Otra intentona legislativa contra Castillo

Desde Lima

Avanza una nueva arremetida de la extrema derecha parlamentaria para derrocar al presidente Pedro Castillo. Este lunes, la mayoría del Congreso aprobó iniciar un proceso de destitución del presidente acusándolo de “incapacidad moral”. En menos de ocho meses de gobierno, este es el segundo intento del Parlamento de destituir al sindicalista de izquierda que se convirtió en presidente al derrotar a la ultraderechista Keiko Fujimori, un triunfo electoral que la extrema derecha se negó a reconocer y al que ha respondido maniobrando para derrocar a Castillo desde el primer día de su gestión. Darle luz verde al inicio del proceso de vacancia presidencial, como se denomina a la destitución del presidente por el Congreso por “incapacidad moral”, obtuvo 76 votos de 130 legisladores del Parlamento unicameral, superando ampliamente los 52 votos que se necesitaban para iniciar este proceso y llevar al presidente ante el Congreso como acusado. Hubo 41 votos en contra y una abstención. Sorprendentemente esa abstención fue de un congresista del partido oficialista Perú Libre. La extrema derecha logró aglutinar esta vez a bancadas de centro derecha que en diciembre pasado se habían opuesto a un primer intento de destitución del mandatario, que en esa ocasión fracasó al obtener solo 46 votos.

En dos semanas, el lunes 28, se definirá la suerte de Castillo. Ese día, el mandatario deberá concurrir al Congreso para responder los cargos por los que se le acusa de “incapacidad moral”, o podrá enviar a su abogado para que hable en su representación. Inmediatamente después la representación parlamentaria pondrá el caso a debate y votará si el presidente es destituido o no. Todo se resolverá en un solo día. Para concretar la destitución del jefe de Estado se requieren 87 votos, dos tercios de la cámara. Se estima como altamente improbable -aunque la política peruana es impredecible- que se alcancen esos 87 votos. Sin embargo, el margen a favor del presidente para bloquear su destitución es ajustado.

Antes de concurrir al Congreso para ser sometido a este proceso de destitución, Castillo hablará este martes ante la representación parlamentaria en un mensaje extraordinario. Lo hará a su pedido. Solicitó ir al Congreso días antes que se ponga a votación la moción para su vacancia y cuando buena parte de legisladores habían anunciado que la apoyarían para obligar al mandatario a concurrir al Legislativo para responder las críticas y acusaciones que la oposición le hace. Pero el anuncio de su presentación voluntaria no evitó que el proceso de destitución sea aprobado.

“Me apena que sigan las zancadillas”, fue la respuesta de Castillo a la aprobación del procedimiento de vacancia presidencial. “No hemos venido a robar, eso lo diremos en el Parlamento. Nadie nos distrae. El que nada debe, nada teme”, agregó, hablando ante pobladores de la región amazónica de San Martín.

En los últimos días, Castillo ha recibido respaldo internacional ante el intento por sacarlo de la presidencia de una ultraderecha que desde el inicio de su gobierno apuesta al golpismo parlamentario y ahora vuelve a atacar con una nueva ofensiva. El presidente argentino Alberto Fernández le ha enviado, a nombre de la CELAC, cuya presidencia pro témpore ejerce, un mensaje de apoyo a su gestión y a la defensa de la democracia peruana. En ese mensaje, Fernández señala que la CELAC expresa “su preocupación por la situación institucional” en el Perú y “enfatiza la necesidad de que se respeten el orden democrático y la voluntad popular expresada a favor del presidente Pedro Castillo”. El presidente argentino termina su comunicación anunciando que la CELAC continuará observando “con atención” lo que viene ocurriendo en el Perú, donde un sector del Congreso busca destituir al gobierno elegido en las urnas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también le mandó a Castillo un mensaje de apoyo, en el que destaca la legitimidad de su elección como presidente. Castillo agradeció esos respaldos.

La “incapacidad moral”, que por segunda vez se le quiere aplicar a Castillo, es una ambigua figura que al no precisarse qué se entiende como tal deja una puerta abierta para que la arbitrariedad y el golpismo parlamentario fuercen la destitución del jefe de Estado por cualquier razón en un proceso sumario en el que no se exige presentar pruebas de los cargos que se hacen. Todo queda en manos de la subjetividad, la arbitrariedad y la fuerza de los votos de los legisladores. La acusación contra Castillo incluye veinte cargos, algunos de los cuales se repiten del primer proceso de destitución que fue rechazado. Hay denuncias de corrupción por supuestas irregularidades en licitaciones, casos que están todavía en una etapa de investigación inicial, en los que no hay indicios que deben ser investigados pero no conclusiones sobre responsabilidades. Denuncias contra miembros del entorno presidencial, en las que hay comprometedoras evidencia pero que también están recién en investigación, son cargadas sobre el presidente para acusarlo por “incapacidad moral”. En un atentado a la memoria de los peruanos, entre los principales acusadores de Castillo por supuesta corrupción hay legisladores y agrupaciones políticas con una larga historia ligada a la corrupción, como es el caso del fujimorismo.

Los congresistas de la extrema derecha golpista suman al pedido de destitución otros cargos que lindan con lo absurdo, como calificar como prueba de “incapacidad moral” el nombramiento de ministros y otros funcionarios cuestionados, haber declarado a la prensa que no estaba preparado para ser presidente o haberse mostrado a favor de un posible referéndum para facilitar una salida al mar a Bolivia. Por esta última declaración, en la que Castillo no habló de cesión de soberanía y que no ha llevado a ninguna decisión de gobierno, en el Congreso se avanza en paralelo al pedido de destitución una disparatada acusación constitucional por traición contra el mandatario, un Plan B de la ultraderecha en caso no consiga esta vez los 87 votos para destituir a Castillo, que es lo más probable. La acusación constitucional por traición es un proceso más largo que la vacancia por “incapacidad moral”, pero para aprobarla y sacar a Castillo de la presidente por esta razón se necesitan solo 66 votos.

Nombramientos cuestionados, un repliegue en sus propuestas de cambio que levantaron las esperanzas populares, lo que lo ha alejado de buena parte de sus bases, un entorno presidencial envuelto en sospechosas relaciones con empresarios y lobistas, han debilitado al presidente Castillo y jugado a favor de la derecha golpista. En ese contexto de un gobierno debilitado por el acoso sin pausa de la derecha política y mediática, pero también por sus errores, se lanza este nuevo intento para destituir a Castillo. Aunque el presidente logre zafar de la destitución, la aprobación con una alta votación para iniciar este proceso es un duro golpe para un gobierno que hace ocho meses se inició con grandes esperanzas y ahora se desdibuja.