Marcha atrás con la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales | Mieli pidió el retiro de pliegos judiciales del Senado

Pese a las quejas históricas por la cantidad de vacantes judiciales y la falta de celeridad en los concursos, el gobierno de Javier Milei le pidió al Senado retirar 62 pliegos que esperaban acuerdo para cargos de jueces/zas, camaristas, fiscales/as y defensores/as, a los que se suma el del juez federal Daniel Rafecas que había sido postulado para ocupar el cargo de Procurador General. Los nombres en juego habían sido elegidos por el gobierno de Alberto Fernández. Un comunicado del Ministerio de Justicia dice que revisarán caso por caso «para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos». Cualquiera que conozca apenas un poco el funcionamiento parlamentario sabe que los nombramientos en cargos altos en tribunales suelen ser prenda de negociación de otros asuntos, algo que La Libertad Avanza –que se encuentra en minoría– va a necesitar después de haber anunciado todo tipo de ideas controvertidas.

Es la tercera noticia de peso que se hizo pública que atañe al Ministerio de Justicia,  encabezado por Mariano Cúneo Libarona: la primera fue que la cartera será solo de «Justicia» y se eliminó «Derechos Humanos» de su denominación; la segunda es que la Secretaría de Derechos Humanos estará a cargo del exjuez Alberto Baños, de estrecha relación con las fuerzas de seguridad, quien se jubiló este año cuestionado por el propio organismo –cuando el secretario era Horacio Pietragalla– por las irregularidades y pérdida de pruebas en la causa por la desaparición del policía porteño Arshak Karahnyan. Ahora, en un acuerdo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Ministerio anunció que se retiran pliegos. Hay algunos que ya habían pasado por la Comisión de Acuerdos y que estaban para ser tratados en el recinto. El reclamo de devolución se presentó antes de la sesión extraordinaria de este miércoles convocada por la elección de autoridades de la Cámara. 

Los 62 

Los pliegos que quiere revisar el gobierno son 29 para cargos de jueces/zas, 9 para camaristas, 10 para fiscales/as y 14 defensores/as. Son cargos en tribunales de la Capital Federal, de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, y provincia de Buenos Aires. Son personas que pasaron por el procedimiento de concurso ante el Consejo de la Magistratura: rindieron examen, tuvieron entrevistas públicas, pasaron a integrar una terna, luego el Poder Ejecutivo los eligió, llegaron al Senado, están en la Comisión de Acuerdos o salieron de ella y aterrizaron en el recinto pero quedaron sin ser tratados por el pleno debido a disputas políticas. Algunos concursos tienen diez años o más. La definición de los de Rosario en especial había sido reclamada por el macrismo por la problemática del narcotráfico. 

El paso del tiempo deja a la vista la rosca política que atraviesa a todas estas designaciones por más que el gobierno pregone su total asepsia. No hay administración que no quiera incidir en los nombramientos judiciales. La de Mauricio Macri hasta inventó mecanismos para nombrar gente de confianza con traslados de un cargo a otro, en lugares claves, en especial en Comodoro Py.   

Algunos de los postulantes ya venían cuestionados por distintos motivos. Juntos por el Cambio y socios, apuntaron y trabaron nombramientos de quienes tuvieron alguna vinculación con el kirchnerismo: María Laura Manín, candidata a camarista en lo Civil y Comercial en la sala especializada en Defensa de la Competencia, trabajó en el Ministerio de Interior con el ahora senador Eduardo «Wado» De Pedro. Para esa sala también está postulado Humberto Carlos Guardia Mendonça, exvicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el gobierno de Néstor Kirchner. Juan Rafael Stinco, quien concursó para el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 de la Capital Federal, fue asesor en el directorio de YPF, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía y luego estuvo en el directorio de la Autoridad Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar). A él le cuestionaban que salió de una lista complementaria y no de los primeros en el orden de mérito. 

Hay que decir que no es la primera vez que un gobierno recién llegado retira pliegos. De eso sabe, por ejemplo, Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo y actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (originalmente solo oficina de escuchas), cuyo pliego ahora es retirado por segunda vez. Aspira a hacerse cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en Ezeiza. También figura en la lista Ana María Cristina Juan, quien concursó para el Juzgado federal de Hurlingham y es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Un aspirante a camarista comercial, Hernán Diego Papa, que esperaba acuerdo es investigado por el Consejo de la Magistratura por abuso laboral.

Organismos de derechos humanos habían objetado a Carlos Cuesta (secretario de un tribunal de San Martín), Jésica Sircovich (secretaria del juez de Casación Mariano Borinsky) y Pablo Wilk (secretario del juzgado de Quilmes a cargo de Luis Armella) ya que están postulados para tribunales orales de La Plata  que tiene a cargo juicios de lesa humanidad y señalan que no cumplirían con criterios mínimos para llevarlos adelante. Estos tribunales vienen funcionando con jueces subrogantes desde hace años. Wilk, además, fue señalado en la causa sobre la Gestapo antisindical por el armado de causa contra sindicalistas, en especial Juan Pablo Pata Medina. 

Rafecas 

El expresidente había propuesto al juez Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General de la Nación en los inicios de su gobierno. Nunca se llegó al acuerdo político para aprobarlo. En determinado momento Juntos por el Cambio dijo que lo apoyaría, pero aún sectores del kirchnerismo no estuvieron dispuestos a designarlo. Para nombrar Procurador/a hacen falta dos tercios de los votos. Ese cargo, que implica ser jefe/a de los fiscales y quien diseña una política criminal, está vacantes desde 2017, cuando después de casi dos años de presiones con denuncias y aprietes el gobierno de Macri empujó a la renuncia a Alejandra Gils Carbó. Esa fue la metodología de aquella gestión. La de la actual, que promete no perseguir, aún está por verse.