Los familiares y abogados de las víctimas de la masacre de Trelew ayer al conocer el fallo en Miami.

No hay impunidad que dure medio siglo. Ni siquiera para el marino retirado Roberto Guillermo Bravo, que se refugió en Estados Unidos tras la Masacre de Trelew de 1972. En una corte de Florida, el fusilador acaba de ser hallado responsable de la matanza en la que perdieron su vida 16 presas y presos políticos y en la que tres fueron heridos gravemente. Según las estimaciones de las partes, Bravo –que se ufanó de haber vaciado el cargador contra los prisioneros que estaban a su cargo– deberá pagar alrededor de 27 millones de dólares en compensación por sus crímenes.

“Hicimos historia”, dice Raquel Camps. Raquel es la hija de Alberto Camps, uno de los tres sobrevivientes de la matanza del 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar. La demanda contra Bravo, presentada en octubre de 2020, lleva su nombre. Es Camps contra Bravo. Y Camps ganó. “Estamos felices. Es un paso para pedir la extradición para que lo juzguen en la Argentina”, dice la mujer que está en Estados Unidos junto con su hermano Mariano.

Bravo fue durante décadas un misterio para la justicia argentina. Después de la Masacre de Trelew, la Armada protegió a sus fusiladores. A Bravo lo mandó como agregado militar a la embajada argentina en Washington. Llegó el 15 de mayo de 1973, diez días antes de la asunción de Héctor Cámpora. En 1979, la Marina le dio la baja. Para entonces, Bravo ya había forjado una relación estrecha con las fuerzas estadounidenses y se dedicó a hacer negocios con ellas. En 1987, ya era ciudadano estadounidense.

En 2005, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se presentó una denuncia por la Masacre de Trelew. Hasta 2008, el juez a cargo de la causa, Hugo Sastre, no supo dónde estaba Bravo. Su estancia en Miami, fue revelada por el periodista de Página/12 Diego Martinez. A diferencia del resto de sus camaradas, Bravo nunca se había sentado ante la justicia. No lo hizo en el juicio que se llevó adelante en 2012 porque dos años antes un juez estadounidense rechazó extraditarlo. En 2019, el gobierno argentino insistió con el pedido para que lo envíen para enjuiciarlo.

Ante la imposibilidad o la demora para juzgarlo en la Argentina, las familias salieron a buscar otra estrategia para conseguir un poco de justicia. En octubre de 2020, cuatro familiares de las víctimas presentaron una demanda civil en Estados Unidos bajo la ley de Protección de las Víctimas de laTortura, que permite denunciar ante las cortes norteamericanas a los responsables por tormentos o ejecuciones extrajudiciales en otras partes del mundo. Si bien no prevé penas de cárcel, sí puede derivar en una condena que obligue a compensar a las víctimas –como sucedió este viernes con Bravo.

Después de que terminaran los alegatos, el jurado –compuesto por siete hombres y mujeres– pasó a deliberar. Dos horas y media después, les avisaron a los familiares que estaban en Estados Unidos que se apuraran porque había una decisión: lo habían hallado responsable de las ejecuciones extrajudiciales de Rubén Bonet, Eduardo Cappello y de Ana Villarreal de Santucho y del intento de ejecución extrajudicial de Camps. Todas las víctimas incluidas en la demanda fueron reconocidas como tales por el jurado estadounidense.

“El fallo es histórico”, dice la abogada Sol Hourcade, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que –junto al Center for Justice and Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas)— acompañó a las familias que presentaron la demanda. “Más allá de que el veredicto contempla lo que pasó con cuatro víctimas, dice, en definitiva, que Bravo fue responsable de la masacre de Trelew. Además, el jurado no le creyó la excusa del intento de fuga y de la autodefensa”, completa.

De fondo, mientras la abogada hablaba con Página/12 se escuchaba un persistente: “Oleee, oleee, oleee, olaaa”. Como si, por una semana, la mística de los juicios de lesa de la Argentina se hubiera mudado a una corte norteamericana.

En el banquillo

“Es muy difícil emocionalmente contar lo que significó ver a Bravo sentado en el banquillo”, le dice a este diario Eduardo Cappello, que lleva el mismo nombre de su tío asesinado en Trelew.

Por años, ni siquiera se conoció la cara de Bravo, que esta semana llegaba al tribunal de traje, con el pelo largo blanco sujetado en una colita y con un bibliorato bajo el brazo. Durante dos audiencias, Bravo dio su versión de los hechos. Volvió a decir –como lo indicaba el guión de la Armada– que el fusilamiento se produjo tras un intento de fuga similar al que los militantes habían protagonizado una semana antes desde el penal de Rawson. Dijo que uno de ellos, Mariano Pujadas, le arrebató la pistola a uno de los marinos y que él abrió fuego en respuesta. “Vacié el cargador”, dijo el marino retirado sin demasiada emoción.

Bravo hizo más que vaciar el cargador de la ametralladora PAM que llevaba. Mientras estaba en el hospital, Camps declaró cómo ingresó a su celda para dispararle a él y a su compañero Mario Delfino. El patólogo forense William Andersen explicó ante el tribunal que el estado de algunos de los cuerpos era compatible con disparos a quemarropa. El físico forense Roberto Guillermo Pregliasco desmontó la teoría de que los militantes hayan tirado contra los marinos.

Hay datos que son elocuentes: ningún marino tuvo un solo rasguño, 19 prisioneros fueron acribillados. Solo tres sobrevivieron y, al tiempo, fueron víctimas de la última dictadura. En el juicio escucharon el testimonio de Miguel Marileo, un carpintero que hacía ataúdes en Trelew y que fue convocado a la base después de la masacre: vio los cuerpos apilados, desnudos y atravesados por las balas. Mientras él caminaba por el lugar, Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar gemían de dolor en una camilla.

Buscar justicia

“Estamos muy contentos de haber bancado esta estrategia”, dice Mariano Camps, que lleva ese nombre en honor a Pujadas. “Es más justicia y nos acerca a la extradición”, se entusiasma mientras festeja con su hermana Raquel y con Eduardo Cappello.

El juez federal Edwin Torres estadounidense debe resolver el pedido para extraditar a Bravo a la Argentina. En caso de tener resultado positivo, el marino retirado debería ser juzgado por un tribunal y podría afrontar una pena de prisión perpetua. Durante todas estas décadas, Bravo se cuidó de no volver al país. En su declaración ante la corte de Florida describió a la Argentina como un país donde no podría ser feliz. Relató que volvió únicamente en 1985 de vacaciones y en los años ‘90, cuando murió su madre.

Durante su declaración, Bravo dijo que no había pensado en la noche del 22 de agosto de 1972 durante 50 años. Otros, los familiares de las víctimas, la tuvieron presente durante todas sus vidas. Para muchos, ese día marcó el principio del fin.

En la cárcel, cuando Francisco “Paco” Urondo lo entrevistó junto con Berger y Haidar, Camps dijo: “Para nosotros relatar lo de Trelew es una obligación. Para con nuestro pueblo, por todos los compañeros que murieron allí, que aportaron con su muerte, con su lucha, a todo ese proceso”.

El relato de los tres sobrevivientes –luego asesinados o desaparecidos por la dictadura genocida– fue la denuncia que 50 años después hizo que Bravo empezara a pagar por sus crímenes, incluso más allá de las fronteras argentinas.