en el país producen unas 120 mil toneladas de hoja de coca al año, de las cuales 15 mil se destinan al consumo legal. Hay 5,9 millones de peruanos que consumen coca legalmente, entre el tradicional mascado y productos industrializados de hoja de coca, como harina, infusiones y otros. Con las otras 105 mil toneladas de esta hoja se producen entre 500 y 600 toneladas de cocaína cada año, de las cuales se decomisan solamente unas 60 toneladas. En Colombia, de acuerdo a datos de Devida, la producción de cocaína es de unas 800 toneladas anuales, en Bolivia de unas 60 toneladas.

Efecto de la pandemia 

“Con la pandemia del coronavirus el narcotráfico ha penetrado de una manera antes no vista, ni en los años 80 con Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela”, advierte Soberón. Precisa que el 80 por ciento de la cocaína peruana tiene como destino Europa y el 20 por ciento Estados Unidos, país que se abastece fundamentalmente de cocaína colombiana. De la cocaína peruana que va para Europa, el 70 por ciento sale por puertos brasileños y el otro 30 por ciento, entre 100 y 130 toneladas anuales, por Buenos Aires y Montevideo. “Argentina es ahora parte del proceso de exportación extensiva de cocaína. La cocaína peruana llega a Buenos Aires a través de un corredor que va por Bolivia y el norte argentino”, dice el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú.

Soberón denuncia un importante incremento de los vuelos clandestinos para sacar la cocaína del país. Propone retomar la interdicción aérea con el derribo de avionetas cargadas con droga. Esta práctica se detuvo en 2001 cuando en la Amazonia se derribó una avioneta de misioneros norteamericanos confundidos con narcos y todos sus ocupantes murieron. “Es urgente detener la expansión indiscriminada del narcotráfico, para lo que necesitamos una mejor y mayor interdicción. Estados Unidos no quiere la interdicción aérea letal por lo sucedido en 2001, pero nosotros opinamos que debemos retomar esas acciones. El Perú debe tomar sus propias decisiones”.

Un importante componente de la nueva estrategia antidrogas, indica Soberón, es plantear un frente regional para convocar una mesa de cooperantes que incremente significativamente la ayuda económica internacional. Dice que este frente regional no debe limitarse a los países productores de cocaína -Perú, Colombia y Bolivia- sino incluir también a los países convertidos en territorios de exportación de esta droga, como Argentina y Brasil.

“Los montos de la cooperación que vienen del norte hacia el sur en el tema del narcotráfico son diminutos, son cifras de no más de dos ceros, cuando el narcotráfico moviliza cifras de seis ceros. Perú recibe 120 millones de dólares anuales, tenemos que pasar por lo menos a 1 200 millones. De lo que recibimos, el 70 por ciento viene de Estados Unidos y el 30 por ciento de Europa. En marzo iniciaremos un proceso fuerte para lograr un aumento de la cooperación internacional. Con un frente regional tendremos una voz mucho más potente”.

Soberón señala que un resultado exitoso de la nueva estrategia que plantea sería “quitarle al narcotráfico” en los próximos tres años 25 mil toneladas anuales de hoja de coca de las 105 mil que ahora abastecen la producción de cocaína. “Si logramos eso me daré por satisfecho”, finaliza.