La Fiscalía consideró probada la responsabilidad del comisario retirado Roberto Álvarez en el secuestro y los tormentos aplicados a la sobreviviente Aixa Bona durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Así, solicitó al Tribunal Oral Federal 4 de San Martín que lo condene a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, pérdida del cargo y estado policial. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría bonaerense del área también pidieron condenas para el acusado. Álvarez se desempeñó en la Federal y en su área de Inteligencia.
Aixa Bona permaneció encerrada en la Delegación de San Martín durante una semana entre agosto y septiembre de 1980. Hasta ahí fue trasladada desde Campo de Mayo en un auto manejado por un hombre que no logró identificar y otro que sí: Roberto Álvarez, quien le quitó la capucha, le charló, la corrigió cuando ella dijo que había sido secuestrada –»Usted está detenida a disposición de la fuerza»–y le informó que sería “legalizada”. Por esos hechos, la fiscal Gabriela Sosti solicitó que el acusado fuera condenado. Para la SDHN, que también pidió inhabilitación y la baja del estado policial, la pena correspondiente son 20 años. La subsecretaría bonaerense coincidió.
El foco puesto en la Inteligencia
Basada en los testimonios de Aixa y de su hermana Eloísa, quienes ubicaron a Álvarez en el lugar de los hechos, pero sobre todo en un análisis exhaustivo de su legajo policial, la fiscal Sosti concluyó que el acusado «tuvo pleno conocimiento y voluntad de los delitos” por los que llegó al juicio público que comenzó hace poco menos de un mes. «Eso no tiene discusión», remarcó a poco del cierre del alegato que se extendió durante la primera parte de la audiencia.
La introducción partió de una resumida descripción del plan sistemático desplegado durante la dictadura y sus orígenes –”oligárquicos”, “antiperonistas”, cuyo objetivo “principal fueron los trabajadores”– a las fuerzas armadas, el Ejército, su estructura de Inteligencia, la subordinación de las fuerzas policiales y, en especial, la Federal. Allí revistió Álvarez, el acusado.
Con citas a la sentencia emitida por el mismo tribunal al cabo del primer juicio por los crímenes contra la Contraofensiva de Montoneros, documentos del Ejército y pasajes del testimonio que en el debate en curso ofreció Claudia Bellingeri, que desde la Comisión Provincial por la Memoria indagó en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA), Sosti describió que durante la dictadura, la Federal pasó a depender del Ejército para perseguir «subversivos» en operativos y también desde tareas de Inteligencia.
«Ejército y Policía eran una orquesta afinada», apuntó. Sostuvo que «integrantes de la Federal dieron su presente en cada centro clandestino del país» y mencionó a varios de ellos condenados en diversos juicios de lesa humanidad, con especial hincapié en la estructura de la Superintendencia de Seguridad Federal –conocida como “coordinación Federal” en el mapa de centros clandestinos dictatoriales–, con sus direcciones generales de Interior e Inteligencia respectivamente, y su Cuerpo de Informaciones, de la que Álvarez formó parte. «La Policía Federal fue un brazo armado de la Inteligencia del Ejército», definió Sosti.
Un recorrido “sobresaliente”
Para el momento de los hechos –el traslado de Bona desde Campo de Mayo hacia la Delegación de la Federal en San Martín– Álvarez era comisario a cargo de esa dependencia. Según citó la fiscal del testimonio de Bellingeri, «las delegaciones de la Federal (en el Conurbano) tenían funciones de Inteligencia y de operar a partir de la inteligencia hecha».
Pero su recorrido en los años previos fueron fundamentales, según indicó la fiscal, para “recoger experiencia” en actividades de Inteligencia sobre la “subversión”, calificativo que Sosti tomó de las fuerzas genocidas. Surge del registro de su recorrido por la Federal que Álvarez fue calificado por jefes de Inteligencia que resultaron condenados por crímenes de lesa humanidad y, a su vez, calificó él mismo a efectivos que llevaron a cabo acciones de Inteligencia antes y durante la dictadura.
Su legajo policial indica que fue principal y subcomisario entre 1972 y 1975 en la Dirección General de Interior de la Superintendencia de Seguridad Federal. “Lo calificaba entonces Raúl González –condenado en ABO”, indicó la fiscal. Por la jerarquía del cargo que ocupó entre enero de 1975 y enero de 1977, en marzo de 2020 Álvarez fue procesado por su participación en la privación de la libertad de 40 personas en la persecución y represión desplegada contra trabajadores, militantes gremiales y vecinos del cordón metalúrgico de Villa Constitución, en Santa Fe. El juicio, que tiene como acusados a otros 20 policías y militares retirados, también tiene imputados a exdirectivos de la empresa Acindar y aguarda hace más de un año fecha de comienzo.
“Sus calificaciones no bajan de 10 sobresaliente. Se lo señala como ‘apto para el cargo y los ascensos’”, añadió Sosti. A partir de 1976, el destino de Álvarez fue la Dirección General de Inteligencia. El comisario Juan Carlos Lapuyole, condenado a perpetua por la Masacre de Fátima, destacó en sus evaluaciones los “conocimientos” que Álvarez “tiene para la función” de Inteligencia y su eficacia en el accionar. Entre el 78 y el 79 su destino fue el Departamento de Contrainteligencia. Allí, las evaluaciones provinieron del propio coronel del Ejército Alejandro Arias Duval, entonces jefe de la Superintendencia.
Sosti también citó como documento probatorio otro legajo: el de Conrado Roger Salto, un auxiliar de Inteligencia cuyo destino entre 1975 y 1976 fue el Cuerpo de Informaciones de Coordinación Federal. “Salto era un operativo”, marcó la fiscal, y si bien no fue imputado por crímenes durante la dictadura «sin duda tuvo intervención directa en el genocidio como la totalidad de los integrantes del Cuerpo”, suscribió. Pues bien: a Salto lo calificó Álvarez “desde el corazón de la inteligencia de la Federal”, completó.
“Por todo esto, Álvarez sabía qué función cumpliría en la Delegación de San Martín: integrar junto al aparato de inteligencia del Ejército y el restos de las fuerzas a su cargo centrado en Campo de Mayo”, con lo cual, por esa misma integración “tenía conocimiento sobre la existencia de personas secuestradas en Campo de Mayo, sus condiciones y cuál sería su destino. No fue ajeno”, completó Sosti.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/548198-lesa-humanidad-pedido-de-condena-para-un-experto-en-intelige