La difusión de un video donde un grupo indeterminado de personas portando armas largas lanza amenazas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, generó una doble reacción: cautela ante la aún no establecida veracidad de la condición de criminales de quienes la profieren y anuncio de medidas preventivas con reforzamiento del despliegue de fuerzas de seguridad en Santa Fe, con particular foco en Rosario. Y también de parte de la Nación.
«Se toma todo con la mayor seriedad hasta que se demuestre lo contrario», dijo esta mañana el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. «Se puede ver un intento nuevamente de condicionar mediante amenazas de violencia el rumbo político de la seguridad provincial y nacional», sostuvo el funcionario.
El video difundido en redes sociales por cuatro individuos con las caras tapadas dura un minuto. «Este video va para vos, Pullaro y Bullrich, primero que nada comentar a la gente los arreglos que hiciste para darle poder a tu banda, hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda», dice quien le pone voz al mensaje. «Dejen de hacer política con los presos», advierte. «Estamos instalados acá en Buenos Aires y vamos a dejar muertos acá», afirma. Dejan ver armas que parecen ser un fusil FAL, una ametralladora FMK-3 y dos pistolas Glock.
Como en otros momentos de la historia reciente de Rosario, pero en una fase distinta ya que la violencia letal tuvo durante 2024 un descenso muy marcado, un mensaje de intimidación pública enrarece la atmósfera política. Pero la valoración sobre la autenticidad de la amenaza genera manifestaciones de sospecha aún en el propio gobierno provincial.
Esto porque el gobierno nacional empezó a dar la noticia sobre la existencia de un video enviado por los presuntos criminales antes de que comenzara a ser compartido en redes. En el comunicado se advierte que los autores del mensaje se lo mandaron a gobierno nacional y provincial. Sin embargo, el gobierno provincial nunca lo recibió, que se enteró de su existencia por las autoridades nacionales.
Según cuenta el periodista José Curiotto en Aire de Santa Fe, la Oficina del Presidente publicó a las 22.58 del domingo sobre la recepción del video. Pero desde 45 minutos antes ese video ya circulaba en medios de la ciudad de Buenos Aires, utilizando la misma expresión -«narcoterrorismo»-que utiliza el escrito oficial. Y sin que se hubiera divulgado antes por sus supuestos autores.
Ante la circulación del video, hubo un inmediato pronunciamiento del gobierno nacional con un comunicado que Javier Milei difundió en sus redes. «La Oficina del Presidente informa que en el día de la fecha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavía no identificada, amenazando de muerte al Gobernador Pullaro, a la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino», indica el texto.
El escrito de Presidencia remarca que todo el sistema de seguridad trabaja para encontrar a «estos terroristas» y llevarlos ante la Justicia. «Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley».
Bullrich dijo que estos hechos pueden estar relacionados con grupos que operan en el circuito bonaerense. «Desde ayer estamos analizando este video con cotejo de voces con tecnología especial que tienen las fuerzas de seguridad», dijo. Y deslizó que sin descartar otras posibilidades enfocan hacia un grupo importante bonaerense algunos de cuyos miembros fueron recientemente encarcelados. El trámite judicial del caso, pese a la alusión a Rosario, quedará en Comodoro Py a cargo de María Servini de Cubría.
Mañana el gobierno nacional tiene previsto el inicio en zonas complejas de la provincia de Buenos Aires de un plan de reducción de homicidios. El proyecto propone realizar intervenciones focalizadas en territorios críticos, junto con monitoreos y evaluaciones, para ajustar las intervenciones. El programa prioriza el territorio bonaerense, cuyo gobierno adhirió al plan. Y según anuncia Nación se basa en la necesidad de acciones específicas sobre la base del diagnóstico de que el 90 por ciento de los homicidios ocurre en el 10 por ciento del territorio nacional, esto es, en 193 municipios que representan el 70% de la población del país.
El video y el presente
Un contexto distinto en el panorama de seguridad en Rosario y varios hechos del pasado reciente forman el marco de esta situación todavía incierta en extremo que propone el sugestivo video. Antes de la asunción de Pullaro, hace once meses, en Rosario se habían popularizado acciones con armas de fuego acompañadas de mensajes escritos. En octubre de 2022 hubo un cartel de amenazas a periodistas dejado en Canal 5 y meses después una balacera contra el portón de Canal 3. Fue común una seguidilla de recados escritos en dependencias públicas o en extorsiones a privados firmados por «la mafia».
Esto fue declinando luego del primer cuatrimestre de la gestión de Pullaro. El momento que el gobernador tomó las medidas más fuertes en las cárceles, punto de origen de los delitos más graves, coincidió con algunos de los hechos más tremendos cualitativamente y en cuanto a impacto que conoció Rosario: el asesinato en marzo de cuatro trabajadores elegidos al azar: dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio. Tras ello se produjo un control total de las prisiones, con reforzamiento de requisas y extrema limitación de contacto de visitas con presos de alto perfil. Junto con una serie de medidas coordinadas con la Nación la violencia comenzó a bajar. También desapareció el método de dejar escritos o mensajes amenazantes. Hasta este fin de semana.
Uno de los casos más significativos fue cuando a fines de febrero un fiscal imputó en Rosario a tres policías por el encubrimiento de seis ataques a balazos ocurridos entre diciembre y enero pasado, hechos que fueron acompañados por mensajes amenazantes al gobierno de Pullaro. Al menos seis de esos atentados se ejecutaron con tres armas de fuego que estuvieron en poder de los tres policías imputados, es decir, con las armas que tenían los policías al momento de ser detenidos se habían hecho balaceras previamente. Estos policías eran agentes. La investigación no escaló hacia otras responsabilidades.
Esta situación incierta que propone el video se da en un panorama completamente distinto en cuanto a criminalidad y seguridad pública. El año 2023 terminó en Rosario con 290 homicidios. Pullaro como gobernador asumió faltando veinte días para concluir ese año. Cuando falta un mes para cerrar 2024 en la actualidad se registran 87 homicidios según el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe. Es una baja que en este delito bordea el 70 por ciento.
De esa merma, lo más significativo es la caída en la tipología de homicidios de los que son cometidos en el contexto de disputas por economías delictivas y/o por organizaciones criminales. Justamente el retroceso de la acción de las bandas, por motivos aún pendientes de análisis por lo prematuro de los hechos, es lo que el OSP destaca como significativo en el declive de hechos de sangre en Rosario.
Esta declinación tiene sus sacudones. Ocurrió hace tres semanas con el asesinato de Andrés Pillín Bracamonte, histórico líder de la hinchada de Rosario Central, y Daniel «Rana» Attardo, el segundo de la barra que estaba a su lado. Este sábado balearon la casa de Leopoldo «Pitito» Martínez, también de la barra, y detenido en julio en el marco de un operativo donde se decomisaron 464 kilos de cocaína en San Justo, a 200 kilómetros de Rosario.
El gobernador Pullaro no se pronunció hasta el mediodía del lunes sobre el tema. Sí lo hizo de modo genérico la vicegobernador Gisela Scaglia. «Hay que sacarse las dudas sobre quién hizo esto. Creo que la investigación tiene que llegar hasta el final y tener los resguardos necesarios, que venimos diciendo todos los días, nunca hay que cesar en esta lucha, más allá de que los números sean positivos».
El diputado provincial Carlos del Frade, que trabaja sobre temáticas de seguridad en la Legislatura santafesina, llamó la atención sobre la decisión de Bullrich de difundir el video de amenazas. Indica que este hecho comunicacional de la gestión acentúa la definición de «narcoterrorismo» y refuerza la voluntad del control social sobre el Gran Buenos Aires y posiblemente en la provincia de Santa Fe.
«Más allá de repudiar y pedir la investigación sobre el origen del extraño video, es necesario subrayar el contexto, marcar el inicio de un mes sensible como diciembre y apuntar la preocupación que generan estas amenazas frente a las cuales, desde la excusa del combate contra el narcotráfico, se responde desde el poder político más como herramienta de disciplinamiento que de multiplicación de ayuda social para tanta gente que la está pasando muy mal», dijo el diputado.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com