El espionaje durante la era Cambiemos estuvo en el centro del debate político en los últimos días después de que el radical Facundo Manes sacó los pies del plato y habló de las prácticas que Mauricio Macri habría llevado adelante contra sus propios aliados. Lejos de ser un tema extinguido en los tribunales, la Cámara Federal de Casación Penal está empantanada en la discusión en torno a la vigilancia ilegal sobre las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan –por la que Macri estuvo procesado y después fue sobreseído– porque hay recusaciones cruzadas por jueces que tenían vínculo con el expresidente y otros que denunciaron sus intromisiones en la justicia.
En julio pasado, la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– sobreseyó a Macri en la causa por la vigilancia ilegal a las familias de los 44 submarinistas. Los tres camaristas reconocieron que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había espiado a los parientes de los marinos pero terminaron justificando esas tareas: dijeron que estaba en riesgo la seguridad interior y del presidente.
Contra esa decisión, se pronunciaron las querellas y la fiscalía. El tema deberá ser analizado por la Sala II del máximo tribunal penal del país, pero antes habrá que resolver una larga catarata de pedidos de apartamiento de los jueces en lo que es un verdadero tetris judicial.
La Sala II está integrada por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques. Hasta ahora, el único que se sabe que seguirá entendiendo en la causa es Yacobucci. A Ledesma, como publicó PáginaI12, la recusó un exdirectivo de la AFI –Eduardo Winkler– porque la jueza fue crítica de las reuniones que sus colegas mantenían a hurtadillas con Macri en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. Para Winkler, la postura de Ledesma demostraría que también es crítica de Macri –en una rara interpretación de la independencia judicial–. A Mahiques lo recusó la abogada querellante Valeria Carreras por sus vínculos con el gobierno de Cambiemos –del que había sido ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires–.
Tanto las recusaciones de Ledesma como las de Mahiques van a tener que ser revisadas por Yacobucci y otros dos camaristas que salieron por sorteo, Mariano Borinsky y Ana Figueroa. El tema es que a Figueroa la quiere apartar la defensa de Macri –encabezada por Pablo Lanusse–. En su escrito, Lanusse dice que Figueroa no es neutral ni imparcial porque en 2020 contó en una entrevista en la AM 750 que había sufrido presiones durante el gobierno de Cambiemos por un recurso referido a la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Carreras también intentó correr a Borinsky por sus visitas reiteradas a Olivos. Incluso el propio Macri contó en una entrevista en TN que jugaba al tenis con el juez. Sin embargo, el planteo de la abogada querellante fue rápidamente contestado por la negativa. Le dijeron que había llegado tarde a presentarlo.
Para la letrada querellante, la Casación incurrió en un exceso de rigor formal y, según le anticipó a PáginaI12, va a presentar un recurso extraordinario para intentar llegar hasta la Corte Suprema con este tema. Va a adherir a su planteo el exjuez Mariano Bergés, que representa a familiares del pesquero El Repunte –que también fueron espiados por los agentes de la AFI macrista–. Los tiempos, en tal caso, los pondrá la Corte –que les aplica cronoterapia a las causas según su conveniencia–.
Recién cuando se resuelvan las recusaciones de Figueroa y se defina si prospera el planteo de Carreras sobre Borinsky, se podrá definir si siguen interviniendo Ledesma y Mahiques. Entonces, en ese momento la Sala II tendrá que revisar el fallo de Llorens, Bertuzzi y Bruglia que benefició a Macri en la única causa por la que debió rendir cuentas tras dejar la Casa Rosada. Los casadores deberán decir si se puede invocar razones de seguridad interior para espiar a familiares que le reclaman –sin ningún atisbo de violencia– al Estado una respuesta porque los suyos se perdieron en el fondo del mar, lo que podría sentar un precedente delicado para cualquier forma de protesta social.
El 1º de diciembre pasado, el juez Martín Bava procesó a Macri porque entendió que había ordenado el espionaje sobre las familias de los submarinistas para tener información de primera mano. Según el juzgado federal de Dolores, las tareas de vigilancia ilegal fueron llevadas adelante por la delegación de la AFI en Mar del Plata.
La defensa de Macri pasó por instalar la versión de que la AFI únicamente hacía un control cuando el presidente visitaba la ciudad por su seguridad. Sin embargo, hay partes de los espías que son elocuentes y que muestran que Macri estaba bien lejos de la playa cuando los escribieron: uno de esos informes es anterior a que el entonces presidente recibiera a las familias en la Casa de Gobierno y allí le anticipaban cuáles serían los planteos que le formularían en torno a la búsqueda del submarino. No estaba en riesgo la seguridad del presidente; por el contrario, se le anticipaba cuál era la agenda que las familias de las víctimas iban a llevar a un encuentro.
Para Bava, las tareas de inteligencia ilegal se extendieron desde diciembre de 2017 –semanas después de que desapareciera el buque de la Armada Argentina– hasta noviembre del año siguiente, cuando el submarino finalmente fue hallado. Tres semanas después de que Bava procesara a Macri, Casación Penal dio un volantazo y le sacó la causa de espionaje que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo D’Alessio.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/487929-mas-recusaciones-poca-justicia