Este miércoles 7 de junio se celebró en Argentina el día del periodista, en honor al primer periódico nacional de la época independentista, la Gazeta de Buenos Ayres, fundada por Mariano Moreno en 1810.
El objetivo del periodismo siempre fue y será informar, difundir ideas y cultura, un vehículo para promover iniciativas de progreso, recoger inquietudes cívicas, difundir plataformas políticas y exponer variadas expresiones científicas, literarias y artísticas.
La prensa acompañó los procesos históricos de nuestro país describiendolo de una forma más o menos crítica de acuerdo a la posición editorial. Porque todo periodismo está atravesado por la subjetividad que lo ejerce dando una mirada parcial y sesgada de los acontecimientos carente de objetividad absoluta.
Por eso es importante que se respete la libertad de expresión pero con la correspondiente pluralidad de voces que permita acceder a distintos puntos de vista. Esto es algo que en Argentina se ve imposibilitado, debido a un proceso de concentración que consolidó en unos pocos la hegemonía mediática, dándoles las herramientas para imponer un pensamiento único , funcional a sus intereses y obligando a la marginalidad a todos aquellos que difieren en su discurso.
Acá es donde entra en juego el espectro radioeléctrico, un recurso natural que, conforme a la tecnología disponible, puede ser empleado para emitir ondas que permitan transportar información.
Este recurso es limitado, por lo cual sus frecuencias deben ser distribuidas de manera que impidan el monopolio de la palabra. Para esto el Estado debe dictar políticas regulatorias como la que se intentó con la ley 26.522, conocida como la Ley de Medios.
Este proyecto de ley que fue discutido desde el 2004 y promulgado en 2009, instauró el principio de la comunicación como “derecho humano”, puso límites a la concentración de la propiedad, dio la posibilidad de acceder a licencias para los medios populares y reconoció derechos de las audiencias; dio lugar a las experiencias producidas por fuera de la lógica comercial, priorizando el acceso a la información y la pluralidad de voces por sobre las ganancias empresariales.
Esta ley fue sancionada, regulada y aprobada por el Congreso Nacional en sus distintas instancias, pero el mayor grupo mediático del país presentó un amparo avalado por la justicia que frenó el avance en su implementación y posteriormente fue derogado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016, y así garantizar condiciones de rentabilidad para los grandes grupos económicos.
Esto da cuenta de la capacidad del poder mediático para manipular las realidades que se alejan de sus intereses y la importancia de impulsar medidas de regulación que garanticen la diversidad y el acceso a la información de calidad.