«Tenemos un fallo que dice que todo esto es verdad». Lorena Battistiol Colayago se emociona y casi se quiebra en llanto. «Desde 2009 estamos en la calle con nuestro ritual», agrega Lorena, familiar de una de las víctimas de la megacausa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Zona de Defensa IV, a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, El Campito, durante la dictadura. A cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, el juicio culminó este miércoles con el dictado de diez condenas a prisión perpetua —entre ellos a Santiago Omar Riveros, quien fuera jefe de esa guarnición militar– y penas más bajas a otros acusados. «La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de la zona norte que ocupaban puestos en fábricas y empresas, como mi viejo que era obrero de taller de ferrocarril, los quisieron exterminar de la tierra. Ahora hay que laburar con esas dependencias para la reparación, como ordenó recién el tribunal», agregó Battistiol Colayago.
«Treinta mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre», gritó el público dentro de la sala de audiencias y en la calle. El tribunal, integrado por los jueces Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, explicó que los delitos analizados implican crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Los jueces sentenciaron a una nueva pena de prisión perpetua al multicondenado Riveros, jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV durante la dictadura, mientras que Luis Sadi Pepa, quien fuera director de la Escuela de Comunicaciones, Área 420, dependiente del Comando de Institutos Militares, también recibió la condena a prisión perpetua.
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, se puso de pie y le tendió la mano al abogado Pablo Llonto para felicitarlo. «Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar», cantaron los presentes mientras desalojaban el salón de Pueyrredón al 3700 en San Martín.
«De los acusados, 12 no registran sentencias previas», precisó la fiscal Gabriela Sosti y añadió que «la plataforma fáctica del juicio quedó conformada por los hechos que damnificaron a 347 víctimas». Intervinieron en el debate, sin perjuicio de las unificaciones de patrocinio presentadas, 19 querellas, entre organismos y querellantes particulares.
El tribunal condenó, además, a prisión perpetua a Carlos Tamini, Luis del Valle Arce, Miguel Conde, Carlos José Somoza, Mario Rubén Domínguez, Eugenio Guañabens Perelló, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos. Además, condenó a Hugo Miguel Castagno Monge a 22 años de prisión; a Bernardo «Angelito» Caballero a 20 años de prisión; a Carlos Alberto Rojas a 13 años de prisión; a Alfredo Oscar Arena a 12 años de prisión; a Federico Ramírez Mitchell a 11 años de prisión; a Arnaldo Julio Román a 9 años y 6 meses de prisión; a Roberto Julio «Pajarito» Fusco a 11 años y 6 meses prisión; a Ramón Vito Cabrera a 10 años y 6 meses de prisión; y a Carlos Daniel Caimi a 4 años de prisión.
Antes del veredicto se respiraba un clima de tensión, que estuvo contenido a lo largo de la extensa lectura por parte del presidente del tribunal, y que finalmente explotó en los gritos y cánticos rituales en los procesos que juzgan el genocidio. Román y Cabrera, los últimos imputados que estaban en condiciones de formular sus últimas palabras en el juicio, declinaron ejercer ese derecho. «No voy a quitar ni a enmendar nada. Ni a agregar nada a lo manifestado por mi defensa y por mí», declaró Cabrera, mientras que Román optó por el silencio.
A lo largo del juicio comenzado en abril de 2019, se realizaron 126 audiencias, durante las que 327 personas brindaron declaración testimonial.
«Algunos familiares están disconformes con la diferencias entre las penas que recibieron los jefes máximos y los de menor jerarquía. Es difícil hacerles entender a los jueces que tanto Riveros como el que metía picana o el que llevaba a los secuestrados a los vuelos merecen la misma pena. Pero daremos la pelea en Casación», explicó el abogado Llonto. «Diez perpetuas, nueve condenas más y uno tiene en la cabeza la sensación de que hubo penas bajas, pero el balance general es bueno, recurriremos las penas bajas contrarias a lo que pedimos, pero el fallo confirma que los que fueron llevados a juicio participaron en los crímenes. Que los jefes tengan mayor condena que los guardias y un comisario es criterio del tribunal, no coincidimos», agregó. Para Llonto, «hay que estar conformes con que otro juicio de Campo de Mayo ha tenido condenas a todos los responsables, no hay impunidad, no hay absueltos». Además resaltó la importancia de que el tribunal haya ordenado «la reparación de los legajos laborales y estudiantiles, y en empresas privadas como se hizo en el juicio de los vuelos de la muerte respecto de Clarín«.
Eliminar a la clase obrera
Julio D’Alessandro, ex empleado de Mercedes Benz, estuvo entre el público. «Fuimos un grupo de obreros clasistas que terminaron en El Campito, las empresas multinacionales se juntaban para eliminar a la clase obrera, que iba detrás de las organizaciones revolucionarias, todos queríamos cambiar el sistema. Eran las mismas empresas que financiaron el golpe».
Hugo Crosatto, ex militante del PRT, contó: «Queríamos cambiar el sistema, empezamos por ganar el sindicato, la lucha se trataba de la toma del poder. Armamos las coordinadoras con el ejemplo del Cordobazo, trabajamos con la conciencia de los trabajadores, a pesar de los matones a sueldo del Smata. Teníamos nuestra revista, El Engranaje, hicimos una huelga de 22 días en 1975, la única huelga a Mercedes Benz, nunca nadie se le animó. Pero hubo un plan sistemático a nivel mundial contra los trabajadores».
La fiscal Sosti explicó que los jueces tuvieron un criterio técnico por el cual «les sacaron homicidios a los gendarmes, y aunque se reconoció la existencia del área 400 también hubo condenas menores a los enlaces de inteligencia de la Armada. Las víctimas fueron trabajadores y estudiantes, y es necesaria la reparación, decían que habían hecho abandono de tareas y no, era porque estaban secuestrados». En el mismo sentido se pronunció Ciro Anicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos. «La Corte IDH dice que la reparación no es solo la prisión de quienes cometieron el genocidio, debe ser integral el reconocimiento de las víctimas, la reparación económica, legajos, señalización de los lugares de memoria. No fueron alumnos que dejaron de estudiar sino que fueron secuestrados, torturados y asesinados, y también por ese motivo los trabajadores no fueron a sus puestos», expresó el funcionario.
En tanto, Pietragalla afirmó que «la obligación como Estado se reafirma con los fallos y estas condenas, es importante que la Justicia obligue al Poder Ejecutivo a realizar las reparaciones, sobre todo porque no todos los gobiernos hacen de esto su política de Estado». Además recordó que durante este proceso murieron dos imputados: «Hay que darles más celeridad a los juicios, desde 2015 se empezó a generar demora, pocas audiencias semanales, hemos hecho planteos ante la Procuración y ante la Corte Suprema. Hay juicios que directamente se caen porque mueren los imputados».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/435039-megacausa-campo-de-mayo-familiares-de-las-victimas-y-querell