Durante el mes de febrero, la Justicia cordobesa sentirá un profundo cimbronazo: las espadas que el gobernador Martín Llaryora impulsó para darle un giro a la Justicia cordobesas desembarcarán en el Tribunal Superior de Justicia y en el Ministerio Publico Fiscal, los organismo que conducen el Poder Judicial, con un presupuesto de 610 mil millones de pesos para este año.
Llaryora aprovechó los últimos días de diciembre para meter el bisturí en la Justicia: su funcionaria Jessica Valentini (Oficial Mayor de la Municipalidad, algo así como un escribana general) fue reasignada vocal del Tribunal Superior de Justicia y el abogado penalista Alejandro Pérez Moreno, de estrecha confianza del gobernador, fue designado fiscal General Adjunto de la Provincia. Ambos cumplieron con los requisitos constitucionales y fueron avalados por la Legislatura.
Ambos deberán enfrentar sendas internas para hacer realidad las órdenes de Llaryora: poner en marcha el plan de territorialidad, un esquema que busca que fiscales y jueces estén en la calle, pero que también requerirá más cargos. En paralelo, Llaryora analiza crear un tribunal de casación penal para limitar el poder del Tribunal Superior de Justicia, que en Córdoba interviene como tribunal de alzada.
Las batallas que les esperan a los nuevos funcionarios propuestos por Llaryora serán cruzadas: hacia dentro del Tribunal Superior y de la Fiscalía General, respectivamente; aunque con recelos expuestos entre ambos organismos ante la tensión que genera el plan de territorialidad que reclama el gobernador.
Llaryora ahora propone crear una Cámara de Casación en otro límite a la Corte provincial
El penalista Pérez Moreno deberá compartir funciones con el delasotista Héctor David, con el schiarettista José Gómez Demmel y con Bettina Croppi, la única con carrera judicial e impulsada por Alejandra Vigo. Los cuatro tienen sus sillas a perpetuidad. En cambio, el jefe de los fiscales, Juan Manuel Delgado, debe retirarse por ley el año próximo. Delgado fue sentado allí por Juan Schiaretti. Así, antes de que finalice su mandato, Llaryora podrá dejar al fiscal general que liderará el Ministerio Pública Fiscal hasta 2031. La interna en el Ministerio Público es, entonces, expuesta.
En el Tribunal Superior de Justicia se sentará Jessica Valentini. De pasado alfonsinista -militó con Carlos Becerra, uno de los fundadores de la Coordinadora, miembro del gabinete de Alfonín y jefe de la Side con De la Rúa-, se reconvirtió en llaryorista con la llegada de su «primo segundo» a la Municipalidad de Córdoba. Ella misma reconoció que el parentesco es en sexto grado, y aunque ambos se criaron en la misma ciudad (San Francisco) no compartieron ni una Navidad.
Jessica Valentini
Con Valentini, el peronismo sostiene la tradición de nombrar a un exfuncionario político en lo alto del Tribunal Superior de Justicia. La interna que le espera, en su caso, tiene bemoles con la que atraviesa el MInisterio Público Fiscal.
El presidente de la Corte cordobesa es el schiarettista Luis Angulo, exministro de Justicia con Schiaretti, a quien acompaña en gestiones desde que la intervención federal en Santiago del Estero, a mediados de los 90. Libra una disputa sorda con Sebastián López Peña, el vocal más joven del Tribunal Superior, designado por José Manuel de la Sota. López Peña no votó a Angulo como titular del máximo organismo judicial. Otra vez, la interna es sincera. Cerca de López Peña dicen que la batalla no es ideológica, sino funcional.
En el Gobierno rechazan que los funcionarios designados en la conducción del Poder Judicial vayan a tener injerencia en la Justicia provincial. «Por un lado, sería extraño que un gobernador, en cumplimiento de las facultades constitucionales, proponga a desconocidos. Se trata de cargos con responsabilidad en la administración, mientras que el resto del Poder Judicial, por una reforma que hizo el peronismo, son por concurso de antecedentes y con intervención del del Consejo de la Magistratura», remarcan en El Panal.
Con cárceles abarrotadas y una fuerte presión social por la inseguridad, la Justicia cordobesa atravesará en medio de estas tensiones su primer año con una pata «llaryorista» en su conducción. El fin último de aplicar el plan de territorialidad es aminorar la «sensación de inseguridad», que sigue siendo un vector de demanda para los cordobeses. En el Gobierno entienden que parte de esa «sensación» de es responsabilidad del Poder Judicial y cierta inoperatividad.
Un último apunte en este escenario. En Córdoba no rige el límite de 75 años para los integrantes del Tribunal Superior, como sí ocurre en la Corte Suprema de Justicia. No es un dato anecdótico: Angulo cumplirá este año 75, y Luis Rubio, otro vocal del TSJ, ya cruzó ese límite. ¿Irá el llaryorismo por esas dos sillas? En el Gobierno aseguran que eso está descartado. Habrá que esperar.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com