No fue solo la dirigencia nacional la que salió a respaldar a Cristina Kirchner tras la condena en la denominada causa Vialidad, sino que numerosos mandatarios y exmandatarios de América Latina le expresaron su solidaridad. La vicepresidenta recibió el apoyo de líderes de la región, como el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; el jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador; de Bolivia, Luis Arce; y de Honduras, Xiomara Castro; y del exmandatario boliviano Evo Morales. También enviaron mensajes de acompañamiento el Grupo de Pueblo y los embajadores argentinos en el exterior. Rechazaron en forma unánime el fallo y denunciaron que forma parte de la «persecución política» que existe en la región.
«Mi solidaridad con la vicepresidenta de la Argentina. Vi su declaración de que es víctima del lawfare, y en Brasil sabemos bien cuánto daño puede causar esta práctica a la democracia», tuiteó el presidente brasileño. «No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo», publicó, mientras tanto, el mandatario mexicano, López Obrador. «Se busca proscribirla de la vida política con una sentencia injusta», sumó Arce. Coincidió con su antecesor –Evo Morales–, quien repudió «el golpe judicial y amañado que intenta truncar los derechos políticos» de la vicepresidenta. «Después de fallar en su intento de asesinarla, hoy tratan de eliminarla políticamente», sentenció. «La verdad prevalecerá y la voluntad del pueblo argentino que te respalda. Fuerza Cristina», completó Xiomara Castro.
En la misma línea, el Grupo de Puebla se solidarizó con CFK y aseguró que se enmarca en la «guerra jurídica que se ha venido desarrollando en la región contra dirigentes progresistas». «En este, como en los otros casos, también se han desconocido los derechos de la Vicepresidenta al debido proceso, el buen nombre y la posibilidad de representar a su pueblo en unas elecciones libres. Inclusive se ha intentado atentar contra su vida hasta eliminarla físicamente», indicaron en un documento. «El Grupo de Puebla llama a los organismos internacionales de derechos humanos a vigilar el desarrollo de este proceso en sus nuevas etapas procesales e invita al pueblo argentino y a sus fuerzas progresistas a responder estos ataques de manera unificada y pacífica», concluyó.
Por último, embajadores argentinos también manifestaron su «más enérgico repudio» a lo que calificaron como una «arbitraria condena» contra la vicepresidenta. «Los sectores de intereses concentrados se han expresado de manera brutal directa contra un proyecto político y buscan impugnar la esperanza de gobernar para los que menos tienen», sostuvieron los representantes diplomáticos en un comunicado de prensa.
Tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los embajadores manifestaron su «más enérgico repudio» por este «injusto» fallo y advirtieron que se trata del «capítulo más oscuro de la persecución judicial y mediática que sufre la Vicepresidenta». «Las intenciones son proscribir su figura, disciplinar a la clase política e invalidar el proyecto que representa», añadieron. Así, lamentaron que «una parte del poder judicial se encuentre corrompida y se vea implicada en un proceso de degradación institucional que, con acciones mafiosas, perjudica gravemente la democracia del país».
Algunos de los firmantes fueron los embajadores Ariel Basteiro (Bolivia), Rafael Bielsa (Chile), Daniel Capitanich (Nicaragua), Roberto M. Carlés (Italia), Gustavo Dzugala (Colombia), Gabriel Fuks (Ecuador), Luis Alfredo Ilarregui (Cuba), Alberto Iribarne (Uruguay), Oscar Laborde (Venezuela), Marcela Losardo (Unesco), Domingo Peppo (Paraguay), Carlos Raimundi (OEA), Daniel Scioli (Brasil), María Fernanda Silva (Santa Sede), María del Carmen Squeff (Naciones Unidas), Carlos Tomada (México), Enrique Vaca Narvaja (Perú), Sabino Vaca Narvaja (China), Eduardo Zuain (Rusia) y la presidenta de la Aciah, Sabina Frederic.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/505807-lideres-latinoamericanos-denunciaron-persecucion-politica-co